Barbosa busca reivindicarse con AMLO en la consulta del 10 de abril
Para tratar de quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de la pobre participación de Puebla en la recolección de firmas para el proceso de revocación de mandato, la administración barbosista buscará reivindicarse movilizando a miles de votantes en la consulta nacional del próximo 10 de abril.
Lo anterior no tendría mayor importancia si no fuera porque los operadores de la 4T poblana están echando mano de las estructuras gubernamentales y de los programas sociales para alcanzar su propósito.
En la operación están involucradas las más altas autoridades políticas de la entidad, que vienen reuniéndose con presidentes municipales de diferentes regiones y partidos políticos, a los que comprometen a apoyar la consulta a favor de la continuidad de AMLO, a cambio de obras y recursos públicos, gestorías y otras prebendas.
Una de estas reuniones tuvo lugar el fin de semana en Zacatlán, con la participación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y el director general de Gobierno, Julio Huerta Gómez, quien en los hechos funge como el verdadero secretario de Gobernación de su primo, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
La mecánica es más o menos la siguiente: los alcaldes son convocados a una reunión, generalmente una comida, y ya después de la barbacoa y los mezcales son llamados uno a uno por el diputado Sergio Salomón Céspedes o por el director general de Gobierno, para explicarles qué esperan de ellos, qué tendrían que hacer, cuántos votantes tendrían que movilizar y qué podrían recibir a cambio.
A estos encuentros acuden no solo presidentes municipales de Morena, sino del PRI, Movimiento Ciudadano, Pacto Social de Integración e incluso del PAN; sin embargo, no a todos se les hacen los mismos planteamientos y requerimientos.
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¿Y la oposición en Puebla?
Una cuestión que en Puebla cada vez es más evidente, es la subordinación política de todas las dirigencias locales partidistas al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Todas, pero absolutamente todas, guardan un ominoso silencio frente a sus acciones y decisiones en distintos ámbitos, muchas de ellas arbitrarias o fracamente autoritarias.
La dirigencia panista no ha dicho ni pío de la reunión del gobernador Miguel Barbosa con solo 6 de los 9 legisladores locales de su fracción; de la convocatoria a presidentes municipales de su partido para que se involucren a favor de la continuidad de AMLO en la consulta del 10 de abril, y ya ni se diga de algunas reformas legales con claro destinatario, o de los nombramientos de los tres cuestionados magistrados de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Si con Genoveva Huerta Villegas, el PAN dejó de ser un partido de oposición, con Augusta Valentina Díaz de Rivera el blanquiazul ya de plano parece un partido satélite.
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