Cuando veas las barbas de su vecino cortar…
Una de las instituciones que la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado desaparecer o reducir a su mínima expresión es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia descentralizada del gobierno federal que supuestamente tiene el propósito de coordinar a las autoridades gubernamentales y a los representantes de la sociedad civil en la prevención, investigación y castigo de la corrupción en México.
Este desdén de la 4T se ha reproducido en los estados, donde las dependencias y organismos de los sistemas estatales anticorrupción, son entelequias que solo existen en el papel y en las legislaciones, pero que no tienen ningún peso ni autoridad moral, pues por lo general están subordinados al gobernador en turno.
El de Puebla es un claro ejemplo, pues es un Sistema pasmado, paralizado, por la ausencia de secretario técnico, ya que el anterior (Héctor Reyes Pacheco) renunció y la recién designada (Claudette Hanan Zehenny) también, para ser designada primero comisionada del Instituto de Transparencia (Itaipue) y después magistrada de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Además de carecer de secretario ejecutivo, el SEA de Puebla opera con un Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) incompleto, pues solo tiene 3 de 5 comisionados ciudadanos, mal pagados y con honorarios retenidos, y con un órgano de gobierno también incompleto y disfuncional, integrado por servidores públicos acusados de corrupción o en la cárcel, como el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, o cuestionados por su desempeño a su paso por el servicio público, como la ex secretaria de Administración del estado, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo.
Todo lo anterior viene a cuento por lo ocurrido hace unos días en el SEA de Veracruz, donde los comisionados ciudadanos del CEPC de aquella entidad fueron cesados o eventualmente despedidos por el órgano de gobierno que acordó no renovarles sus contratos de prestación de servicios profesionales.
La posibilidad de que esta situación se repita en Puebla, no es nada remota, ya que los comisionados del CEPC no solo han sido descalificados por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, tachándolos de panistas o morenovallistas, sino por otros integrantes del Comité Coordinador, que hace las veces de órgano de gobierno del SEA.
Un dato revelador que anticipa este escenario es que el Congreso del Estado se ha rehusado a nombrar la Comisión de Selección de los dos comisionados ciudadanos que faltan en el CEPC.
De los 5 comisionados que deben integrar el Comité Estatal de Participación Ciudadana, solo existen 3: Francisco Javier Mariscal Magdaleno, José Alejandro Guillén Reyes y Eira Zago Castro.
Estos realizaron el proceso de selección de una terna de candidatos a la Secretaría Técnica del SEA, misma que propusieron al Comité Coordinador, pero la rechazó, con el argumento de que ninguno de los integrantes acreditaban la experiencia ni el conocimiento mínimo requerido para ocupar el cargo.
Por todas esas circunstancias creo que no habría que descartar que en Puebla se repita la historia de Veracruz con los comisionados ciudadanos del SEA, o que éstos sean despedidos, marginados o simplemente ignorados en lo que concluye el periodo para el cual fueron designados.
Son varios los incentivos para eliminarlos: no existe en el estado voluntad política para ir a fondo en el combate a la corrupción, tampoco un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas, ni el interés de que ciudadanos se metan a investigar o a vigilar que las autoridades realmente adquieran bienes y servicios al mejor precio y calidad, y con proveedores y contratistas conocidos y reconocidos.
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