Puebla: el acoso a la libertad de expresión
Puebla vive tiempos oscuros, las libertades modernas, propias de sociedades abiertas y democráticas, se encuentran amenazadas por el afán de su gobernador de uniformar los juicios y opiniones de la ciudadanía poblana en aras de un proyecto político personal.
El primer gobierno de alternancia en Puebla fue resultado de una inédita coalición entre partidos y fuerzas ideológicas históricamente antagónicas. Así pues, Rafael Moreno Valle ascendió a la primera magistratura enarbolando las banderas del pluralismo, la tolerancia, el diálogo y, desde luego, el disenso y el respeto por la diferencia.
El sueño fue breve. La ley mordaza, la empleomanía patrimonialista que privilegia los intereses de grupo por encima del interés general; el manejo discrecional de la Ley de transparencia y acceso a la información pública; la distribución facciosa de la publicidad oficial a los medios de comunicación; el desdén hacia las autoridades municipales y la falta de respeto al equilibrio y juego de contrapesos de los otros poderes públicos, configuran un régimen cerrado y premoderno contrario a las esperanzas populares de transformación democrática.
Confrontaciones con diputados, presidentes municipales, académicos, activistas sociales, partidos políticos y medios de comunicación son la constante que marca los primeros ocho meses de gestión de Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador del estado de Puebla.
Aquí una breve relatoría de sus desencuentros con la prensa y otros actores políticos sociales de la entidad.
Espionaje y daño moral
El primer diferendo con la prensa se dio cuando el gobernador, a través de una reforma enviada al Congreso del estado, eliminó del Código Penal los llamados delitos de prensa —difamación y calumnias—, adicionó al Código Civil la figura de daño moral con altas penas pecuniarias, y dotó a su pernicioso director de Comunicación Social de facultades para demandar a periodistas y medios que en su opinión afecten el buen nombre y reputación de instituciones y políticos.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de la debida protección del derecho al honor, la vida privada y la propia imagen.
El problema de estas reformas es que introducen la presunción del daño moral en beneficio de los potenciales demandantes, cuando las mejores prácticas establecen exactamente lo contrario, a fin de que los políticos, gobernantes y personajes públicos prueben que lo publicado tuvo el inequívoco propósito de dañar al demandante o que la información difundida se trató con desidia y negligencia.
En su momento, diversos medios de comunicación y organizaciones civiles, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) levantaron la voz contra esas modificaciones, pero sus protestas fueron ignoradas.
En la práctica tales reformas se han traducido en acoso y hostigamiento hacia los medios y personas que practican el oficio periodístico o que colaboran con artículos o columnas, que ahora se ven atosigados con cartas aclaratorias por doquier, con la amenaza de que si no se publican derivarán en demandas por daño moral hasta por 3,000 días de salario mínimo.
Y lo peor: en presuntas intervenciones telefónicas, vía la importación de sofisticados equipos de espionaje de fabricación israelí, que la administración morenovallista habría adquirido hace unos cinco meses y que se habrían introducido al país de manera ilegal en el Antonov AN124, el segundo avión de carga más grande del mundo, que aterrizó el pasado 7 de abril en el aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo.
Según el columnista Iván Tirzo, de El Sol de Puebla, el radar adquirido por la gestión morenovallista es un equipo de alta tecnología, del tamaño de una mesa de centro de sala, y con capacidad para intervenir todas las llamadas telefónicas, de celular y nextel en la ciudad de Puebla y zona metropolitana, que estaría siendo operado por Héctor Arrona, titular del Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Secretaría General de Gobierno.
El periodista Alejandro Mondragón ha revelado, a través de su cuenta de Twitter, la posibilidad de que sus teléfonos se encuentren intervenidos:
Al respecto el columnista Ricardo Morales aseguró hace unos días que “finalmente es Carlos Tornero Salinas, hermano del secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública del estado, el encargado de operar el moderno equipo de origen israelí que la administración morenovallista adquirió para espiar la vida de los poblanos, perdón, para utilizarlo en materia de inteligencia y seguridad pública”.
Lío con los académicos
Investigadores del INAH, académicos de la BUAP y reconocidos activistas sociales fueron los primeros en advertir el autoritarismo de Moreno Valle. La construcción del viaducto Zaragoza, en la zona histórica de Los Fuertes, llevó al ejecutivo a confrontarse con sus críticos.
