Paola Cruz Castillo será inhabilitada y multada con medio millón de pesos
* JSM, sin apoyo de consejeros para iniciar controversia constitucional
* Despacho del DF ofrece apoyarlo con asesoría y cabildeo jurisdiccional
Entre algunos consejeros electorales es creciente la sospecha de que el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, está más interesado en hacer un negocio con un despacho jurídico de la ciudad de México, que en evitar un sustantivo recorte en el presupuesto de este organismo constitucionalmente autónomo.
La desconfianza y suspicacia de varios consejeros parte de la negativa del presidente del Instituto a convocarlos para discutir de manera colegiada cómo se ejerció y a qué rubros se aplicó, mes por mes y capítulo por capítulo, el presupuesto de este año y el de años anteriores.
Esta opacidad sobre el manejo y ejercicio de los recursos asignados a la operación del organismo es la principal causa que impide a Jorge Sánchez contar con el respaldo de sus compañeros en la controversia constitucional, y la que lleva a varios consejeros a desconfiar de los buenos oficios del presidente del IEE para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La inconformidad de Jorge Sánchez y algunos consejeros frente a la pretensión de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y del Congreso del estado de fijar en 33 millones de pesos el presupuesto del IEE para 2011 resulta bastante razonable, sobre todo si se considera que el Instituto solicitó 79 millones y que sólo la nómina del personal que actualmente labora en el organismo asciende a 40 millones de pesos.
Lo que en cambio no se entiende es la negativa del consejero presidente y del director administrativo del IEE, Francisco Rivera Morán, para que los consejeros y representantes partidistas conozcan con detalle los números del Instituto y propongan, con base en su experiencia y conocimientos, qué partidas presupuestales podrían ajustarse o de plano eliminarse, y en qué otras sería imposible hacerlo.
Tampoco se entiende por qué Jorge Sánchez nada les ha dicho sobre el Bufete Jurídico Nacional que quiere contratar para la controversia constitucional que promovería ante la SCJN en contra del Congreso del estado y la SFA.
Hasta ahora, todo lo que conocen del caso se limita a notas de prensa y a una carta que Daniel González Dávila les hizo llegar en días pasados a sus correos, ofreciendo los servicios jurídicos y de cabildeo jurisdiccional de su despacho, que presenta como resultado de la alianza entre Consultoría en Control Constitucional y los herederos colitigantes del Bufete Jurídico del extinto maestro emérito de la UNAM, Ignacio Burgoa Orihuela.
«Por este conducto, le manifiesto nuestro interés en constituirnos como delegados del Instituto Electoral del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fortalecer su posición ante el referido Tribunal, en atención a nuestra experiencia en la materia y a la infraestructura con la que contamos. Sabemos que usted dispone de un excelente equipo de abogados, pero el Derecho Procesal Constitucional es una disciplina extraordinariamente compleja que requiere de diaria actualización, además de que es indispensable que usted cuente con abogados de su confianza en la ciudad de México».
En su misiva, el presidente del Bufete Jurídico Nacional presume su experiencia y relaciones con varios ministros de la SCJN, así como contar con elementos suficientes para que el IEE gane la controversia, a pesar de que el máximo tribunal del país ya fincó precedentes que privan a los institutos electorales de la facultad de recurrir a esta instancia en la vía constitucional.
«En lo personal, mi experiencia como delegado presidencial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad durante el mandato del Dr. Ernesto Zedillo, así como mi gestión como Director General de Relaciones Internacionales de la propia Suprema Corte y años de experiencia en litigio constitucional, me dan la experiencia y cercanía con los señores ministros que requiere un eficaz posicionamiento del Instituto ante el máximo Tribunal del país para procurar el financiamiento que precisa».
La preocupación de varios consejeros es que este despacho, del que poco o nada saben más allá de la carta, vaya a ser contratado por el presidente del Instituto y que sus honorarios sean tan altos que al final de la controversia el organismo tenga que desembolsar varios millones que no estaban presupuestados para cubrir sus servicios, sin ninguna garantía de que la Suprema Corte de Justicia vaya a fallar a su favor.
