No a la figura del daño moral, por vaga y confusa

Siendo realistas, la iniciativa de Moreno Valle me parece que no ataca el problema de fondo.

Hasta donde conozco, en Puebla no hay un solo periodista que haya sido enviado a la cárcel por incurrir en calumnias y difamación. En cambio, sí se de varios personajes que se dicen periodistas y recurren al chantaje y la calumnia para destruir honras u obtener prebendas ilegales o ilegítimas al amparo de la libertad de expresión, y que jamás han sido sancionados por autoridad alguna.

Lo anterior no significa que esté en contra de que los delitos de calumnias y difamación desaparezcan del código penal para convertirse ahora en delitos del orden civil bajo la figura de daño moral, o que esté en contra de que los periodistas o las empresas editoriales que en abuso de la libertad de expresión dañan el prestigio, honor y reputación de personas, empresas e instituciones puedan ser castigados y obligados a reparar el daño mediante una indemnización en dinero.

No, para nada.

Lo que digo es que tales reformas y adiciones son insuficientes o podrían revertirse en detrimento de los propios periodistas si no van acompañadas de otras reformas y acciones en materia de derecho a la información.

En la práctica, la figura de daño moral está siendo utilizada por algunas empresas o particulares para amedrentar o acallar a ciertos medios o periodistas críticos de su labor, a los que amagan con juicios e indemnizaciones millonarias o extremas, so pretexto de que sus contratos o arreglos con ciertas instancias gubernamentales no son de interés público.

Ahí están por ejemplo los casos del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, Eduardo Huchim y Rubén Lara o de las revistas Proceso y Contralínea.

El concepto de daño moral que se pretende adicionar en el artículo 1958 del Código Civil del estado es tan genérico que cualquier personaje podría ahora sentirse agraviado por lo que diga o publique un periodista.

Juzgue si no: «Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, sus afectos, creencias, su honor, su decoro, su prestigio o reputación, sus aspectos físicos, vida privada, su libertad, o la consideración que de sí misma tienen los demás, sus secretos y en general cualesquiera otros aspectos relacionados con su privacidad».

Bajo este enunciado crímenes como los del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, o fechorías como las del exsecretario de Salud del estado, Alfredo Arango García, seguramente jamás se publicarían, pues no faltará quien considere que la reputación de uno y otro se manchó cuando se difundieron sus excesos, su doble moral y sus propiedades a nombre de sus hijos, amantes o parientes.

En todo caso sería mejor que el Congreso legislara sobre la protección al derecho a la intimidad, la vida privada, el honor y la propia imagen, y que dejara muy claro en qué circunstancias los periodistas tenemos derecho de investigar la vida privada de los funcionarios públicos ante la presunción de que los recursos públicos a su cargo son desviados a favor de amigos, socios y parientes.

Otras acciones que a la par deberían impulsarse son el establecimiento de multas y sanciones a los funcionarios que desacaten las resoluciones de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla, la aprobación de una ley de protección de datos personales y la obligatoriedad de que los gobiernos transparenten sus pautas y convenios de publicidad con los medios de comunicación que hoy son totalmente discrecionales.

 

EN CORTO

En el Congreso del estado persiste la disputa entre el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría y los diputados del Comité de Administración —presidido por el convergente José Juan Espinosa Torres— por el control de los recursos materiales y financieros de la LVIII Legislatura.

Después de que el Comité de Administración resolvió que no se adquirirían nuevas laptops o ipads para los legisladores entrantes, Aréchiga quiso concentrar y centralizar la asignación de vales de gasolina y la contratación de empresas proveedoras de bienes y prestadoras de servicios con la oposición de aquellos.

Y es que los diputados integrantes del Comité de Administración no quieren que haya dos empresas dedicadas al monitoreo de medios y elaboración de síntesis noticiosas —Media Solutions y MediaCom— sino una sola, y tampoco que los 170 mil pesos mensuales que el Congreso del estado gasta en vales de gasolina se distribuyan de manera discrecional en la Gran Comisión.

La intención del Comité de Administración es que la Gran Comisión se quede con 20 mil pesos en vales de gasolina, y que los 150 mil restantes se distribuyan de manera equitativa y proporcional entre las áreas operativas y las coordinaciones parlamentarias.

Otro frente de batalla entre Guillermo Aréchiga y algunos grupos parlamentarios es el nombramiento del director de Comunicación Social. El líder de la Gran Comisión quiere poner en esa posición a un profesor, y los diputados del PAN, PRD y Convergencia se inclinan por Sagrario Conde Valero o Martín Márquez Silva.

Sagrario Conde, por cierto, ya se acomodó en la administración pública estatal como enlace de la Dirección de Comunicación Social a la Secretaría de Finanzas y Administración.

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Simón dice:

«Los periodistas deben criticar, pero no azotar a nadie.»

Luis Herrero (1955-?) Periodista español.