Pagó el IEE 45 millones por el PREP de 2021, 65% más caro que en 2018
Y eso que en los comicios ordinarios del año pasado no hubo elecciones para gobernador
Un contrato del que poco o nada se ha dicho, pese a su abultado incremento, es el que hizo el Instituto Electoral del Estado (IEE) con la empresa Podernet SA de CV, para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en los comicios locales del año pasado.
Dicho contrato aumentó en 65%, es decir en más de 15 millones 675 mil pesos, al pasar de 29 millones 324 mil pesos, que es lo pagó el Instituto para el proceso electoral ordinario de 2018, a la friolera de 45 millones de pesos en los comicios de 2021.
El alza es a todas luces desproporcionada e ilógica, considerando que en el último proceso ordinario el PREP solo se hizo para dos elecciones, la de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a diferencia de 2018 donde el programa incluyó la elección de gobernador y por tanto el escaneó de un acta más por cada una de las casillas instaladas en la entidad.
Hay que mencionar que en los comicios de 2019 el servicio se contrató a la empresa Grupo Proisi SA de CV, y que en esa transacción intervinieron la presidenta y secretaria ejecutiva del Comité de Adquisiciones, Dalhel Lara Gómez y María Eugenia Osuna Lara Franco, respectivamente, así como los consejeros José Luis Martínez López y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, que ya no están, y el entonces director de Organización Electoral del IEE, Luis Cuauhtémoc Luna Mendoza.
Para las elecciones intermedias del año pasado, el IEE cambió de proveedor y adjudicó el contrato del PREP de manera directa a la empresa Podernet SA de CV, cuyo dueño es Francisco Orduño Lomelín; dicha compañía fue impulsada por los consejeros Jesús Arturo Baltazar Trujano y Evangelina Mendoza Corona, quien actualmente funge como presidenta de la Comisión Permanente Administrativa.
Otros que también avalaron su contratación y el monto de 45 millones que cobró fueron la hoy directora de Administración, Christian Michelle Betancourt Mendívil, y el encargado de la Dirección de Organización Electoral, Saúl Sánchez Muñoz, así como César Huerta Méndez y María Genoveva Jiménez Cerezo, quienes fungen como presidente y secretaria ejecutiva del Comité de Adquisiciones del IEE.
El monto del contrato ha sido tan gravoso que hasta los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) están sorprendidos de lo que se pagó a Podernet SA de CV en unas elecciones intermedias.
El martes pasado le comenté aquí que al interior del Instituto había una lucha de poderes por el control del organismo y su estructura, pero sobre todo por el manejo de sus recursos materiales y financieros de cara a los comicios locales del 2024. La disputa se focaliza hoy en la designación del futuro coordinador financiero, y en quién lo nombra. Un grupo encabezado por el consejero Arturo Baltazar quiere que el favorecido sea el propuesto por la directora de Administración, José Gregorio Torres Castillo, a lo que se opone el secretario ejecutivo del organismo, César Huerta.
La lucha podría resolverse esta semana.
Ojalá de que antes de ese nombramiento, los consejeros y directivos del IEE primero aclaren el incremento de más del 65% en el costo del PREP, siendo que en los comicios de 2021 hubo menos trabajo y menos actas que escanear, pues a diferencia del 2018 no hubo elección para gobernador del estado.
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Involucran al diputado Sergio Salomón en sustracción de menor
Una fuerte denuncia lanzó ayer por Facebook la señora Guadalupe Hernández en contra del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al acusarlo de proteger a su cuñado Carlos Enrique Bonilla Parada, para quedarse por la fuerza con la patria potestad de su hijo.
La señora dice que su ex marido sustrajo al hijo de ambos de su domicilio para llevárselo a vivir con él, no obstante que ella tiene legalmente la custodia definitiva y no compartida del menor.
Guadalupe Hernández aseguró que Enrique Bonilla –quien actualmente es director de Protección Civil en el ayuntamiento de Tepeaca– presume que ninguna autoridad podrá impedir que se quede con su hijo, gracias a las relaciones e influencias de su cuñado, el diputado Sergio Salomón Céspedes.
EN CORTO
Raúl Hernández Argüelles rindió protesta el viernes por la noche como presidente del Capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), con la presencia de la plana mayor del Consejo Nacional ya que además de la presidenta Claudia Elena De Buen Unna, logró que vinieran los vicepresidentes Víctor Olea Peláez y Cristina Vizcaíno Díaz, y cinco consejeros nacionales, así como los presidentes de capítulos estatales de Sinaloa, Monterrey, Chiapas y Tlaxcala.
Otros invitados fueron María de Lourdes Dib, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; José Bernardo Armando Mendiola Vega y Elier Martínez Ayuso, presidentes de la Segunda y Cuarta Salas en materia civil del Tribunal Superior de Justicia; Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado y los jueces César Bermúdez Minuti, Leonardo Treviño Musalem, y Armando Pérez Acevedo; y la ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y premio nacional de jurisprudencia, Patricia Kurzcyn Villalobos.
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El pasado viernes se publicó en la edición nacional de El Universal una convocatoria para otorgar el título de concesión de las estructuras instaladas en zonas peatonales, puentes peatonales y vehiculares de la ciudad de Puebla con fines publicitarios. La licitación corre a cargo de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, y no de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla.
Entre las empresas interesadas hay la sospecha que esta convocatoria podría estar dirigida a favor de la empresa Mobiliario Urbano de Oaxaca, que es parte de un corporativo nacional de medios exteriores llamado Grupo IMU Imágenes y Muebles Urbanos (imu.com.mx).
La sospecha no es gratuita, parte del hecho de que algunos interesados en obtener la concesión de esas estructuras publicitarias no han encontrado la apertura que esperaban del ayuntamiento panista.
Dudas que generan suspicacias: ¿por qué las bases se tienen que pedir vía correo electrónico, por qué la licitación no fue convocada por la Secretaría de Administración, por qué la insistencia del secretario Michel Chaín de crear un “Comité Técnico” para este concurso, por qué este mecanismo no se aplicó en la licitación de parquímetros?
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A propósito.
Cuando las autoridades estatales, entre ellas el gobernador Miguel Barbosa Huerta, aseguran haber terminado con las mafias que dominaban el mercado de los anuncios, vallas y pantallas espectaculares, ¿estarán incluyendo al dueño del portal Contraparte.mx Fabián Gómez Hernández, al que le habrían bajado 12 estructuras algunas de ellas colocadas de manera irregular?
La pregunta viene a cuento pues es extraño que el mencionado no haya gestionado el regreso de sus estructuras y la pantalla LED que tenía en el Bulevar del Niño Poblano, casi enfrente de la entrada de la Universidad Iberoamericana de Puebla, cuyo precio rondaría los 4 millones de pesos, incluyendo equipo y otros componentes.
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