Casos penales que se convertirán en un dolor de cabeza para el gobierno del estado
Un personaje que ya también fue detenido y enviado al penal de San Miguel, de la capital del estado, es el que fuera director general administrativo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del estado en el sexenio de Rafael Moreno Valle, Toribio Moreno Carpinteyro.
Fue detenido por ahí del 15 de diciembre por la denuncia que en 2019 presentó el director del Museo de la Evolución, de Tehuacán, cuando la empresa que vendió la museografía se llevó un meteorito que era parte de una colección particular.
A Toribio Moreno ya se le dictó prisión preventiva y sus abogados han promovido un amparo para liberarlo en las primeras semanas del año entrante.
El conflicto entre la empresa que vendió la museografía y el gobierno del estado se registró cuando aquella reclamó el pago de las piezas adicionales que proveyó y la administración estatal se rehusó a liquidarlas. El chivo expiatorio de estos malos entendidos fue Toribio Moreno.
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Otro que también busca el amparo y protección de la justicia federal contra la prisión preventiva que ordenó un juez local de primera instancia es Bernardo Fernández Tanús.
El exjefe de oficina de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría de Gobernación del estado, fue enviado a la cárcel no por saquear Casa Puebla, como en algunos medios mal intencionadamente se ha publicado, sino por firmar un oficio autorizando la salida de muebles que el exgobernador José Antonio Gali Fayad acreditó como suyos, incluso con la fe del notario público René Meza Espejel.
Su encarcelamiento, a todas luces injusto y arbitrario, mucho dará de qué hablar el año entrante cuando su abogado Javier Coello Trejo no solo obtenga el amparo para liberar a su cliente, sino ventile el caso en medios nacionales.
El llamado Fiscal de Hierro es titular del despacho Coello Trejo y Asociados SC, especializado en asuntos penales.
Bernardo Fernández es miembro de una influyente familia poblana, dedicada al comercio y los abarrotes, y con muchas relaciones locales y nacionales y que está muy lastimada por su detención, tipificándole el delito de abuso de atribuciones en el servicio público.
Pero sobre todo por el tratamiento que la administración barbosista ha dado a su caso, exhibiéndolo ante la opinión pública como un funcionario corrupto y deshonesto cuando no es ni lo uno, ni lo otro.
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