¿De verdad se acabó la impunidad?
Si bien es cierto que como en ninguna otra administración estatal han sido enviados a la cárcel políticos, ex presidentes municipales, funcionarios en activo y ex funcionarios acusados de peculado, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos y enriquecimiento inexplicable con recursos de procedencia ilícita, también lo es que los peces gordos de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido siguen impunes.
Sus nombres son de sobra conocidos, y llama poderosamente la atención que la cruzada anticorrupción de la 4T poblana ni siquiera voltee a verlos.
Otra cosa que también es cierta es que las demandas y procesos administrativos y penales que el gobierno barbosista ha iniciado en contra decenas de funcionarios de anteriores administraciones estatales y unos cuantos, del gobierno actual, son selectivos y discrecionales, al grado que tienen toda la pinta de venganzas políticas o personales.
En este espacio y en las páginas de e-consulta se documentó la corrupción de la Secretaría de Movilidad y Transporte, tanto del titular Guillermo Aréchiga Santamaría, como del subsecretario de Transportes Seth Yassir Vázquez Hernández.
El primero fue removido en marzo del año pasado y detenido la noche del lunes 28 de febrero en Atlixco, como responsable de una red de corrupción a costa de miles de concesionarios y choferes que fueron obligados a instalar cámaras de seguridad en sus unidades que no sirvieron de nada, pues nunca pudieron conectarse al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del gobierno del estado.
Sin embargo, goza de total impunidad el segundo de ellos, que llegó a Puebla precedido de una orden de aprehensión y pliegos de cargos de la Auditoría Superior de la Federación, y que a su paso por la Subsecretaría de Transporte se enriqueció con el cobro de moches a rutas irregulares, unidades piratas y la regularización y venta de automóviles, mototaxis y motocicletas detenidos y enviados a los corralones de la dependencia.
Otros casos paradigmáticos de este doble rasero y de esta cruzada, supuestamente anticorrupción, selectiva y discrecional, son los de Juan Pablo Cortés Córdova, ex subsecretario de Administración y actual director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue) y Francisco José Romero Serrano, suspendido titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Ambos tuvieron en lo que va del gobierno barbosista un notable e inocultable enriquecimiento a su paso por el servicio público, pero solo el segundo fue defenestrado y se encuentra preso en el penal de San Miguel por supuestos delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido la noche del viernes 25 de febrero, en su casa del fraccionamiento La Vista.
En cambio, Juan Pablo Cortés, quien se vio envuelto en dudosas adjudicaciones directas y amañadas licitaciones públicas, al grado que Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo pidió su salida de la Secretaría de Administración, fue premiado, primero con una asesoría electoral y luego con la dirección del Ceaspue.
A este funcionario y operador electoral, muy cercano de Eric Cotoñeto Carmona, nadie lo investiga, ni lo molesta a pesar —insisto— de su notable enriquecimiento y de las propiedades que ha adquirido, como un departamento de lujo en Torres Arts, autos último modelo y un Jeep Wrangler, lo mismo que algunos de sus cómplices, como Sahah Lorelei Banderas Camacho.
Es amplia la lista de funcionarios de la actual administración implicados en casos de corrupción, contrataciones y compras irregulares y daños al patrimonio de la hacienda pública estatal.
Ahí están, por citar solo unos casos, los implicados en la compra de uniformes y zapatos escolares, que salieron más caros que los adquiridos en el gobierno de Pacheco Pulido; los que contrataron a la empresa que se encarga de las fotomultas, y a la que religiosamente se le pagan más de 21 millones de pesos mensuales, sin que cumpla con el contrato y las metas que ofreció; o los que arrendaron, sin opción a compra, mil patrullas de seguridad, cuyo costo financiero duplica el costo de las unidades; y los funcionarios chiapanecos que llegaron con Raciel López Salazar a controlar la Secretaría de Seguridad Pública, las policías y los penales de la entidad.
Todos ellos sí que deberían ser investigados, para demostrar que en el combate a la corrupción de la 4T poblana no hay excepciones, ni garrotes políticos, ni venganzas personales.
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