El Ministerio Público Federal podría deslegitimar al titular estatal de la SFP
Al ex director general de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), y actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Juan Carlos Moreno Valle Abdala, se le vendrán unos días difíciles por las cinco carpetas de investigación que el Ministerio Público federal tiene abiertas en su contra, dos de las cuales ya se han judicializado.
Dichas carpetas están relacionadas con su actuación como director general de CCP, en los juicios que disputan las empresas Conduent Solution México SRL de CV y Virtual Com México SA de CV por los contratos de peaje y recaudo de las 3 Líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
El panorama para el titular de la SFP podría complicarse, pues además de las 5 carpetas de investigación, ha sido apercibido y sancionado por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, Pedro Arroyo Soto, con por lo menos cuatro multas.
El juez lo ha sancionado por rehusarse a que la empresa Virtual Com México vuelva a prestar el servicio de peaje y recaudo en las 3 líneas del sistema RUTA, y por haber suscrito con Conduent Solution México un nuevo “convenio de transacción”, por el cual el gobierno a través de CCP ofreció pagarle una compensación de 120 millones de pesos por los tres meses y medio que el servicio estuvo a cargo de la empresa contratada por Rodolfo Chávez Escudero en noviembre de 2020.
Como el lector podrá advertirlo, el asunto no es menor, pues el funcionario en cuestión es ni más ni menos que el cuarto titular de la Secretaría de la Función Pública en los casi tres años que lleva la gestión del gobernador Miguel Barbosa.
En una semana Facundo Rosas podría salir libre
No pasarán muchos días para que el excomisionado de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Facundo Rosas Rosas recupere en definitiva su libertad, una vez que no se acreditó ninguna de las pruebas presentadas en su contra por su supuesta participación en el operativo Rápido y Furioso, en el gobierno de Felipe Calderón.
Facundo Rosas, quien también fue secretario de Seguridad Pública del estado durante el sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle, fue acusado de introducir ilegalmente o permitir el ingreso clandestino de 2 mil 500 armas con chip, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército entre los años de 2006 y 2011.
Dicha acusación se desvaneció por falta de pruebas, por lo que el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito de Hermosillo, Sonora, revocó la orden de aprehensión girada en su contra y ordenó su inmediata liberación.
Esto último no ocurrió el viernes, pero sucederá esta semana una vez que sus abogados lleguen a un acuerdo con los familiares de la víctima que atropelló el 27 de enero en la Ciudad de México.
Facundo Rosas fue trasladado el sábado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde su defensa busca llegar a un acuerdo reparatorio con los familiares de la fallecida Blanca Estela Bárcenas Espinoza, de 58 años de edad, o que el juez que conoce del caso le fije una fianza.
Una o las dos cosas tendrán que suceder esta semana.
Borran información sensible en el Itaipue, ante la llegada de Rita Balderas
Tómelo con reserva, pero empleados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado de Puebla (Itaipue) estarían siendo presionados para borrar información sensible de algunas computadoras donde podrían aparecer datos y documentos de algunos contratos y operaciones irregularidades, como la compra de equipo e insumos para prevenir los contagios de Covid, entre ellos un arco en la entrada de las oficinas.
Según esta versión, las presiones vendrían de la ex presidenta del Itaipue, Laura Marcela Carcaño Ruiz y su pariente, la ex secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Claudette Hanan Zehenny, ante la presunción de que la nueva comisionada del Instituto, Rita Elena Balderas Huesca, podría llegar a revisar alguna información financiera y contable, así como la manipulación que existe en la asignación de expedientes de solicitudes de información pública, de inconformidades y recursos de revisión.
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Lo ocurrido este sábado en la reunión de apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, convocada por su secretaria particular Esthela Damián Peralta, en un hotel de la capital, podría marcar un antes y un después en la relación de militantes y representantes de elección popular de Morena en Puebla.
El hecho de que los militantes de Morena corrieran a gritos y en medio de abucheos y hasta empujones a los diputados de este partido que votaron el viernes por el aumento a las tarifas de agua potable, es sintomático del ánimo que prevalece en vísperas del proceso de afiliación y renovación de órganos directivos.
Los legisladores asistentes y a los que se les pidió retirarse para que las cosas no pasaran a mayores son José Antonio López Ruiz, del PT, y los morenistas Edgar Garmendia de los Santos, Guadalupe Yanak Taja, Xel Arianna Hernández García, Maria Ruth Zárate Domínguez, Azucena Rosas Tapia y Fernando Sánchez Sassia.
Lo más probable es que este tipo de protestas se repliquen en la medida que se acerquen las elecciones del 2024 y muchos de los actuales presidentes municipales y diputados locales busquen su reelección para un segundo periodo consecutivo.
¿Quién invitó a los diputados locales de Morena a este evento de apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México? ¿Los legisladores asistentes acudieron por sí mismos convencidos o por recomendación de alguien? ¿Ese alguien no calculó las consecuencias de su presencia al día siguiente del llamado tarifazo o ya sabía y actuó en consecuencia?
Conste que son preguntas.
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