Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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Lo reitero: la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de leyes, ni de fiscalías anticorrupción, sino de voluntad. Sí, de voluntad política.

A juzgar por la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el grupo parlamentario del PRI, en Puebla no hay voluntad, al menos del partido gobernante y sus autoridades, por transparentar el ejercicio de gobierno.

Como no la ha habido para agilizar la remoción del deslegitimado –¿e ilegal?– presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo; para acatar lo que hoy establece la normatividad vigente en materia de adquisiciones y obra pública; para adoptar el sistema Infomex, como lo están haciendo la mayoría de los estados, o para responder sin ambigüedades o subterfugios las solicitudes de información que se hacen a los entes sujetos de la Ley de Transparencia.

La iniciativa del PRI no sólo se limita a cumplir de manera muy apretada con la reforma al artículo 6° constitucional, sino que incluye “candados” que constituyen un retroceso, una contrareforma.

Para muestra un botón.

En la reforma al artículo 6° constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se estableció que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Sin embargo, en la iniciativa priísta la posibilidad del uso de sistemas remotos queda cancelada, pues en Puebla el recurso de revisión, ante una negativa de información, tiene que ser ratificado personalmente por el promovente, lo que viola el espíritu de la reforma constitucional.

Y ya ni hablar de la acotada figura de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que sigue como un órgano auxiliar del Ejecutivo, y sin facultades para sancionar a los sujetos obligados que se nieguen, con razón o sin razón, a entregar la información pública, y subrayo lo pública, que se les requiera.

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