Periodismo en Puebla: amenazas, retos y oportunidades
Gracias a todos los ponentes, organizadores y asistentes al foro “Periodismo Bajo Amenaza”, que este miércoles se efectuó en el Auditorio del Tec de Monterrey y que resultó todo un éxito, a juzgar por la concurrencia.
La verdad es que el foro cumplió con las expectativas, a pesar de la ausencia y las muy lamentables cancelaciones de última hora de Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, quien se rehusó a moderar la primera mesa, y de Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno.
Las ponencias y los temas que se abordaron no sólo fueron interesantes, sino muy pertinentes para la actual coyuntura, por lo que se difundirán (en texto y video) en el sitio www.periodismobajoamenza.com y se editarán en un libro de próxima aparición.
Aquí les comparto algunas líneas de mi intervención que, como el lector notará, son parte de una compilación de columnas publicadas en este blog.
Gobernar es comunicar
La relación del Estado mexicano con los medios de comunicación nunca ha sido fácil. Los sobresaltos y desencuentros a lo largo de la historia son frecuentes, y el caso poblano no es la excepción, sobre todo a partir del primer gobierno de alternancia en la entidad, que pronto olvidó sus promesas de campaña sobre pluralismo, tolerancia, diálogo y, desde luego, respeto por lo diferente.
Varias son las razones de esta falta de entendimiento entre el Estado y los comunicadores. Las principales, me parece, son la ausencia de reglas claras para el ejercicio de esta actividad y la incomprensión mutua que hay entre autoridades y medios de comunicación. Los gobiernos creen que los periodistas sólo deben llevar las “noticias” que éstos generan, pero sin cuestionarlas ni analizarlas; y los comunicadores están convencidos de que la libertad de expresión —como derecho fundamental— no tiene límites.
Ambos paradigmas son equivocados. Los medios de comunicación son eso: medios entre la sociedad y el Estado; y de ninguna manera órganos de propaganda política o gubernamental. Y la libertad de expresión sí tiene limitaciones, quizá vagas e imprecisas, pero restrictivas al fin: la vida privada, los derechos de terceros y aquellos dichos o hechos que puedan causar algún delito o la perturbación del orden público.
Por vida privada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende “aquella parte de la vida humana que se desarrolla a la vista de pocos o que constituye la vida personal y particular”.
A decir del jurista e investigador Miguel Carbonel, estas limitaciones y conceptos son tan ambiguos —y más por la ausencia de jurisprudencia o una legislación secundaria— que dan pie a interpretaciones arbitrarias y caprichosas por parte de las autoridades judiciales y administrativas.
Hasta aquí el contexto.
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Las explicaciones sobre el origen de la mala, por no decir pésima, relación entre el gobernador de Puebla y la prensa local son variadas. Sin embargo casi todas confluyen en un hecho: si Moreno Valle pudo ganar la gubernatura con la mayoría de los medios en contra, él y sus colaboradores creyeron que también podrían prescindir de ellos en el ejercicio de gobierno, olvidándose de aquella máxima que reza “gobernar es comunicar”.
El Ejecutivo estatal es un político que no comunica, sino que ordena qué, cómo y en dónde, en un afán de uniformar juicios, opiniones y acallar cualquier voz discordante, lo que contrasta con su oferta política de campaña.
Paradójicamente, el primer gobierno de alternancia en Puebla fue resultado de una inédita coalición entre partidos y fuerzas ideológicas históricamente antagónicas. Moreno Valle ascendió a la primera magistratura enarbolando las banderas del pluralismo, la tolerancia, el diálogo y, desde luego, el disenso y el respeto por la diferencia.
El sueño fue breve. La ley mordaza, el manejo discrecional de la Ley de transparencia, la distribución facciosa de la publicidad oficial, el desdén hacia las autoridades municipales y la ausencia de contrapesos de los otros poderes públicos, han configurado un régimen cerrado y premoderno, contrario a las esperanzas populares de transformación democrática.
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Otro factor que ha contribuido al deterioro de la relación gobierno-medios de comunicación es la falta de reglas en la asignación de publicidad oficial, problema que no es privativo del gobierno del estado de Puebla.
México gasta cinco veces más que Canadá en publicidad oficial, más del doble de Francia y Argentina, y casi el triple de España.
Hasta marzo de 2011, Felipe Calderón había ejercido 18 mil 834 millones de pesos en comunicación social, cantidad con la que se habrían construido 1,883 escuelas públicas.
Para publicitar su guerra contra el narco, el presidente Calderón había gastado, al primer trimestre del año pasado, 1,123 millones de pesos.
Sólo en 2010 se autorizaron 6,479 millones de pesos para publicidad oficial, cifra 288% mayor a la que se había presupuestado para ese año.
Estos excesos —que se multiplican en la mayoría de los gobiernos sin distingo partidista— son la constante en Puebla desde hace muchos años. Con Mario Marín y Melquiades Morales así sucedía también.
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En la gestión de Moreno Valle se sabe que el gobierno de Puebla gastó, durante 2011, a través de su Dirección de Comunicación Social, 180 millones de pesos; y que en 2012 prevé desembolsar una partida semejante.
Esta cifra es superior en 52 millones de pesos a la reportada oficialmente por Enrique Peña Nieto durante 2010, su último año de gestión como gobernador del estado de México, cuando ya estaba en plena precampaña para la presidencia de la República.