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Sr. Rodolfo Ruiz
Periodista de Milenio Puebla
P r e s e n t e
Me refiero a su artículo del día de hoy, titulado «Paola Cruz Castillo será inhabilitada y multada con medio millón de pesos», publicado en Milenio Puebla (http://www.mpuebla.com/opinion.php?id=4166), en el cual hace referencia a nuestro ofrecimiento de servicios legales al Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Sobre el particular, debo comentarle en primer término que en ningún momento el Presidente del Instituto Electoral del Estado ha pretendido hacer ningún «negocio» con Bufete Jurídico Nacional. Nosotros nos limitamos a enviarle una propuesta de servicios en días pasados, por iniciativa unilateral, que hasta la fecha no ha recibido contestación alguna. Enviamos copia de dicha propuesta a los demás integrantes del Instituto, precisamente sabedores de que la decisión de contratar nuestros servicios habría de ser colegiada.
En segundo término, presento a usted mi más enérgica protesta por su modo tan cuestionable de ejercer el periodismo, pues pone usted en riesgo innecesario a terceros con sus reportajes. En efecto, usted asegura que nuestro despacho cobra «millones de pesos», sin tener el menor sustento para hacer esa aseveración, y lo que desde luego es absolutamente falso. Dentro del medio del contencioso constitucional mexicano, somos el despacho menos costoso del mercado, frente a los resultados obtenidos.
Lo único que consigue con sus aseveraciones temerarias, es poner en grave peligro a los integrantes de nuestra oficina, sobre todo ante las circunstancias de inseguridad que privan hoy en México. Desde que vivía el maestro Ignacio Burgoa, cuyo legado nos empeñamos en preservar, tenemos a la austeridad como uno de los valores que rigen nuestra vida personal y profesional.
De esta suerte, solicito a usted que, respetando nuestro derecho de réplica, publique íntegramente esta misiva en su columna.
Atentamente,
Lic. Daniel González Dávila
Presidente de Bufete Jurídico Nacional
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EN CORTO
Muy probablemente el próximo viernes 17 de los corrientes, la exencargada de la Dirección Administrativa del IEE, Verónica Paola Cruz Castillo, será sancionada por haber retardado durante cuatro meses la entrega del edificio de la 25 Oriente 3316, de la colonia Belisario Domínguez, que en el proceso electoral de 2007 fue utilizado como sede del organismo, lo que llevó al Instituto a perder un juicio con el propietario del inmueble, quien reclama la cantidad de 266 mil pesos por concepto de rentas.
En el borrador de resolución elaborado por la Contraloría Interna se propone que Cruz Castillo sea sancionada con su inhabilitación de servicio público por 5 años, y multada con 532 mil pesos, cantidad que representa el doble del daño causado al organismo.
Tal proyecto provocó que hace unos días el presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, y el contralor Paul Rodríguez Barragán, se enfrascaran en una discusión, ya que el primero consideró exageradas las sanciones y no quería que el borrador llegara a manos de los restantes ocho consejeros, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.
El expediente que contiene el procedimiento que se le inició a la exencargada de la Dirección Administrativa del IEE es el número 01/10, y en éste consta que el abogado que ella nombró como su defensor es René Lazard Acosta, quien asesoró al Partido Nueva Alianza y a la coalición Compromiso por Puebla en las pasadas elecciones.
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El rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, me manda a decir que no tiene previsto realizar cambios en su equipo de funcionarios y colaboradores de primer nivel, como aquí se dijo hace unos días.
También me adelanta que el miércoles de esta semana la máxima casa de estudios de la entidad recibirá de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal un nuevo reconocimiento por haber logrado acreditar ciento por ciento de las carreras profesionales que ofrece.
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De los diputados priístas integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del estado, que el próximo 14 de enero concluyen sus funciones, pocos serán los que logren trascender al próximo sexenio. Uno de estos seguramente será el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo Espinosa, quien se perfila como uno de los tiradores más serios a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI de la capital del estado, posición que también quiere el actual secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Juan de Dios Bravo Jiménez, con el apoyo de los marinistas y zavalistas.
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Simón dice:
«La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito.»
Cesare Beccaria (1738-1794) Literato, filósofo, jurista y economista italiano.
