Guerra en el paraíso izucarense
El pleito entre el secretario de Educación Pública del estado, Melitón Lozano Pérez, con la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, sigue subiendo de tono, al grado que hoy el Cabildo de este municipio —puerta de la Mixteca poblana— está fracturado.
La primera víctima del conflicto fue el esposo de la presidenta municipal, Antonio Guevara Palafox, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina del secretario Melitón Lozano en la SEP.
Por este pleito el Cabildo de Izúcar de Matamoros se ha dividido y cinco regidores afines al secretario de Educación, que se autonombran “Insurgentes” han comenzado a cuestionar el trabajo de la presidenta, acusándola de endeudar al municipio, de duplicar los gastos mensuales de comunicación social al pagar publicidad a medios que califican de conservadores y contrarios a la 4T, y de aumentar 13.6% la nómina del ayuntamiento para acomodar a sus parientes y amigos en puestos que antes no existían.
El conflicto se ha extendido a la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), donde el rector Margarito Barboza Carrasco y otros directivos de la institución se han puesto en contra de la alcaldesa Irene Olea, quien en la primera ocasión que Melitón Lozano fue presidente municipal, de 2002 a 2005 fue su directora de Comunicación Social y su marido Antonio Guevara, secretario general del ayuntamiento.
De acuerdo con algunas fuentes, la disputa entre la alcaldesa y el secretario de Educación del estado podría recrudecerse en los próximos meses, debido a que la primera buscará reelegirse para un segundo periodo con el respaldo de Morena y Melitón intentará apuntalar a su esposa, la arquitecta Juana Guadalupe Marmolejo Sánchez, para ese mismo cargo en los comicios del 2024.
Los regidores Insurgentes son: Martina Antonio Cardozo Mejía, Santiago Zohar Hernández Torres, Luis Adán Marín Negrete, Juan José Soto Moreno y Juan Manuel Morales Lara.
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Debido a que el nombre que propuso para sustituir a América Rosas Tapia en la Subsecretaría de Educación Superior, José Ojeda Bustamante, sigue analizándose, y los problemas en esta oficina continúan complicándose, el titular de la SEP Melitón Morales Pérez decidió los últimos días de la semana anterior despachar en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.
Sí, en las oficinas que ocupaba la hoy secretaria de Igualdad Sustantiva, apoyándose en el personal que aquella tenía, entre ellos su jefe de Oficina, Omar Momox Munguía.
Esta situación tiene nerviosos a varios directores adscritos a la Subsecretaría de Educación que comenzaron a tomar decisiones y a realizar cambios, pese a que expresamente Melitón Lozano había instruido mantener las cosas en el estado en que se encontraban hasta el nombramiento del nuevo subsecretario o subsecretaria del ramo.
EN CORTO
Una diputada local a la que se le vienen complicando las cosas en el juicio civil que emprendió para quedarse con parte de la herencia que dejó la empresaria avícola y porcícola Socorro Romero Sánchez en Tehuacán es Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.
La diputada local ha contado con la colaboración de funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial para mantenerse como albacea en el juicio sucesorio intestamentario que promovió en Tehuacán, pese a que legalmente existe un testamento, y también de la Fiscalía General del Estado en la integración de carpetas de investigación y la emisión de posibles órdenes de presentación y aprehensión en contra de sus demandados, Estela Romero y sus hijos Miguel y Alfonso Celis Romero.
Por las prisas que tiene la diputada Romero Garci-Crespo de que el juicio sucesorio intestamentario se resuelva lo antes posible a su favor, las autoridades locales están incurriendo en yerros que no pasarán inadvertidos para la justicia federal que podría conceder amparos a doña Estela Romero y sus hijos, y suspender las órdenes de presentación que se deriven de la carpeta de investigación 003/2020/ de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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El empresario gallero y dueño de pozos y pipas de agua Jorge Aduna Villavicencio, no solo no salió de prisión sino que fue enviado al penal de Tepexi de Rodríguez.
Su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para echar abajo los delitos de que es acusado. La nueva audiencia se llevará a cabo el 30 de junio.
Sin embargo, trasciende que la Fiscalía General del Estado ya tiene listas otras órdenes de aprehensión en caso de que el juez al que se le asignó el caso de Aduna, acusado ahora por usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes o condecoraciones, ordene su liberación.
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