Hágase la transparencia en los bueyes de mi compadre
Aunque el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no se cansa de presumir la transparencia que hoy supuestamente practican los gobiernos de la Cuarta Transformación de Puebla, la realidad es que la opacidad campea como nunca, y que el Poder Legislativo es un vivo ejemplo de ello.
Para muestra una solicitud de información dirigida a la Unidad de Transparencia, con el propósito de conocer la forma en que dos ex diputados de la LX Legislatura, Emilio Maurer Espinosa y Nora Merino Escamilla, comprobaron los recursos que por concepto de Apoyo Legislativo recibieron hasta el 14 de septiembre de 2021.
De entrada, hay que decir que la información requerida no ha fluido, porque ésta fue reservada por cinco años, ya que supuestamente podría vulnerar la conducción de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y porque el Órgano Interno de Control del Congreso del estado según realiza una investigación relacionada con esos recursos, que podría concluir en responsabilidades administrativas.
La información fue clasificada como reservada y de acceso restringido por el Comité de Transparencia de la actual Legislatura; dicho acuerdo se ratificó en la tercera sesión ordinaria del 17 de marzo de este año.
La verdadera razón de blindar esa información no es otra más que proteger a una diputada de la 4T de la anterior Legislatura, que en los comicios locales de 2018 logró reelegirse por el distrito local 10, con cabecera en la capital, y que hoy es parte del órgano de gobierno del Congreso del estado, como coordinadora parlamentaria del Partido del Trabajo.
Me refiero a la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, quien a diferencia del ex diputado Emilio Maurer, no ha podido comprobar más de medio millón de pesos por concepto de Apoyo Legislativo.
En la LX Legislatura, además de la dieta de 60 mil pesos mensuales, cada uno de los 41 diputados recibía 121 mil 830 pesos adicionales por Apoyo Legislativo. Estos recursos, a diferencia de los primeros, sí se tienen que justificar con facturas y otros comprobantes fiscales, y ese es precisamente el problema que enfrenta la coordinadora del PT e integrante de la Junta de Gobierno, y la verdadera razón de que esa información, que tendría que ser pública, se haya clasificado como reservada y de acceso restringido durante los próximos cinco años.
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