Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Hoy finalmente se aprobarán las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia.

A juzgar por el dictamen que ayer aprobaron sólo los diputados priístas, en la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Transparencia, son pocos los avances que tendrá nueva legislación en comparación con la vigente.

Los legisladores priístas rechazaron dotar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) de autonomía constitucional.  Lo único que aceptaron fue quitarle eso de órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del estado.

A diferencia de lo que ocurre en otras entidades federativas, con legislaciones más progresistas en la materia, en Puebla no habrá un sólo órgano encargado de hacer efectiva la transparencia y la rendición de cuentas, sino alrededor de 200.

La CAIP será el órgano del Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial tendrán sus órganos análogos, y lo mismo ocurrirá con los ayuntamientos y con los demás sujetos obligados, entre los que por cierto no estarán los partidos políticos, las universidades públicas y los fideicomisos en los que participe el gobierno.

Cabe destacar que esto último contraviene el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado, que al momento de aprobar las reformas al artículo 6° constitucional recomendaron la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal, para evitar la perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia.

En Puebla habrá más de 200 autoridades o comisiones de transparencia, una por cada poder, una por cada ayuntamiento con población superior a 70 mil habitantes, y una más por cada sujeto obligado.

La Ley de Transparencia no incluirá sanciones a los funcionarios que nieguen, oculten e escamoteen la información pública que se les requiera, y tampoco la obligación de que los funcionarios acrediten el supuesto daño que causaría la difusión de una información que ellos clasifiquen como restringida o reservada.

En suma: Puebla seguirá sumida en la opacidad gracias a los diputados del PRI.

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El próximo lunes e-consulta publicará, en una edición especial, el ranking de las mejores universidades de Puebla.

Se trata de una investigación efectuada por el equipo de Consultoría Contracorriente, en la que fueron consideradas las 219 instituciones de educación superior que existen en la entidad.

No está de más apuntar que ésta es la primera investigación estatal en la materia, para un medio de comunicación.

Hasta hoy, la calidad de las universidades poblanas se había medido por su inserción dentro de rankings nacionales o por criterios basados en cuestiones no académicas, como encuestas a población abierta (basadas en la percepción del entrevistado), cuestionarios a empresarios y directivos de bolsas de trabajo o en evaluaciones de carácter administrativo, como las certificaciones ISO-9000.

La evaluación de Consultoría Contracorriente se hizo a partir de nueve indicadores, entre ellos el número de programas de licenciatura y posgrado de calidad, certificados por CIEES, COPAES o Conacyt; el número y nivel de sus investigadores pertenecientes al SNI; su porcentaje de titulados y egresados; sus convenios internacionales, y su inserción y aceptación en el mercado laboral.

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Será hasta el 1 de septiembre cuando se publique la convocatoria para la elección de director en cuatro unidades académicas de la Universidad Autonóma de Puebla: Ciencias Físico-Matemáticas, la facultad de Lenguas, la facultad de Ingeniería Química y la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco.

Hasta ahora hay más o menos consenso para que Cupatitzio Ramírez Romero repita como director en Físico Matemáticas, y que lo mismo suceda con Santiago Aguilar Márquez en la facultad de Lenguas.

En el caso de Ingeniería Química, lo más probable es que el candidato de unidad sea Óscar Arroyo Porras, aunque el puesto también lo quiere el ex director Elías Jiménez Salgado.

Donde aún no hay consenso para sacar un candidato de unidad es en la preparatoria Simón Bolívar, aunque Rubén Romero es el que se perfila con mayores posibilidades.

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