Escuelas incorporadas, bache en calidad educativa de la BUAP
¿Quién es el verdadero dueño del Instituto Ugalde de Tehuacán?
Carlos Moreno, el candidato a vencer en la Facultad de Derecho
Uno de los primeros retos que el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, deberá afrontar en materia de calidad son las escuelas incorporadas a la institución, que poco o nada han hecho por acreditar sus programas de licenciatura y postgrado.
De hecho, la Secretaría de Educación Pública federal ya había advertido al anterior rector, Enrique Agüera Ibáñez, sobre la urgencia de que sus incorporadas buscasen acreditarse por CIEES o COPAES si la BUAP quería mantenerse como una institución reconocida por su calidad educativa.
Porque al final, los egresados de centros educativos obtienen un título profesional emitido por la BUAP.
A sabiendas de ello, el Consejo de Docencia y la Vicerrectoría de Docencia aprobaron el 8 de julio de 2011 una “Estrategia para garantizar la calidad educativa de las escuelas incorporadas a la BUAP”, que fue avalada por unanimidad de votos, junto con el compromiso de que durante los próximos 10 años la máxima casa de estudios de la entidad no aceptaría nuevas incorporaciones ni otorgaría nuevos programas de licenciatura.
De las 15 escuelas de educación superior incorporadas a la BUAP, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla es el único que se ha preocupado por —y conseguido—acreditar algunos de sus programas; lo que no sucede con las 14 escuelas restantes, varias de las cuales son propiedad de ex rectores y ex funcionarios de la institución.
¿Cómo le hará el rector Esparza para lograr que estas escuelas se acrediten y ofrezcan programas de calidad reconocidos?
Si a nivel estatal la Secretaría de Educación Pública ya fijó un plazo a las instituciones privadas de educación superior para que sus programas de licenciatura se certifiquen y acrediten ante las comisiones y consejos reconocidos de cada área de conocimiento, so pena de que les sean cancelados los Revoes que les fueron otorgados, ¿a poco la BUAP se quedará atrás?
Otra cuestión que debe preocupar al rector Esparza es el amparo que promovieron instituciones de educación superior de Tehuacán en contra de la incorporación del Instituto Universitario Ugalde —la cual se otorgó a pesar de que la BUAP ya había decidido suspender nuevas incorporaciones y programas de licenciatura— y su autorización para abrir siete licenciaturas en Administración de Empresas, Administración Turística, Derecho, Contaduría Pública, Psicología, Gastronomía y Estomatología.
Dicho amparo podría proceder y dejar muy mal parada a la BUAP, no sólo porque, como ya se dijo, la incorporación del Instituto Ugalde fue posterior al acuerdo aprobado por el Consejo de Docencia, que de manera unánime lo votó, sino porque pondría en evidencia el tráfico de influencias detrás de este proceso cuando salgan a luz los nombres de las socias de esta escuela y sus vínculos familiares con exfuncionarios muy cercanos al exrector Enrique Agüera Ibáñez.
INTRAMUROS
De los cuatro candidatos a la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, el doctor Carlos Antonio Moreno Sánchez —quien tiene el apoyo del director saliente, Guillermo Nares Rodríguez—, se perfila como el favorito para ganar las elecciones del próximo 30 de octubre.
Los otros candidatos, que posiblemente sean propuestos —al igual que aquél— entre martes y miércoles ante la Comisión de Auscultación, son el maestro de Derecho Penal José Francisco Ávila Caso, el maestro en Derecho Laboral Fernando Javier Andraca Huerta y el maestro en Derecho Civil Pablo Portillo Castillo.
Carlos Moreno es hijo de un viejo universitario que fue director de Educación Física, allá por los años setenta durante los rectorados del químico Sergio Flores Suárez y el físico Luis Rivera Terrazas, y cuyos estudios, desde la preparatoria hasta el doctorado, los ha realizado en la BUAP. Es abogado litigante, asesor del Senado de la República y miembro del Consejo Consultivo del Instituto Belisario Domínguez.
En la Facultad de Derecho es percibido como el candidato de la continuidad de Guillermo Nares, dado el respaldo que tiene por parte de algunos de sus colaboradores más cercanos como César Bermúdez Oliver (a) “El Gallo” y Nicéforo Rodríguez Gaytán.
El principal candidato opositor en esa unidad es José Francisco Ávila, quien fue director de la Policía Ministerial y director de Investigaciones sobre crimen organizado de la PGJ durante el último tramo del sexenio marinista. Después de ese cargo, apareció como director de la Policía Municipal en Tepeaca. Su candidatura fue apoyada en su momento por el director de Atención y Gestión Universitaria, Damián Hernández Méndez. En redes sociales se le acusa de violador de derechos humanos.
Un segundo opositor es Fernando Javier Andraca, quien fue director del Trabajo en el sexenio del gobernador Manuel Bartllett. Ha sido profesor en la Facultad durante casi tres décadas y fue secretario Administrativo en la gestión del director Germán Molina Carrillo, allá por la década de los ochenta. Tiene alguna ascendencia sobre los profesores de mayor antigüedad en la Facultad.
Otro candidato que podría ser propuesto a la Comisión de Auscultación es el maestro Pablo Portillo Castillo, exdirector del Bufete Jurídico de la BUAP y extitular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
De acuerdo con fuentes confiables, el grupo político del director saliente de la Facultad de Derecho lleva las de ganar, pues tiene al 50% o más de los estudiantes y a 280 de los 330 profesores de esa unidad académica, una de las más grandes, si no es que la mayor, de la BUAP.
EN CORTO
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, tiene previsto renovar y constituir alrededor de 70 comités directivos municipales en igual número de municipios de la entidad, entre octubre y marzo del año entrante.
La meta no es pequeña, considerando que actualmente existen alrededor de 16 comités municipales de un total de 217 municipios.
Trascendió que, entre los comités municipales que serán renovados antes de que concluya el año, figura el de la capital del estado, encabezado por Gerardo Maldonado Balvanera, por lo que es probable que antes de que concluya octubre se emita la convocatoria para elegir, en asamblea municipal, al quien será el sucesor.
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Quien se menciona como posible director jurídico de Audi México, César Alejandro Yunes Zubirán, fue citado como testigo de descargo para justificar un quebranto de más de tres millones de pesos, en perjuicio de diversas empresas que tenían como asesor o representante legal al abogado Gustavo Iván Ayala Zavala, actualmente preso en el penal de San Miguel.
Trascendió que entre las empresas presuntamente defraudas por Gustavo Iván Ayala figuran algunas que pretenden ser proveedoras de la planta Audi México, que se construye en el municipio de San José Chiapa.
La comparecencia de César Alejandro Yunes está prevista para este miércoles, en el Juzgado Octavo de lo Penal, y fue solicitada por la defensa de Gustavo Iván Ayala en aras de lograr su liberación, luego de que el 18 de junio fuera recluido en el penal de San Miguel como presunto culpable del delito de abuso de autoridad.
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