Usan al Consejo de Notarios para fincar responsabilidades a enemigos de la 4T de Puebla
Entre los notarios públicos del estado es creciente el malestar por los constantes requerimientos de información que les solicita la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de funcionarios, ex funcionarios y particulares, con el propósito de vincularlos proceso penal por lavado de dinero, desvío de recursos públicos u operaciones con recursos de origen ilegal.
La molestia de los fedatarios es razonable, pues varios de los personajes sobre los que son requeridos son sus clientes, algunos de años, y no están sujetos a ningún proceso administrativo, fiscal o penal.
En opinión de varios notarios que se sienten agraviados por estos requerimientos de la fiscalía, por conducto del presidente del Consejo de Notarios del Estado de Puebla, Humberto Jiménez Jiménez, esta situación es irregular, violatoria de diversas disposiciones legales y hasta inconstitucionales, aunque quiera disfrazarse de “confidencial”.
Citan como a ejemplo el caso del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, al que ahora le han echado todo el aparato del Estado para inculparlo de algún delito, lo mismo a sus padres, hijos, parejas y socios, así como a sus empresas o sociedades en las que participen u obtengan algún beneficio o utilidad.
Refieren que a pesar de que en los oficios de la Fiscalía nunca se asienta que Romero Serrano esté siendo investigado o sea sujeto a cierto proceso penal, a los notarios se les requiere que en un plazo de 30 horas informen a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las escrituras públicas que hayan protocolizado, los contratos de negocios que tengan y las operaciones de compraventa que hayan celebrado, tanto el auditor como sus padres, hijas, parejas y ex parejas, así como sus socios y empresas en las tengan alguna participación o vinculación.
En uno de los últimos oficios dirigidos por Hilda Sully Cuatle Romero, de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al presidente del Consejos de Notarios, Humberto Jiménez Jiménez, esta solicita a los notarios información acerca de 17 personas ligadas a Romero Serrano y de 4 personas morales.
El asunto llama la atención a los notarios no solo por el carácter confidencial de estos requerimientos, sino porque no existe una sola mención que involucre a los familiares, socios y exparejas del suspendido auditor en algún ilícito.
Entre los parientes del auditor Romero Serrano sujetos a esta investigación notarial figuran: Marlene Pérez Bayliss, Jaime Romero Cabrera, María Eva Serrano Zayas, Elizabeth Carmona Rayo, Andrea Elizabeth Romero Carmona, Ana Paola Romero Paola Romero Carmona, Giovanna Manrique Rojas, Elizabeth Cuayahuitl, María del Carmen Márquez Camacho, Abraham Tlaiye Reina, José Ángel May Chan, Miguel Ángel Castillo, José Maximino Muñoz Lara, Brenda Arit Macip Castelán, Huber Antonio Pugas Gómez y Joseline Zurita Compañ.
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