La simulada e ilegal imposición de Amanda Gómez como titular de la ASE
Aunque todo se encuentra alineado para que la actual secretaria de la Función Pública del Estado, Amanda Gómez Nava, se convierta en la próxima titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), lo cierto es que su nombramiento sería ilegal, pues no cumple con algunos requisitos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Y eso que la actual Legislatura aprobó el mes de febrero reformas a modo a la Constitución Política del Estado y la actual normatividad para destituir al anterior titular de la ASE, Francisco José Romero Serrano, y para nombrar a la actual contralora Amanda Gómez en sustitución de aquel.
El artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas establece que para ser titular de la ASE se requiere poseer al día de su elección título con antigüedad mínima de cinco años y cédula profesional como contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
La cédula profesional de Amanda Gómez como licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) data de 2021, es decir de hace un año, siendo que la normatividad vigente exige una antigüedad mínima de cinco años.
Solo por esta cuestión Amanda Gómez tuvo que haber sido descalificada por los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, que se supone revisaron minuciosamente todos los expedientes de los aspirantes a tan importante cargo.
Pero no fue así. De los 10 aspirantes inscritos solo fueron eliminados dos —César Alfonso Neri Ávila y Miguel Simón Lozano García— por no acreditar los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, a Amanda Gómez se le permitió continuar, no obstante que su cédula profesional es del año pasado, y no de hace cinco años.
El artículo 121 de la normatividad vigente es muy claro en su fracción VI; estipula como requisito poseer al día de su elección título y cédula profesionales, no título o cédula, con antigüedad mínima de cinco años.
Tal situación tendría que ser explicada por los diputados miembros del órgano de gobierno de la LXI Legislatura local o, por lo menos, ser cuestionada por integrantes de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, que preside la morenista Olga Lucía Romero García Crespo, en la entrevista que este jueves le harán a la secretaria de la Función Pública en el Salón de Protocolos del Congreso del Estado.
Ya son muchas los favores y consideraciones que los diputados encabezados por Sergio Salomón Céspedes Peregrina le han hecho al gobernador Miguel Barbosa para que imponga a su contralora como titular de la ASE.
Primero, le reformaron la Constitución del estado y luego la Ley de Rendición de Cuentas, para que Amanda Gómez pudiera sustituir a Francisco Romero en la ASE.
Antes se exigía que el titular de la Auditoría fuera originario del Estado de Puebla, tuviera la ciudadanía poblana o contara con una residencia mínima de cinco años a la fecha de su nombramiento.
Eso por supuesto se eliminó, pues la elegida por el gobernador Barbosa no es poblana, ni tiene la ciudadanía y mucho la residencia mínima de cinco años, pues llegó al estado en octubre de 2020, es decir hace poco más de año y medio.
La Ley anterior también establecía que el Auditor o Auditora Superior no debían haber sido durante los tres años anteriores a su nombramiento titular de dependencia o entidad del Poder Ejecutivo Federal o del Estado.
Esta prohibición también se corrigió en la última reforma, con una adición que exceptuó de esta limitante a los titulares de los órganos responsables del control interno.
La reforma, pues, fue un traje a la medida para destituir a Francisco Romero Serrano de la ASE y para garantizar en su lugar el arribo de la secretaria de la Función Pública del gobernador Barbosa.
La duda mata: ¿no que nadie por encima de la Ley?
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