Pacto por México, sueño que podría terminar en pesadilla
Varias son las dudas que despierta el Pacto por México y que —por bien de los ilusionados mexicanos que vemos con simpatía tal iniciativa— sus firmantes deberían aclarar antes de que este sueño termine en pesadilla.
Mi incertidumbre, como la de otros sesudos especialistas que han comenzado a cuestionar las bases políticas y jurídicas de esta alianza, así como sus alcances en el mediano y largo plazo, nace del mal sabor de boca que han dejado acuerdos similares de los últimos dos sexenios, para no ir tan lejos.
La investigadora del CIDE y doctora en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Cambridge, María Amparo Casar, se refirió, en un estupendo ensayo titulado “¿Qué esperar del Pacto por México?”, por lo menos a tres. El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, firmado por todas las fuerzas políticas al inicio del gobierno foxista; el Pacto de Chapultepec o Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, impulsado por el sector privado en 2005; y el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito en 2008.
Aquí las impertinentes dudas:
¿Qué garantías existen de que los firmantes del nuevo Pacto cumplirán con los 95 compromisos que contiene si algunos de ellos, como el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, ni siquiera tuvo el respaldo de sus militantes y órganos partidistas para suscribirlo?
¿Por qué creer que el Pacto por México, a diferencia de otros acuerdos nacionales firmados incluso por los mismos actores, ahora sí se cumplirá cuando no contiene sanciones para quienes lo quebranten, transgredan o lo dejen en el olvido al fragor de las contiendas electorales?
¿Hasta cuándo el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto conservará el consenso que hoy tiene de los tres principales partidos políticos, materializado en el Consejo Rector del Pacto por México?
¿Aguantará el vendaval de las 14 elecciones locales que en 2013 se efectuarán en igual número de entidades de la República Mexicana?
¿Podrá Peña Nieto mantener su disposición de cogobernar con el PAN y el PRD, aun si sus opositores deciden coaligarse para derrotar al PRI en los 14 estados del país donde en julio del próximo año habrá comicios para presidentes municipales y diputados locales?
En la instrumentación de los 95 compromisos del Pacto por México, ¿qué pesará más: su gabinete de rudos y experimentados políticos, duchos en el arte de sumar voluntades, contener opositores y cooptar adversarios, o el endeble consenso que pueda surgir del Consejo Rector del Pacto?¿O la rúbrica de los disminuidos y cuestionados dirigentes del PAN y PRD?
¿Por qué el presidente le apuesta al consenso a toda costa, antes que a la construcción de mayorías en el Congreso de la Unión para sacar adelante sus reformas constitucionales y su programa de gobierno?
¿Por qué en lugar de pactar con el PAN una agenda compacta y precisa de reformas legales, que podrían concretarse en su primer año de gestión, el nuevo presidente optó por un largo catálogo de buenas intenciones y mejores propósitos que en un 66% depende de otros actores y el Poder Legislativo? ¿Acaso por una cuestión de imagen y legitimidad?
¿Si Peña Nieto se ofertó en campaña como un político eficaz y eficiente, por qué decidió compartirla conducción política del gobierno con sus opositores, a sabiendas que éstos no cargarán con ninguna responsabilidad en caso de que el Pacto fracase o naufrague?
¿Y si Jesús Zambrano —o Los Chuchos que representa— es echado de la dirigencia nacional del PRD, qué pasará con el Pacto? ¿Se mantendrá sólo con el PRI y el PAN? ¿Peña Nieto buscará el consenso o respaldo de otras fuerzas partidistas?
¿Por qué el gobierno peñista y los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD —que festejan con bombo y plantillo la iniciativa para reformar el artículo 3º constitucional para hacer obligatorias las evaluaciones de profesores como único mecanismo para la obtención de plazas y ascensos—congelaron desde hace un año en el Senado una reforma a la Ley General de Educación en la que ya se proponía la creación del Servicio Profesional Magisterial? ¿Por qué antes no y ahora sí?
¿Cuáles son o serán los incentivos que asegurarán que los firmantes del nuevo Pacto sí cumplirán con la palabra empeñada, aun a sabiendas que 19 de esos compromisos requieren de una reforma constitucional y que algunos dirigentes partidistas carecen del respaldo de la mayoría de sus diputados y senadores en el Congreso de la Unión?
Son preguntas, que conste.
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Simón dice:
«Cuando alguien dice estar de acuerdo, en principio, en hacer algo, quiere decir que no tiene la menor intención de hacerlo.»
Otto von Bismark (1815-1898) Político alemán.
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