Francisco Romero Serrano y los chicharrones del gobernador
La suspensión del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco José Romero Serrano, es ilustrativa del uso faccioso (interesado) de las instituciones locales de procuración y administración de justicia, y de cómo el Congreso del estado se ha convertido en una oficina de mero trámite para hacer reformas a modo o por consigna a la Constitución y a las leyes locales.
Pero también de cómo en Puebla el Estado de Derecho se vulnera, al grado que instancias locales como los jueces de control pueden pasarse por el arco del triunfo suspensiones, amparos otorgados por jueces o tribunales federales, medidas cautelares o de protección instruidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De entrada es evidente el uso faccioso del Poder Judicial del Estado que por consigna del gobernador Miguel Barbosa Huerta obsequió primero una orden de aprehensión al auditor Romero Serrano por delitos de violencia familiar, contra la cual, por cierto, promovió un amparo y luego ordenó suspenderlo de su cargo como titular de la ASE como medida cautelar por el proceso penal que enfrenta, pese a que su pareja Joseline Zurita se rehusó a demandarlo, ignorando las presiones de la Fiscalía del estado.
El caso de Romero Serrano ilustra con creces la subordinación del Poder Legislativo al gobernador Luis Miguel Barbosa. La LX Legislatura —dirigida por Gabriel Biestro Medinilla— se puso de tapete para que aquél fuera nombrado por un periodo de siete años, dejando en el camino a candidatos con mejor perfil y trayectoria.
Y la actual Legislatura, con Sergio Salomón Céspedes Peregrina a la cabeza, ahora es usada para removerlo del cargo, mediante una serie de reformas con dedicatoria a la Constitución y distintas leyes secundarias.
Los cambios legales aprobados por el Congreso del estado no atienden el interés general o el bien común, sino a una consigna del gobernador para echar de la Auditoría a quien él mismo promovió como titular, aún contra la opinión del auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, a finales de 2019.
Los motivos del mandatario estatal para destituir y encarcelar a Romero Serrano son varios, pero el principal está relacionado con la recomendación que la CNDH emitió en contra de ambos por las declaraciones que hicieron en contra del exsecretario de Salud del gobierno de Rafael Moreno Valle, Jorge Aguilar Chedraui, acusándolo sin pruebas de corrupción y desvío de recursos públicos.
Barbosa rechazó la recomendación, argumentando que la Comisión carecía de atribuciones en el ámbito local y que ésta violaba su libertad de expresión. En cambio, Romero Serrano la aceptó en todos sus términos, lo que desató la ira del mandatario estatal, al grado de que hoy busca enviarlo a prisión.
Lo lamentable no es que Romero Serrano haya sido separado, o que Barbosa quiera encarcelarlo, quizás ambas cuestiones se las merezca, sino la subordinación de los poderes Judicial y Legislativo a los caprichos del gobernador, la vulneración del Estado de Derecho, y el desacato a ordenamientos de autoridades federales e instancias nacionales, como ha ocurrido con el caso de la toma del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Se imagina si este tipo de situaciones adquieren carta de naturalidad, y en Puebla los únicos chicharrones que truenen sean los del gobernador.
¡Ay nanita!
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