Dudas sobre la esperada renuncia de Teresa Castro a la Secretaría de Finanzas

¿María Teresa Castro Corro simplemente renunció a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado o se le inició un proceso administrativo en espera de que solvente o aclare a la brevedad los pendientes que dejó en los 46 meses que estuvo al frente de la dependencia?

¿A poco la funcionaria dejó el gobierno del estado sin que se le abriera un expediente por la pérdida de 606 millones de pesos de recursos estatales que transfirió a Accendo Banco en septiembre de 2021?

¿Acaso la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Juan Carlos Moreno Valle Abdala, se va a esperar a que concluya la auditoría —que hoy tiene un avance superior al 35%— iniciada a Teresa Castro y a otros funcionarios de la Secretaría de Finanzas por esa millonaria transferencia?

¿Ya concluyó el proceso de entrega-recepción de la oficina que estuvo a su cargo de agosto de 2019 a junio de 2023?

¿En esa entrega-recepción Castro Corro ya aclaró y justificó los pliegos de observaciones por la friolera de 3 mil 187 millones de pesos, que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la gestión de Miguel Barbosa por la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021?

¿Cómo le hizo para solventar los 8 pliegos de observaciones (PO), 7 promociones de responsabilidad administrativa (PRAS), 6 solicitudes de aclaración (SA) y 1 recomendación (R) emitidos por el máximo órgano técnico especializado del país que auditó del destino de las participaciones federales recibidas por el gobierno estatal en 2021?

¿Esta solventación por la suma de 2 mil 478 millones de pesos es parte del acta de entrega-recepción?

¿La Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior del Estado (ASE) auditará el contrato adjudicado en diciembre de 2019 a la empresa jalisciense Intecproof SA de CV por 773 millones 692 mil pesos, y que en lugar de generar ganancias al gobierno barbosista por el cobro de fotomultas provocó un hoyo financiero o daño patrimonial de 244.5 millones de pesos?

¿A poco ambas entidades no tienen una sola observación o responsabilidad que fincar a la renunciada secretaria de Planeación y Finanzas por los elevadísimos contratos que avaló para el arrendamiento de dos mil patrullas de seguridad pública, sin opción a compra, a las Lumo Financiera del Centro SA de CV y Casanova Vallejo SA de CV por 2,600 millones de pesos?

A la primera financiera de Luis Montaño García, que tiene su origen en el Estado de México, se le pagó un contrato de 1,387 millones de pesos, lo que significa que el arrendamiento de cada patrullada y su equipamiento costó 1.3 millones de pesos, y a la segunda 1,171 millones de pesos.

¿Acaso la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Función no tienen ninguna observación que hacer al contrato de más de 702 millones de pesos que se firmó con la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos SA de CV para el suministro de placas metálicas y tarjetas de circulación vehicular durante 36 meses?

¿En verdad no se dan cuenta que las matrículas contratadas por la gestión barbosista se están despintando, pese a que cada juego cuesta a los automovilistas entre 1,105 y 1,300 pesos?

¿Qué no hacerse de la vista gorda con estas anomalías es también corrupción, complicidad o impunidad?

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