Mucha pus arroja la adjudicación de contratos en la SEP y el Instituto de Educación Digital
Rodolfo Ruiz R.
La asignación de unos 60 contratos por más de 130 millones de pesos a firmas que se prestaban a simular servicios de capacitación y consultoría a la SEP y otros organismos públicos descentralizados del sector educativo podría ser la punta del iceberg de un peculado de mayores proporciones.
¿Por qué?
Porque de entrada se trata de capacitaciones y servicios que no solo se pagaron muy generosamente sin efectuarse, sino porque varias de las firmas contratadas no existen o ya desaparecieron, o son empresas de fachada, es decir, que sólo existen en el papel o fueron creadas con el inequívoco propósito de ser favorecidas con adjudicaciones directas o licitaciones en las que de antemano se sabía que serían ganadoras.
Pero también porque las mismas no sólo obtuvieron millonarios contratos de la SEP y el Instituto de Educación Digital del estado, sino en otras dependencias y organismos como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura.
Otro detalle que arrojan las primeras investigaciones periodísticas es que algunos de los despachos beneficiados con millonarios contratos son parte de un pool de empresas —con diferentes giros y razones sociales— dirigidas por una misma persona o sociedad.
Domicilios inexistentes, casas vacías o abandonadas
De las empresas favorecidas por el Instituto de Educación Digital para desviar recursos públicos, so pretexto de cursos o capacitaciones en distintos tópicos educativos, destaca BMG ALLIANZ S de RL de CV, a la cual se le adjudicaron 14 contratos por 28.24 millones de pesos (mdp).
Esta firma que tiene como representante a Bruno García López, tiene por domicilio una humilde casa habitación de la colonia Héroes de Puebla, cuyos moradores nada saben de asesorías o materiales educativos suministrados para la certificación o la enseñanza del idioma inglés.
La firma Ih Consulting México SC, beneficiada con 8.95 mdp, reporto un domicilio en Itzimina, Yucatán, que en realidad es una clínica.
Lo mismo sucede con la empresa NWA del Centro S de RL de CV, cuyo domicilio fiscal en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, un miserable local de reproductores de venado, contrasta con los 7.10 mdp que le pagaron entre julio y agosto del año pasado por seis diferentes contratos.
La Consultoría Asiana S de RL de CV, que obtuvo contratos por adjudicación directa por 6.79 mdp, dio por domicilio una casa que actualmente se encuentra en construcción en la colonia Arboledas de Guadalupe. En los contratos la empresa aparece con dirección en la Calle Magno 16, sin embargo el nombre correcto de la calle es Mango.
Metabor SA de CV, que «ganó» cuatro contratos por un monto global de 6.01 mdp, reporta su domicilio en la Calle 123 A Poniente 705, dirección de la colonia Guadalupe Hidalgo que corresponde a una modesta casa habitación.
Lo mismo sucede con Asesores Bralgi S de RL de CV, a la que le adjudicaron dos contratos por 5.97 mdp. El domicilio con el que figura en los contratos que suscribió con el Instituto de Educación Digital, en la Avenida Juárez de esta ciudad, simplemente no existe.
Extrañas coincidencias de pool de empresas
En la investigación realizada por e-consulta saltó un dato: tres de las firmas con millonarios contratos adjudicados por el Instituto de Educación Digital —a cargo de Miguel Ángel Pérez Maldonado— tienen el mismo correo electrónico de otras constructoras favorecidas con obra pública por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura.
También tienen el mismo teléfono de contacto y dos la misma dirección.
El correo que unifica a los tres despachos y a las tres constructoras es corporativobpj@hotmail.com
Las constructoras son Obra Materiales y Equipo NARA S de RL de CV, CLANEDBER SA de CV y Bosques Constructora, Arrendadora e Inmobiliaria SA de CV. Y los despachos NWA del Centro S de RL de CV, BMG ALLIANZ, S de RL de CV y Asesores Bralgi S de RL de CV.
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Otros dos asuntos de los que mañana le daré cuenta con mayor amplitud son una entrega triangulada de recursos por 86.2 mdp de la SEP al Instituto de Educación Digital para compras y contrataciones irregulares, tema que ya había adelantado La Jornada de Oriente, y el pago de aviadores, es decir, de personas que ganan un sueldo en la SEP sin trabajar en ella, pero que formalmente son comisionados sindicales, entre ellos Roberto Carlos Díaz y Beatriz Fuentes Peregrina.
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