¿Y los gobiernos y partidos cuándo?
No está mal que el gobierno busque crear un seguro de desempleo ni una pensión universal para mayores de 65 años, y tampoco una reforma hacendaria que elimine privilegios fiscales, tratos preferenciales hacia ciertos contribuyentes y grave las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores.
Lo que sí me parece injusto es la intención de la administración peñista y sus aliados del Pacto por México de que el llamado recargón fiscal tengamos que pagarlo la clase media con el IVA a colegiaturas, créditos hipotecarios, el pago de renta, la venta de casas y los pasajes de transporte terrestre foráneo; con un aumento en la tasa del ISR de 30 a 32 por ciento, y sin la posibilidad de deducir fiscalmente nuestros gastos más allá del equivalente a dos salarios mínimos.
Pero lo que sí me resulta terrible es la falta de solidaridad y compromiso de los gobiernos y partidos políticos con quienes nos veremos afectados con las nuevas leyes y disposiciones fiscales. No los veo con disposición de sacrificar sus privilegios y prebendas, ni dispuestos a salir de su zona de confort con la reforma hacendaria y otras que están en marcha en el Congreso de la Unión, o cocinándose en lo oscurito en el Pacto por México.
Ya que se habla de acabar con privilegios o regímenes de excepción, sería bueno que el secretario de Hacienda nos dijera cuándo, por fin, los funcionarios de los tres órdenes de gobierno van a pagar impuestos por la totalidad de sus ingresos y no sólo sobre sus sueldos y salarios, dejando libre de cualquier gravamen sus onerosas compensaciones, bonos y demás prestaciones.
O que los diputados y senadores explicarán hasta cuándo van a transparentar sus millonarias partidas presupuestales, que ellos mismos se aprueban y reparten de manera discrecional.
Y que los dirigentes de los partidos políticos nos informaran hasta cuándo seguirán siendo sujetos de excepción o hasta cuándo cumplirán a cabalidad la Ley de Transparencia.
Una asignatura pendiente del presidente Peña Nieto y la partidocracia mexicana es su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
¿Qué garantiza que los cuantiosos recursos que se prevén captar con la reforma hacendaria —estimados en 240 mil millones de pesos— de veras llegarán a los más pobres y necesitados, o se canalizarán a mayor inversión en infraestructura, solventar la reforma educativa con más y mejores escuelas de tiempo completo, y dinamizar la economía?
¿Quién vigilará que así sea? ¿Acaso la inexistente Comisión Nacional Anticorrupción o la Secretaría de la Gestión Pública (antes Contraloría), que en sus 30 años de existencia ha sido incapaz ya no de terminar con la corrupción y la impunidad de funcionarios y políticos, sino al menos de abatirlas?
La reforma hacendaria está lejos de ser lo que se esperaba. Se trata más bien de una gran miscelánea fiscal que pretende regresar a un esquema centralizado la recaudación y la administración de los impuestos, a efecto de que éstos se distribuyan conforme a los criterios de la Secretaría de Hacienda y no del Congreso ni de los gobernadores.
Un claro ejemplo es la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el gobierno federal pretende quitar a los estados el manejo y control del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con los cuales se cubren los sueldos y prestaciones de maestros, así como los estímulos por carrera magisterial, la nómina de los trabajadores de Salud y la compra de medicamentos.
En lugar de combatir la corrupción y los desvíos de gobernadores, y secretarios de educación y de salud de los estados —que han usado estos fondos para hacer pingües negocios, meter aviadores en la nómina o pagar operadores electorales—, la Federación pretende regresar al pasado, concentrándolos y centralizándolos, dando al traste con la descentralización educativa y la desconcentración operativa y administrativa de los servicios de educación y salud.
¿No le parece absurdo?
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