El quebranto de 600 mdp tiene nombre y apellido: Teresa Castro Corro
Ojalá y el escándalo por la pérdida de 600 millones de pesos que hizo el gobierno del estado a Accendo Banco, por instrucciones del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, a recomendación de quien fuera secretario de Hacienda y su compañero en el Senado, Ernesto Cordero Arroyo, no termine sólo en la renuncia de la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
Lo peor que podría ocurrir con este hoyo financiero es que la actual administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina decida darle carpetazo, con el argumento de que su antecesor —que ordenó esa operación—ya murió, y la secretaria de Finanzas que fue la responsable de transferir los fondos a esa institución de banca múltiple que quebró a los pocos meses, ya presentó su renuncia o está por hacerlo.
Teresa Castro no puede irse por la puerta de atrás, y los poblanos asumir esa millonaria pérdida, así como otros quebrantos y daños patrimoniales derivados de contratos de prestación de servicios que fueron un rotundo fracaso, y que ésta impulsó como el de las fotomultas adjudicado a la empresa jalisciense Intecproof.
Eso sería impunidad, encubrimiento y complicidad.
La secretaria de Finanzas llegó a Puebla, al gabinete de Miguel Barbosa, como recomendada de quien fuera su jefe en la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, quien fue uno de los principales promotores de Accendo Banco con gobernadores del PAN, PRI y Morena, a los que prometían tasas del 6% anual de rendimiento liquidable al vencimiento, cuando otras instituciones bancarias ofrecían entre el 2 y el 4%.
Por supuesto que Teresa Castro es responsable de este quebranto, por no advertir a su jefe de los altos riesgos de invertir en esta institución, que ya tenía antecedentes de lavado de dinero y de operar con empresas factureras, y por no haber conseguido, a diferencia de otros gobiernos, retirar a tiempo los 600 millones que a mediados de 2021 transfirió a Accendo Banco.
El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México invirtió 171.4 millones de pesos, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, 700 millones de pesos, y ambas lograron, antes de que el banco quebrara y se le retirara su autorización como institución de banca múltiple, en septiembre de 2021, recuperar el dinero que habrían transferido.
¿Por qué Puebla no lo hizo?
¿Por qué la secretaria Teresa Castro no actuó a tiempo?
¿Por qué el gobernador Miguel Barbosa no reaccionó como lo hicieron sus homólogas de la Ciudad de México y de Chihuahua?
¿Acaso nunca fue advertido del peligro que corrían las inversiones de Puebla, o a pesar de ser prevenido le creyó más a su amigo y asesor, Ernesto Cordero?
Estas son cuestiones que debe aclarar la secretaria de Finanzas antes de renuncia o remoción.
En Hidalgo, donde el gobierno del priísta Omar Fayad Meneses resultó afectado por la pérdida de 807 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el Congreso de aquella entidad exigió la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo.
Aquí en Puebla los diputados morenistas ni siquiera estaban enterados, y hoy que lo están son incapaces de llamar a cuentas a Teresa Castro, pues bailan al son que les marcan desde Casa Aguayo.
Si les dicen que el caso se cierra, se cerrará y si les piden no hacer declaraciones ni pronunciarse sobre el tema, la respuesta será su cómplice, el silencio.
La secretaria de Finanzas no puede decir que esa pérdida no se trata de un quebranto, con el prurito de que el dinero ya fue reclamado por las vías legales, argüir que el dinero se transfirió a Accenso porque el gobierno tenía la obligación de invertirlo donde se le garantizaran los mejores rendimientos, ni minimizar el daño a la hacienda estatal con el pretexto de que eran recursos que estaban apasivados y no etiquetados.
Tales justificaciones son una mentira, no sólo porque Puebla nunca recuperará esos 600 millones de pesos, pues la lista de acreedores es de 458 y el gobierno de Céspedes es de los últimos, sino porque la intención de sacar a la luz este escándalo no es para fincar responsabilidades, sino para que Teresa Castro renuncie y se vaya del gobierno estatal.
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