Preguntas para joder al prójimo

¿Qué artilugio legal inventarán los alcaldes electos y los funcionarios del gobierno del estado para justificar las ceremonias anticipadas de toma de posesión que se efectuarán el viernes 14 de febrero en varios municipios de la entidad, o para aquellas que se llevarán a cabo hasta el domingo 16 de febrero con la presencia del gobernador Rafael Moreno Valle?

La pregunta viene a cuento por lo que textualmente dice el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su fracción IV: “Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión sus integrantes, el día quince de febrero del año siguiente al de la elección”.

¿O es que las ceremonias del viernes 14 de febrero, como aquellas en la que rendirán protesta los alcaldes de Coronango, Hermelinda “Mely” Macoto Chapuli,  y de Tepeaca, David Huerta Ruiz, serán de mentiritas o, digámoslo con más propiedad, estrictamente simbólicas?

¿O con los alcaldes que rindan protesta hasta el domingo 16 de febrero, si el artículo 137 de la Constitución Política del Estado vigente explícitamente señala: “Nadie podrá entrar al desempeño de ningún cargo, empleo o comisión del Estado sin prestar previamente la protesta de cumplir, y en su caso de hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y reformas que de ambas emanen?”

¿Quién será la autoridad municipal responsable en los ayuntamientos de Ajalpan, San Gabriel Chilac, Xicotepec de Juárez y Huauchinango, si algo ocurre entre el primer minuto del sábado 15 de febrero y la hora en que sus alcaldes, regidores y síndicos rindan protesta el domingo 16 de febrero?

¿Quién llenará ese vacío legal, considerando que las nuevas autoridades no pueden desempeñar sus funciones hasta en tanto rindan protesta, y las autoridades salientes concluyen su gestión el último minuto del 14 de febrero?

Conste que son preguntas.

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Una iniciativa que de aprobarse hará aún más aburridas las sesiones del Congreso del estado y facilitará la tarea de los operadores parlamentarios, es la que este miércoles presentó el legislador del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, por la cual ningún diputado podrá presentar en asuntos generales un punto de acuerdo o iniciativa de ley que antes no se haya enlistado o adelantado a los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Esta regla, que ya opera en el Congreso de la Unión, sin duda le quitará el factor sorpresa a la oposición, ya que dará margen a la Junta de Gobierno de bajar los temas espinosos o congelar las iniciativas incómodas.

¿Quién dijo que esta Legislatura, la LIX, iba ser mejor que la anterior o, al menos, no tan subordinada como la que concluyó sus funciones el 14 de enero?

Sí, como no.

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