Urge una salida negociada al conflicto de la UDLAP
El conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha llegado a un punto crítico, que no conviene a ninguna de las partes, por lo que es previsible que la institución abra sus puertas en cualquier momento para permitir la reanudación de actividades presenciales, mientras la disputa de fondo sigue desahogándose en tribunales.
Lo ideal es que mientras en los juzgados y tribunales se resuelve qué patronato y rector son los legales y qué pasa con los bienes y recursos de la Fundación de la Universidad de las Américas y la Fundación Mary Street Jenkins, se nombre una tercería que conduzca a la institución.
Algunos intelectuales y académicos han planteado una solución de orden político, en tanto lo jurídico sigue su curso y sus tiempos. Ricardo Raphael, por ejemplo, ha propuesto que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) haga las veces de mediador y asuma de manera temporal el control administrativo de la UDLAP, para no perjudicar a los más 10 mil alumnos inscritos y 2 mil académicos y empleados de la institución.
El cierre del campus y las instalaciones de la UDLAP por más de siete meses ya afectó la matrícula. Se estima que por lo menos un 20% de sus alumnos ya se dio de baja de manera temporal o definitiva u optó por cambiarse de universidad.
El malestar de estudiantes, profesores, investigadores y padres de familia por la toma del campus, las protestas del empresariado que exige la reanudación de actividades, y los reclamos de otros sectores que demandan al gobierno barbosista sacar las manos del pleito y al Poder Judicial una resolución pronta y apegada a derecho, han llegado a un punto de inflexión.
La politización del conflicto o el manoseo partidista y electoral del mismo, es algo que a nadie conviene, por lo que es urgente que los principales actores involucrados dejen de tensar la liga y abran la posibilidad de una tercería, de una solución consensuada, que permita por lo pronto la reapertura del campus y el regreso a clases y prácticas presenciales.
Y eso que dicen que la @udlap está abierta para los alumnos y que la policía del @Gob_Puebla no es la impide la reanudación de actividades. Qué tal si de verdad estuviera abierta y los policías sólo vigilarán que todo se realizara con normalidad pic.twitter.com/mz6aNfWXpm
— Rodolfo Ruiz R. (@periodistasoy) February 1, 2022
Soy una mujer de palabra, aquí estoy en la @udlap acompañada del Presidente del Congreso, @SergioSalomonC, y de los diputados, @edgargarmendia2, @robertsolisvall, para constatar que la universidad no está tomada por elementos de @SSPGobPue y el @Gob_Puebla no tiene nada que ver. pic.twitter.com/zXILFeupeA
— Nora Escamilla (@NoraMEscamilla) February 1, 2022
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y los miembros del nuevo Patronato de la UDLAP tienen razón en reclamar el retorno a Puebla de los 750 millones de la Fundación Mary Street Jenkins y en llamar a cuentas a quienes han desviado estos fondos, en contra de la voluntad de su fundador y benefactor, William O. Jenkins, y los herederos de éste y miembros del Patronato de la Universidad de las Américas en exigir que el conflicto sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por jueces o instancias locales, como la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, que actúan bajo consigna o están a las órdenes del mandatario estatal.
La resolución que este martes emitió un Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, en la que ordena la reapertura del campus, pero bajo las órdenes de Armando Ríos Piter, rector nombrado por el denominado “nuevo” Patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez, no abona en nada a la solución del conflicto.
Por el contrario. Lo ahonda, considerando que existen dos resoluciones dictadas por instancias que escapan al gobernador de Puebla, como el juez Tercero de Distrito, Tomás Zurita García, y el juez civil de la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, que han instruido a Ríos Piter a liberar las instalaciones de la UDLAP y a entregárselas a la rectora interina nombrada por los Jenkins, Cecilia Anaya Berríos.
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