Inculpados y exculpados
El presidente municipal de San Martín Texmelucan, el priísta Carlos Sánchez Romero, está por enfrentar un nuevo conflicto con algunos de sus aliados en las pasadas elecciones: los pastores y ministros de la Iglesia Bautista Horeb.
Resulta que uno de los ministros de esta agrupación religiosa, Gustavo Torres Rodríguez, fue despedido por la Sindicatura tras las acusaciones de extorsión que le presentaron tres empleados del área de Servicios Públicos, instigados por Jorge Hernández Loyola, exdirector de Administración, quien los metió a trabajar en el ayuntamiento durante la pasada gestión.
Hernández Loyola se encuentra molesto con su anterior subordinado, el ministro de la Iglesia Bautista, porque éste se negó a elaborar, a destiempo y a escondidas, una nómina por un importe cercano a los 600 mil pesos que Noé Peñaloza Hernández, junto con sus regidores y funcionarios de primer nivel, se pagaron el 10 u 11 de febrero.
Vía telefónica, Jorge Hernández Loyola le llamó a Torres Rodríguez, por ahí del veintitantos de febrero, pidiéndole que procesara una nómina y le filtrara información y datos sobre los funcionarios recién llegados al Departamento de Recursos Humanos, la Dirección de Administración y la Tesorería del ayuntamiento de San Martín.
Gustavo Torres se negó a hacerlo y reportó el hecho a su nueva jefa, Lyssette Castellanos Márquez.
Furioso por lo que consideró una traición, el exdirector de Administración recurrió a tres hermanos que aún laboran en el ayuntamiento y que fueron contratados por él —Armando, Carlos y Carmelo Rodríguez Álvarez— para que lo acusaran de extorsión ante la Sindicatura del ayuntamiento.
Según la versión de estos empleados, el exjefe de Recursos Humanos se quedaba con una parte de su sueldo y les hacía firmar por una cantidad superior a la que en realidad cobraban.
Gustavo Torres fue requerido por la Contraloría Municipal, a cargo de Saúl Rivera Romero, y se le planteó que, si en ese momento no presentaba su renuncia, sería objeto de un proceso administrativo. Éste, por supuesto, se negó y quiso aclarar los hechos, pero la decisión ya estaba tomada.
Hoy, Gustavo Torres ya no labora en el ayuntamiento de San Martín y el único camino que le dejaron, en aras de salvar su nombre y reputación, es la Iglesia Bautista a la que pertenece y que ya intercede por él ante el munícipe priísta Carlos Sánchez Romero.
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El escándalo de las más de 30 preliberaciones irregulares e ilegales que la Dirección de Ejecución de Sentencias obsequió a igual número de sentenciados por delitos graves, al final del sexenio marinista, podría alcanzar a otros funcionarios y jueces del Poder Judicial que se habrían prestado a esa transa.
Un hecho que llama atención a los funcionarios del nuevo gobierno que ya investigan esas preliberaciones —avaladas por el entonces secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, y el entonces director de Ejecución de Sentencias, Indalecio Cuesta Torres—, es que los expedientes de los reos que obtuvieron ese beneficio de la Ley de Sanciones Privativas de la Libertad no aparecen por ningún lado.
¿Por qué será?
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Simón dice:
“Lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible.”
Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.
