Pero qué necesidad
Frente al descrédito en que se encuentra la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la imposición de Francisco José Romero Serrano y su posterior destitución en medio de acusaciones de lavado de dinero, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo menos que se esperaba es que el proceso para designar a su sucesor o sucesora fuera impecable, o al menos creíble y transparente.
Pero no, la 4T poblana está repitiendo los mismos errores que se dieron con la imposición de Romero Serrano al frente de la ASE en noviembre de 2019.
Estos yerros son los siguientes: reformas a modo a la Constitución Política y a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para eliminar requisitos que la actual secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava, no cumplía, como haber nacido en la entidad, contar con la ciudadanía poblana o tener una residencia mínima de cinco años en el estado.
Otro “candado legal” que también se le abrió desde el Congreso local fue la prohibición que tenía por ser titular de una dependencia o entidad del gobierno del estado, al exceptuar a los titulares de los órganos responsables del control interno.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura también pasó por alto que la cédula profesional de Amanda Gómez Nava no tiene cinco años de antigüedad y que su entrevista con los diputados integrantes del órgano de gobierno de la Cámara fue desastrosa, de pena ajena, al no saber explicar qué es una cuenta pública y cómo se integra.
Si la imagen y confianza de la Auditoría Superior del Estado era mala antes de la llegada de Romero Serrano, ya que los gobernantes en turno la usaban para venganzas personales y vendettas políticas o partidistas, con la destitución de aquel su descrédito aumentó, por las acusaciones de corrupción que rodearon su salida y posterior encarcelamiento por presuntos delitos de lavado de dinero.
Por todo ello se esperaba que el proceso de selección del nuevo titular de la ASE fuera ejemplar y que el elegido o la elegida tuvieran una legitimidad de origen que contribuyera a resarcir la deteriorada imagen de este órgano dependiente del Poder Legislativo.
Sin embargo, ocurrió lo contrario: el proceso ha sido desaseado de principio a fin, para disfrazar la imposición de la actual secretaria de la Función Pública del estado, cuyo inminente nombramiento conlleva un innegable conflicto de interés.
Y es que si Amanda Gómez Nava fuera designada titular de la ASE cómo va a auditarse así misma o a revisar la aplicación de recursos públicos que supuestamente ella vigiló y auditó como secretaria de la Función Pública.
O es acaso que piensa excusarse cuando le corresponda revisar y dictaminar la cuenta pública del Ejecutivo y sus dependencias, para concentrarse en otros sujetos obligados como presidentes municipales, rectores y directores de universidades e institutos de educación superior y de otros organismos públicos descentralizados.
Conste que son preguntas.
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