Para ningún observador en finanzas públicas con un mediano conocimiento de los convenios que firman los gobiernos con las televisoras o los periódicos nacionales, escapa que esta cantidad dista mucho, pero mucho, de la real.
En Puebla, por citar un ejemplo, sólo en convenios con Televisa y TV Azteca el gobierno estatal se gasta al año más de 60 millones de pesos, cantidad a la que habría añadir los contratos anuales pactados con otras empresas radiofónicas, editoriales y digitales de la capital del país (hasta por 15 millones de pesos a cada una).
Dicha cantidad resulta ridícula a la luz de lo que otros gobiernos estatales, con presupuestos más modestos, reportan en comunicación social. El gobierno de Chihuahua se gastó, en 2010, 320.6 millones de pesos; el de Morelos, 203.8 millones; el de Nayarit, 338.3 millones; y el de Yucatán, 222.7 millones. Y ninguno de esos gobernadores tuvo la cobertura publicitaria y el impacto mediático logrado por Moreno Valle en 2011 y ahora en 2012, con motivo su primer informe de actividades.
Para publicitar y difundir su primer informe como gobernador de Puebla, Moreno Valle gastó —según una solicitud de información pública— 42 millones 133 mil 400 pesos.
Esta cantidad puede resultar poca o mucha, dependiendo del cristal con que se mire, pero lo cierto es que representa más de lo que la administración estatal invertirá este año en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, en la Comisión de Vivienda o en cualquiera de las Universidades e Institutos tecnológicos o politécnicos del estado; equivale a 2.5 veces el presupuesto del Consejo de Ciencia y Tecnología, y a poco menos del doble del Instituto Poblano del Deporte.
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Lo peor de todo es que esta publicidad no se asigna con criterios de rentabilidad. Se emplea como un instrumento para premiar lealtades o castigar posiciones críticas.
Por extraño que parezca, no hay parámetros cuantitativos o cualitativos en los planes de medios que elaboran las oficinas de Comunicación Social, que valoren el impacto, penetración, influencia y peso social de cada medio de comunicación.
A diferencia de años anteriores, hoy existen varios instrumentos y empresas auditoras que permitirían a la autoridad medir la audiencia de cada medio y constatar si en realidad tienen los lectores, radioescuchas, televidentes y usuarios que presumen.
Esta práctica no es nueva en países como España, donde las mediciones contratadas a despachos especializados son costeadas por los propios medios en función de la rebanada de pastel que cada cual se lleve.
¿Por qué en Puebla no se hace este ejercicio, incluso con la colaboración y supervisión de los propios medios?
Esto, me parece, terminaría con la gran discrecionalidad que existe hoy en materia de contratación de medios, también con las componendas entre funcionarios y periodistas; y con las cláusulas no escritas en los convenios publicitarios, que distorsionan la comunicación social y convierten a los medios en instrumentos de propaganda al servicio del gobernante en turno.
Otro punto que ayudaría a construir una relación más sana entre medios y gobiernos es la creación de un padrón único de proveedores, en el que estén obligados a inscribirse todas las empresas que participen de los presupuestos de comunicación social y que permita acabar con la distribución de publicidad gubernamental entre varias firmas de un mismo dueño.
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En suma: mientras el manejo de la publicidad gubernamental siga siendo discrecional y los medios sigan viéndola como su principal —si no es que única— fuente de ingresos, la relación entre Estado y medios seguirá siendo insana y no habrá legislación que pueda garantizar un uso adecuado de la libertad de expresión.
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Ley que regula la comunicación gubernamental
Este jueves, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Juan Carlos Espina von Roehrich, presentará una iniciativa de decreto para crear la Ley que regula la comunicación gubernamental del estado libre y soberano de Puebla.
La iniciativa en cuestión pretende, entre otras cosas, regular y transparentar la contratación de publicidad oficial, fomentar la pluralidad, la equidad y terminar con la asignación discrecional o facciosa de la misma y su uso propagandístico o electorero.
En sus exposición de motivos el legislador panista sostiene que “la falta de una regulación clara y concreta en el Estado de Puebla atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial o gubernamental”.
La iniciativa consta de 58 artículos divididos en siete capítulos: disposiciones generales; de la transparencia, campañas de comunicación y contenidos; de las autoridades revisoras; del consejo consultivo; de la planeación, contratación, asignación y distribución; del padrón estatal de medios de comunicación; y de las responsabilidades y sanciones.
De entrada, el proyecto del diputado Juan Carlos Espina me parece positivo y saludable en aras de una nueva relación Estado-medios de comunicación. Sin embargo tengo mis serias dudas de que vaya a prosperar al seno de la Comisión de Gobernación y el Congreso del estado.
Ojalá me equivoque.
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La diputada Josefina Buxadé Castelán logró ya abrir las comparecencias de los 10 candidatos que se registraron para integrar la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP).
Su propuesta de que las sesiones y entrevistas a que serán sometidos los aspirantes —a ocupar el cargo que dejará vacante en diciembre Samuel Rangel Rodríguez— se abrieran a observadores ciudadanos, finalmente fue aceptada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LVIII Legislatura.
Las entrevistas de los candidatos ante los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del estado comenzarán la próxima semana, y en ellas podrán participar hasta 10 observadores ciudadanos.
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Simón dice:
Los periodistas deben criticar, pero no azotar a nadie.
Luis Herrero (1955-?) Periodista español.
