Las apariencias de la transparencia
La transparencia y la rendición de cuentas retratan fielmente el estilo de muchos de nuestros políticos con imagen de modernos, innovadores y demócratas, pero que en su ejercicio de gobierno mantienen comportamientos oscuros, patrimonialistas e intolerantes a la crítica.
Cuando están en campaña para obtener un cargo de elección popular o, una vez electos, a la espera de rendir protesta, suelen ofrecer reformas constitucionales o legales que doten de autonomía e independencia a los órganos garantes de la transparencia y fortalezcan sus facultades sobre los poderes y demás sujetos obligados.
Y en no pocos casos estos políticos, al asumir el poder, sólo cumplen en parte con la palabra empeñada, modificando la legislación en la materia con el apoyo de la ciudadanía, las instituciones académicas y las organizaciones especialistas en estos asuntos.
Así ocurrió en Puebla con el arribo del candidato opositor aliancista, Rafael Moreno Valle, al gobierno del estado; y algo parecido viene sucediendo con el priísta Enrique Peña Nieto en la víspera de su toma de posesión como presidente de la República.
Este último ya anticipó que su administración buscará fortalecer al IFAI, dotándolo de autonomía constitucional y nuevas atribuciones sobre los poderes Legislativo y Judicial, así como por encima de los gobiernos estatales y municipales, y crear una Comisión Nacional Anticorrupción con facultades para sancionar y consignar a funcionarios corruptos y particulares que actúen como corruptores o cómplices de aquellos.
Sin embargo, en la medida en que estas legislaciones modelo —sólo en el papel—comienzan a ser requeridas por los ciudadanos y periodistas, los problemas operativos y de funcionalidad de la rendición de cuentas atrofian el sistema y dan al traste con la cacareada transparencia.
A nivel estatal es recurrente que la Secretaría de Finanzas responda que a ella no le corresponde informar acerca de ciertos gastos o partidas presupuestales ejercidos por otras dependencias, o que la información solicitada no se encuentra digitalizada, por lo que tiene que ser consultada in situ, previa cita.
Lo primero es una excusa falaz, pues no hay gasto que no se reporte o sea autorizado por la Secretaría de Finanzas, amén de que entre sus funciones destacan las siguientes:
“Diseñar y proponer el establecimiento y operación del sistema presupuestal y de control del gasto público, integrando en éste los objetivos, metas, indicadores y actividades con los recursos presupuestales que requieran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
”Rendir cuentas del movimiento de fondos y solventar las observaciones de glosa, que formule la Legislatura Local, de conformidad con las disposiciones aplicables.
”Establecer los lineamientos de la política económica aprobada por el Titular del Poder Ejecutivo, para la elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo que realicen las Dependencias y Entidades del Estado.
”Emitir el clasificador por objeto de gasto presupuestal, para la aplicación y control del gasto público en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
”Instrumentar el otorgamiento de los subsidios, aportaciones, ayudas, transferencias y financiamiento temporal a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, instituciones o particulares, de conformidad con la legislación aplicable, con la normatividad que para estos efectos se emita, o bien con aquéllas que dicte el Ejecutivo del Estado, teniendo la facultad de verificar en su caso, que la inversión se efectúe en los términos establecidos.
”Recabar la información para la formulación del informe que debe rendir anualmente el Gobernador del Estado, ante el Congreso del Estado”.
El segundo recurso, la falta de información digitalizada, es una táctica dilatoria y una trampa para entorpecer la rendición de cuentas y cansar a los ciudadanos que solicitan información pública comprometedora.
De entrada porque, salvo contadas excepciones, todos los archivos se elaboran en una computadora, y porque hoy es de lo más sencillo escanear un documento para digitalizarlo.
La táctica de consultarlos in situ es una artimaña, pues primero hay que gestionar una cita, después llenar una orden de pago y liquidarla en un banco o en la caja de la propia Secretaría de Finanzas, si es que el solicitante desea obtener unas copias simples.
Con los órganos garantes de la transparencia o rendición de cuentas también existen problemas, sobre todo cuando sus integrantes intentan actuar con independencia y autonomía respecto de quién les paga, autoriza su gasto o los nombra.
En Puebla, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) se encuentra entrampada. La Ley que la regula se modificó, con lo que sus facultades aumentaron así como su radio de acción, que pasó de 100 a cerca de 300 sujetos obligados. Paradójicamente, su presupuesto disminuyó.
El proceso que hoy lleva a cabo el Congreso del estado para nombrar al sucesor de uno de tres comisionados que integran la CAIP transcurre en la opacidad, de espaldas a la sociedad civil y sus organizaciones, que están siendo marginadas de participar en las entrevistas y audiencias que tengan los candidatos al cargo.
¿Por qué?
Porque la intención no es designar como comisionado a un ciudadano ejemplar, probo e independiente, comprometido con la transparencia y la redición de cuentas, sino a alguien que le garantice al gobernador Rafael Moreno Valle el control de la CAIP, que en su segundo año de gestión se convirtió en piedra incómoda en sus zapatos de político con aspiraciones presidenciales de cara al 2018.
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Simón dice:
“La verdad no hace tanto bien en el mundo como el daño que hacen sus apariencias.”
François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.
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