¿Magistrados o guardaespaldas?
Da la impresión, por el perfil de quienes integran la terna de magistrados de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado, que la misión de éstos estará más enfocada en prevenir procedimientos de responsabilidades futuros que en atender asuntos del pasado y del presente.
La creación de esta nueva Sala, que será la que conozca, juzgue, sancione y finque responsabilidades a los funcionarios que incurran en faltas administrativas graves que dañen el patrimonio de los entes públicos y las haciendas públicas estatal o municipales, tendrá en realidad el objetivo de blindar al gobernador y a los miembros de su gabinete legal y ampliado; de cuidarles las espaldas cuando ya no estén funciones.
Solo en este contexto se explica que el gobernador Barbosa haya propuesto como magistrados de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas a la que fuera secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y recién nombrada comisionada del Instituto de Transparencia, Claudette Hanan Zehenny, para un periodo de 15 años; a la que fuera su secretaria de Administración, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo, para 12 años, y al director jurídico del Congreso, Édgar Sánchez Farfán, para un periodo de 9 años.
Los dos primeros mantienen una relación cercana con el gobernador. Claudette Hanan, por la vía de su marido, Hugo Cabrera González, cirujano cardiovascular y torácico que incluso fue director del Hospital para el Niño Poblano (HNP) en el primer tramo del gobierno barbosista; y de su mamá, que le cocina comida árabe al Ejecutivo.
La carrera de Claudette dentro del servicio público tuvo su despegue en gobiernos panistas, ya que fue directora jurídica del DIF municipal de Puebla, con Patricia Sánchez Matamoros, la entonces esposa del presidente municipal Luis Eduardo Paredes Moctezuma, y más tarde brazo derecho del exsenador Francisco Fraile García cuando fue delegado del IMSS.
En la actual administración estatal, Claudette llegó al SEA como secretaria técnica por una recomendación de su marido, y ahí se hizo aliada de la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue), Laura Marcela Carcaño Ruiz, por el parentesco que tiene con el marido de ésta José Othón Carriles Hanan.
Rosa Urtuzuástegui es también cercanísima a Miguel Barbosa; ambos se conocieron en la Cámara Alta cuando el hoy gobernador era senador y aquella coordinadora de Consultoría Jurídica Legislativa, pero sus vínculos se estrecharon cuando fue designada secretaria de Administración del estado y como la encargada de sacar a flote decenas de millonarios contratos y amañadas licitaciones de bienes y servicios pagados a sobreprecio.
Entre ellas las de uniformes y zapatos escolares en 2020, que salieron 40% más caros que los comprados por el gobierno interino de Pacheco Pulido, siendo que ya tenían un sobreprecio de 30.2 millones de pesos; el contrato de fotomultas a favor de Intecproof SA de CV por 773.6 millones de pesos, a finales de diciembre de 2019; y las adjudicaciones directas de alimentos por más de 400 millones de pesos durante 2020 en beneficio de las empresas del Corporativo Kosmos.
¿Usted cree que como magistrada y posible presidenta de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Urtuzuástegui se va aplicar el harakiri o fincará responsabilidades a los funcionarios involucrados en estas operaciones que, por supuesto, han significado un grave daño al patrimonio estatal?
Obvio que no.
De ahí mi comentario inicial de que la terna de magistrados propuesta por el gobernador Barbosa para la Sala Especializada está más encaminada a cuidarle las espaldas, después de que concluya su gestión, que sancionar a los funcionarios de anteriores gobiernos, que hoy son investigados por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado y las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción, y en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados.
Así las cosas, lo más probable es que el Sistema Estatal Anticorrupción siga sin dar resultados o continúe como una entelequia creada para simular la transparencia y la rendición de cuentas, o para justificar venganzas políticas o personales en aras de un supuesto combate a la corrupción y la impunidad.
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