CAIP, al diablo la transparencia y la rendición de cuentas
El politólogo y analista Sergio Aguayo Quezada, especialista en asuntos de derechos humanos y seguridad nacional publicó este miércoles en el periódico Reforma un muy interesante artículo sobre cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cree que controlando y reservando la información se resolverán los grandes problemas nacionales o, cuando menos, se mantendrán en la opacidad sus limitaciones y errores como gobernante.
Dicha reflexión es perfectamente aplicable al gobernador Rafael Moreno Valle, quien con la complicidad de los comisionados de la CAIP ha venido reservando —o mejor dicho ocultando— información que debería ser pública sobre obras, compras, contratos, proveedores y contratistas de la administración estatal.
Son tantos los documentos que los comisionados de la CAIP han clasificado como secretos, confidenciales o restringidos que esta Comisión, que tendría que ser la principal garante de la transparencia y la rendición de cuentas, mejor debería cambiar de nombre y de siglas para denominarse Comisión Aliada de la Impunidad, la Opacidad y la Corrupción (CAIOC).
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Entre los empleados de base que aún quedan en el Consejo Estatal para Cultura y las Artes de Puebla(CECAP) hay tal malestar que varios de estos han comenzado a documentar el trato privilegiado que tienen algunos empleados y funcionarios del organismo, recomendados por el ex titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, en contraste con los recursos que se canalizan a festivales y ferias de arte popular, al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) y a la Unidad Regional de Culturas Populares.
La intención es evidenciar cómo los allegados de Maldonado y su principal operador en el CECAP, el coordinador general de Divulgación y Desarrollo Cultural, José Octavio Ferrer Burgos, no sólo cobran los mejores sueldos, sino que se benefician de las mayores partidas presupuestales destinadas a viáticos, viajes y gastos de representación.
Entre ellos Jacinto Chacha Antele, director de Desarrollo Regional; Maribel Vázquez Chávez, directora de Museos; y María Teresa Cordero Arce, directora de Conservación Patrimonial.
Cómo la gestión de Moreno Valle prefiere gastarse dinero en licencias para la Casa de Música de Viena; en presentaciones de la Orquesta Esperanza Azteca, que se supone financia TV Azteca; y en honorarios de músicos y artistas de Europa y el extranjero.
Y cómo, en cambio, a los promotores de carnavales tradicionales, festivales étnicos o indígenas y exposiciones de arte popular se les regatean apoyos económicos que cubran sus traslados, alimentos y hospedaje cuando tienen que viajar para instalar alguna feria, tomar fotografías o documentar alguna actividad artística o cultural en municipios y comunidades alejadas de la capital.
Los empleados ya también comenzaron a documentar cuánto es lo que el gobierno del estado destina al Pacmyc y a la Unidad Regional de Culturas Populares y a comparar estas partidas con lo que otros gobiernos como los de Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz se gastan en este programa de apoyo, así como en el fomento y preservación del arte y las culturas populares.
El comparativo, nos adelantan, es vergonzoso para Puebla.
Habrá que esperarlo.
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El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria, debería investigar qué relación guarda uno de los abogados del jurídico de esta delegación, Mario Ramírez Blanco, con el despacho Blanco y Asociados que está haciendo su agosto con aquellos trabajadores que tienen meses o años tramitando su pensión.
De acuerdo con algunos abogados, la complicidad entre el funcionario del IMSS y el referido despacho es tan burda como el mecanismo que ambos siguen para aprovecharse de la burocracia del Instituto y la desesperación de decenas de trabajadores que después de meses de infructuosos trámites no logran pensionarse.
El caso es que cuando más hartos e impacientes están se aparece un abogado de Blanco y Asociados ofreciendo sus servicios y garantizándoles el pago inmediato de su pensión, pero a cambio del 40% de la misma.
Lo que por supuesto ocurre gracias a la complicidad que mantiene este despacho con algunos funcionarios del área de pensiones y jubilaciones de la Delegación del IMSS.
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