Congreso de Puebla: el bono de la sumisión
Un bono que retrata fielmente el tipo de relación que mantienen el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los diputados que integran la LVIII Legislatura del Congreso de Puebla es el denominado Gestión Social, que se entrega en forma discrecional cada que los legisladores tienen a bien aprobar fast track los decretos, reformas e iniciativas de ley que les manda el Ejecutivo del estado.
Este bono, equivalente a un millón de pesos por cada diputado local, no se paga de manera periódica, sino cada vez que el gobernador quiere. Oficialmente se dice que su liberación depende de la disponibilidad presupuestal, es decir, de si hay dinero o no en las arcas de la Secretaría de Finanzas.
Lo cierto es que las últimas dos entregas parciales de este bono han coincidido con decisiones polémicas de la LVIII Legislatura, entre ellas las modificaciones que se hicieron a la Ley de Deuda Pública y a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público para que los Proyectos de Inversión —con cargo a las participaciones o impuestos— no fueran considerados como deuda pública indirecta ni fiscalizados por el Congreso del estado, sino contratados directamente por la Secretaría de Finanzas.
Y, por supuesto, las reformas que de última hora y a toda prisa se hicieron al Código Electoral el pasado 3 de septiembre para posponer tres meses el inicio del proceso electoral e impedir la continuidad del dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana. La llamada Ley Mondragón no sólo se aprobó en un tiempo récord (de cuatro horas), pese a que el Congreso se encontraba en periodo de receso, sino con tal descuido que los diputados olvidaron modificar la Constitución, que establece una fecha distinta para el inicio del proceso electoral.
Del millón de pesos que cada uno de los 41 diputados de la LVIII Legislatura debe recibir por concepto de Gestión Social, a la fecha sólo han recibido 540 mil pesos. Los restantes 460 mil se supone que los cobrarán antes de que concluya el tercer y último periodo ordinario de sesiones—el 15 de diciembre— o antes, si es que el gobernador necesita de su buena disposición para sacar de urgencia algún decreto o reforma legal.
Una cuestión que vale la pena aclarar es que este bono es independiente de la dieta mensual de los legisladores poblanos que asciende, entre sueldo y compensación, a 108 mil 748 pesos, y de otros apoyos que reciben por concepto viáticos, pago de celular y vales de gasolina.
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Por cierto.
Me platican que el martes de la semana pasada el coordinador parlamentario del Panal, Guillermo Aréchiga Santamaría, y los diputados Zeferino Martínez Rodríguez, del PT, y José Juan Espinosa Torres, del MC, y en menor medida el coordinador del PAN, Mario Riestra Piña, le expresaron su malestar al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, el priísta Edgar Salomón Escorza, por los ridículos que les hace pasar el gobernador Rafael Moreno Valle con sus iniciativas de reforma de última hora o al vapor.
Palabras más palabras menos, le manifestaron su descontento por las formas del Ejecutivo y algunos de sus secretarios que, al margen de los canales institucionales, usan al Congreso como mera oficina de trámites.
En concreto, le reprocharon al diputado Edgar Salomón que el secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, haya negociado con el presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta Lauro Sánchez López, las reformas a la Ley de Deuda Pública y Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público sin tomar en cuenta a los demás diputados de la Comisión ni al titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, René Meza Espejel.
“Ya nos agarraron de florero”, le espetó el diputado Guillermo Aréchiga al presidente de la Junta de Gobierno, Edgar Salomón, quien se comprometió a buscar al gobernador Rafael Moreno Valle y al secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, para hacerles saber la molestia de los legisladores.
“Una cosa es que haya un acuerdo de apoyar al gobernador y sacar sus iniciativas y otra que estemos de adorno para aprobarle todo en automático”, afirmó por su parte el diputado José Juan Espinosa, de Movimiento Ciudadano, que la semana pasada solicitó la comparecencia del subsecretario de Egresos, Eduardo Tovilla Lara, para que al menos se cuidaran las formas y les explicaran el contenido de las reformas económicas requeridas por la Secretaría de Finanzas en materia de deuda pública y proyectos productivos.
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Mañana le platico de un coordinador de agentes del Ministerio Público con orden de aprehensión por su presunta colaboración con los zetas en Puebla, de cómo se las gastan en la Secretaría de Administración para maltratar a los jubilados y de un nuevo escándalo que involucra a magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, así como a hijos de estos que laboran en el gobierno del estado.
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Lo que sí le voy adelantar es que la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez, ya tiene asegurado un puesto en la administración pública estatal ahora que los priístas asuman la presidencia de la república y el gobierno federal.
Los enterados aseguran que la operadora política del gobernador Moreno Valle será nombrada titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Puebla (Icatep).
Ahora entiende por qué la delegada de la CDI presume que más tarde que temprano se incorporará a la administración estatal gracias a su buena relación con el Ejecutivo y su desempeño de más de doce años en el gobierno federal.
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Simón dice:
“Cuando los abusos son acogidos por la sumisión, no tarda en convertirlos en leyes la potencia usurpadora.”
Lamoignon-Malesherbes (1721-1794) Político francés, consejero de Luis XVI
