Persecución política, el caso del auditor Romero Serrano
Lo ocurrido con el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, está lejos de ser un acto de justicia; fue una venganza y una persecución política ordenada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta con el propósito de encarcelarlo y hacerle pagar su “traición”.
En esta venganza se coludieron instancias como la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Consejo de Notarios del Estado de Puebla, el Sistema estatal DIF, la Secretaría de Planeación y Finanzas, y —evidentemente— jueces de consigna del Poder Judicial del Estado, y diputados y comisiones del Poder Legislativo local.
Por supuesto que Romero Serrano no es una blanca paloma, como aquí se advirtió desde el momento que se registró para buscar la titularidad de la ASE. Sus antecedentes no eran los mejores, pero aun así fue impuesto por su hoy verdugo, incluso contra la opinión del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
La captura de Romero Serrano y los procesos administrativos y penales que se le abrieron para destituirlo de la Auditoría y enviarlo a prisión, sientan un antecedente muy peligroso, por el uso faccioso de las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia, que operaron esta venganza política, violentando el Estado de Derecho y algunos procedimientos legales, en un tiempo récord.
¿Por qué?
Porque la detención del auditor y las órdenes de aprehensión que se le giraron, no solo no siguieron los tiempos y cauces normales de cualquier proceso, sino porque para destituirlo de la ASE y preparar la designación de su sucesor se modificaron leyes y hasta la Constitución del estado, con reformas a modo y con dedicatoria.
Y porque este caso sienta un precedente de cómo una autoridad, sin controles legales ni contrapesos políticos, puede valerse de las instituciones del Estado para consumar venganzas personales; rastrear y pedir información que viola normas legales de protección de datos personales, de privacidad y de secreto fiscal; fabricar delitos por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que éstas se hayan acreditado por un juez; y pasarse por el arco triunfo medidas cautelares de protección a víctimas, instruidas por la CNDH y aceptadas por la Fiscalía del estado.
El uso político que el gobernador Barbosa viene dando a la Unidad de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (que se ha convertido en su Unidad de Inteligencia Financiera local), para abrir carpetas de investigación contra sus opositores y adversarios por lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento inexplicable y otros delitos, debe revisarse ya que sus actuaciones parecen venganzas políticas.
La titular de esta Unidad, adscrita a la Fiscalía General del Estado, tendría que explicar por qué requiere a los notarios públicos y a empresas prestadoras de servicios públicos, información y datos personales de sus clientes, siendo que éstos no están sujetos a ningún proceso penal o administrativo, ni están acusados formal o informalmente de algún delito.
Y aclarar cuál es el uso o destino que le da a esta información de carácter confidencial, de decenas de funcionarios y exfuncionarios, y cientos de particulares; qué autoridad, ajena al Poder Judicial local o federal, se la requiere, y con qué propósitos, ya que éstos nunca se precisan en los oficios que envía la agente del Ministerio Público, Hilda Sully Cuautle Moreno.
Una cosa es combatir la corrupción de los gobiernos anteriores y de los funcionarios del pasado y el presente que abusaron y se enriquecieron de manera ilícita, como Francisco Romero Serrano, y otra muy diferente el uso faccioso de las instituciones o el ajusticiamiento selectivo por venganzas políticas o personales, so pretexto de acabar con la impunidad.
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