Mal comienza la nueva directora del penal de San Miguel
Las acciones y nombramientos que vienen dándose en el estado de Puebla para sanear y depurar los centros penitenciarios de la entidad, no parecen ser los más acertados.
La designación de la exagente del Ministerio Público María del Rayo Mendoza Farfán como directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, genera más dudas que certezas por su desconocimiento e inexperiencia en el manejo de penales.
Una cosa es que haya sido una buena agente en asuntos de violencia familiar y delitos sexuales, y otra es que su perfil sea el más acertado para acabar con la corrupción, el tráfico de drogas y alcohol, los privilegios de ciertos reclusos y el autogobierno que existe en el penal de San Miguel.
Y menos si los funcionarios que la acompañarán en la misión que se le encomendó de retomar el control del Cereso, combatir la corrupción de internos y custodios, y acabar con los privilegios de los ciertos reclusos, tienen pésimos antecedentes.
Entre ellos el recién nombrado subdirector de Seguridad y Custodia, Leopoldo Morales Nava, quien ya ocupó ese cargo en el mismo Cereso de Puebla, y fue encargado del penal de Ciudad Serdán, de los cuales salió en medio de señalamientos de corrupción; Daniel Huerta Gómez, que ya también estuvo en el penal de San Miguel como coordinador de seguridad y ahora regresa como jefe general de Seguridad y Custodia, así como Víctor Rentería Brenes, a quien designaron coordinador, pese a su oscuro historial a su paso por el penal de San Pedro Cholula.
Otra acción errática de la nueva directora del Cereso de Puebla es la improvisación de custodios.
Ante la falta de custodios que cubran los turnos del penal de San Miguel, después de la detención de una docena de ellos y su traslado al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, policías estatales están siendo obligados a laborar como carceleros dentro del Cereso.
La tarde del miércoles unos 60 elementos de la Policía Preventiva Estatal fueron enviados al reclusorio de San Miguel para realizar tareas de apoyo, pero ya en el lugar se les indicó que ahora trabajarían como custodios, lo que muchos no aceptaron.
De hecho, para ser custodio se requiere de una capacitación y certificación que los policías estatales no tienen. En la Academia de Policía podrían obtener esta certificación, pero después de un curso de tres meses y una evaluación.
Su área de adscripción también sería diferente, pues como custodios pasarían a depender de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, a la que llegó otro enviado del fiscal Gilberto Higuera Bernal, Jorge Pérez Melchor, en sustitución de Alfredo Vargas Quintanilla.
Los policías estatales no quieren ser celadores, y para expresar su inconformidad no le extrañe que en cualquier momento estos se manifiesten e incluso realicen un paro, que en las actuales circunstancias sería terrible, dada la crisis de seguridad que enfrenta el estado y los centros penitenciarios.
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