Obra para sanear el Atoyac saca a flote corruptelas no sancionadas del pasado
Una partida federal de 400 millones para la construcción de una planta de tratamiento en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco podría destapar una cloaca que salpique a funcionarios de anteriores y la actual administración estatal.
El asunto está relacionado con la construcción de un drenaje y un colector de aguas residuales del mal llamado Parque industrial Ciudad Textil de Huejotzingo, obras que se pagaron en su totalidad en 2018, pero que no se ejecutaron.
Las obras se finiquitaron con fondos federales provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y con recursos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) en agosto y octubre de 2018.
Uno de los principales implicados en este peculado es el director general de Ceaspue en el gobierno de José Antonio Gali Fayad, Alfredo Ávila Salazar, quien en 2019 reapareció pero ahora como representante de las empresas contratistas: GER Construcciones del Centro SA de CV y OLI Construcciones SA de CV.
Las irregularidades —y complicidades de quienes se coludieron en este desvío de recursos públicos— se extendieron a los gobiernos de Guillermo Pacheco Pulido y Luis Miguel Barbosa Huerta.
En este último se aprobaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) extemporáneas, 14 meses después de que las obras estaban supuestamente concluidas.
Las MIAs —fechadas el 20 de septiembre de 2019— fueron autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Beatriz Manrique Guevara, para las obras de alcantarillado sanitario y pluvial y la construcción de un colector de aguas residuales en la zona del aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo.
En las MIAs se establece las empresas construirían dos tuberías, una de 60 pulgadas y 3,800 metros de longitud para el drenaje pluvial, y otra de 30 pulgadas y 3,850 metros de longitud para el drenaje sanitario, y que ambas desembocarían sobre el río Actiopa.
Como ya se lo dije tales obras jamás se realizaron, aunque se cobraron al 100%, lo que provocó protestas de las comunidades afectadas por la contaminación del río Metlapacapan —identificado como río Actiopa— y un serio conflicto social en la comunidad de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, que quemó los tubos instalados y no instalados en 2019.
La nueva inversión para el saneamiento del río Atoyac ha reactivado este conflicto, el caso del proceso iniciado en la administración de Miguel Barbosa al exdirector del Ceaspue Alfredo Ávila, actualmente prófugo, y la ambición de ciertos funcionarios de la actual gobierno que quisieran que los 400 millones de pesos destinados por Conagua a Puebla en 2023 no se canalizaran a una planta de tratamiento en Santa Ana Xalmimilulco, sino a otras en las que ellos podrían sacar mayor provecho.
Pero ésa será otra historia.
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