La designación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción
Será este jueves cuando el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) designe al secretario o secretaria técnica de la terna seleccionada por los comisionados ciudadanos del Comité Estatal de Participación Ciudadano (CEPC), conformada por José de Teresa Salcedo, María Eugenia Hernández Omaña y María de los Ángeles Meza González.
Aunque los comisionados del CEPC han defendido el proceso por el que llegaron a esa terna, con el argumento de que se apegaron a la metodología y a los mecanismos de evaluación asentados en la convocatoria pública que previamente difundieron, la verdad es que esa selección fue oscura y discrecional.
¿Por qué?
Porque es la hora que no conocemos los currículos de los aspirantes, tampoco quiénes fueron las instituciones, organizaciones o figuras que los postularon, ni el puntaje que obtuvieron en cada una de las etapas de la evaluación, no obstante que éstos aceptaron que los resultados podrían hacerse públicos.
Otras cuestiones que tampoco se saben, porque los comisionados ciudadanos decidieron no difundirlos, son los motivos que tuvieron los aspirantes para buscar la Secretaría Técnica del SEA; cómo acreditaron su experiencia de al menos cinco años en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; cómo demostraron su experiencia en órganos colegiados y en puestos directivos de organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil, académicas y/o multilaterales, y su conocimiento de la administración pública estatal y municipal en materia fiscal, jurídica, administrativa, programática y de sistemas de información.
Por elemental lógica, tratándose de la elección del secretario técnico que hace las veces de secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, este proceso debió ser abierto y transparente en todas sus etapas, y más cuando en la propia convocatoria se asentó que los participantes aceptaban que el resultado de su evaluación podría hacerse público, en caso de la pasar a la tercera etapa, de la entrevista individual (Base sexta, punto 6 de la convocatoria).
Los integrantes del CEPC no pueden reclamar a las dependencias y entidades gubernamentales transparencia y rendición de cuentas, si no predican con el ejemplo, ni escudarse en que cumplieron con la metodología y los mecanismos de evaluación previstos en la convocatoria, sin transparentar cuestiones tan básicas como el currículum de los aspirantes, las cartas de las instituciones que los respaldaron y, quizás lo más importante, los puntajes que obtuvieron en las diferentes fases y etapas del proceso.
Esa no es transparencia, digan lo que digan.
Tampoco son especulaciones o falsedades.
Son críticas y cuestionamientos muy puntuales que los miembros el órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción deberían valorar, antes de que este jueves a las 18 horas analicen y voten la terna enviada por los comisionados ciudadanos y que, insisto, no incluye a los mejores, sino a un favorito impulsado por algunos organismos y dirigentes empresariales que, aclaro, tampoco es un mal perfil.
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Donde tampoco se practica con el ejemplo es en la Secretaría del Trabajo, de la que están siendo despedidos directores y empleados que eran cercanos al extitular de la dependencia, Abelardo Cuéllar Delgado, para acomodar a la gente del nuevo secretario Gabriel Biestro Medinilla, entre ellos a Eduardo Elías Gandur Islas, quien fue su suplente en el Congreso del estado en la pasada legislatura.
Este miércoles fueron removidos Ever González de la Cruz y Edwing Esaú Castelán Martínez, quienes fungían como directores generales de Participación y Empleo, y de Información Laboral, respectivamente, además de 20 funcionarios.
Lo absurdo o paradójico es que esta dependencia, que tendría por objetivo la protección de los trabajadores y sus derechos laborales, el personal de menores ingresos está siendo hostigado y acosado para obligarlo a renunciar sin ninguna indemnización o liquidación, ya que está contratado por honorarios o en lista de raya.
Los empleados afectados, sobre todo mujeres, acusan de este acoso a la contadora María del Pilar Núñez Banda, quien les exige su renuncia anticipada sin ofrecerles ningún pago, pese a que su contrato vence hasta junio de este año.
Desde la llegada de Gabriel Biestro a la Secretaría del Trabajo han renunciado o han sido removidas 55 personas, entre funcionarios y empleados. Los encargados de llevar a cabo esta limpia son Maribel Miguel Vargas, secretaria particular del secretario, y otro personaje llamado José Luis Hernández Flores.
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