Ante las protestas de los antropólogos e historiadores que cuestionaron el impacto de las obras en la zona de monumentos del Centro Histórico de la Ciudad, el gobernador les enderezó este discurso: “Vamos a tener grandes obstáculos, sé que en ocasiones hay pequeños grupos de presión que, por alguna razón, quieren oponerse al desarrollo de Puebla (…) Si alguien cree que va a poder, a través de la presión, detener el crecimiento y desarrollo de Puebla, les digo que están equivocados, que se equivocaron de gobernador porque conmigo se van a enfrentar”.
La respuesta no tardó en llegar. En una carta pública los investigadores del INAH consideraron que «esas formas intimidatorias sólo exhiben su nivel de intolerancia, igual al del virrey marqués de Croix que dijo: «…y de una vez para lo venidero deben entender los súbditos […] que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir y opinar en los altos asuntos del gobierno.»
Maltrato a presidentes municipales
Otros actores que también se han confrontado con el gobernador son los presidentes municipales. Ediles del PRI y del PAN han denunciado los intentos del gobierno estatal por controlar sus fondos provenientes de la federación, así como la asignación y ejecución de obra pública en sus municipios.
El 1 de septiembre el periodista Alejandro Mondragón escribió en su portal Status que varios presidentes municipales estaban agraviados por el maltrato que recibían del gobernador y algunos secretarios de su gabinete que los trataban como empleados.
Con el alcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez las diferencias se han traducido en maltratos públicos, como ocurrió la noche del 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia cuando el gobernador Moreno Valle prácticamente excluyó a su anfitrión del balcón de Palacio Municipal.
Días antes de ese acto el mandatario estatal ordenó el retiro de 227 policías que estaban asignados al ayuntamiento de Puebla. Moreno Valle afirmó que la gestión de Eduardo Rivera ya contaba con recursos suficientes del Subsemun para contratar a sus propios efectivos policíacos.
Otro presidente que también ha sufrido el desdén del Ejecutivo estatal es el de Tehuacán, Eliseo Lezama Prieto, situación que ha perjudicado a este municipio, el segundo más importante de la entidad, con recortes presupuestales y poca obra pública.
Desencuentros con partidos aliados
En los ocho meses que lleva en el cargo, el gobernador de Puebla se ha distanciado de tres de los cuatro partidos que se coaligaron para encumbrarlo a la primera magistratura de Puebla: PAN, PRD y Convergencia. El único que todavía le guarda lealtad es el Panal, controlado por Elba Esther Gordillo Morales.
Los conflictos de Moreno Valle con la dirigencia estatal panista y algunas de sus principales figuras han sido la constante desde que asumió la gubernatura el 1 de febrero. De hecho, en el último Consejo Nacional del PAN, la consejera Augusta Valentina Díaz de Rivera exigió la integración de una comisión especial que investigue el bloqueo de que han sido objeto los panistas en estados como Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
Como bien lo reflejó El Universal en su columna “Bajo Reserva” del lunes 29 de agosto: “En Puebla las cosas se han empezado a complicar para el gobernador aliancista Rafael Moreno Valle. En las últimas semanas ha acumulado conflictos que amenazan con perturbar la marcha de un gobierno aliancista que inició con buenos augurios. Moreno Valle tiene ya problemas con empresarios locales, con la poderosa Iglesia poblana, con medios de comunicación e incluso con diversas corrientes del PAN. Entre ellas se encuentra la que encabeza Ana Teresa Aranda, quien fue secretaria de Estado durante la administración de Vicente Fox y ha retomado su activismo estatal con duros señalamientos hacia un mandatario que arribó al cargo centralmente por el apoyo de Acción Nacional.”
Ana Teresa Aranda denunció este lunes ser víctima de amenazas de muerte por sus críticas al mandatario estatal, a quien responsabilizó de lo pudiera ocurrirle.
En su columna del periódico Excélsior, Enrique Aranda también consignó la difícil convivencia entre el gobernador y los dirigentes locales de su partido: “Nada sencilla parece ser la vida para el panismo poblano, instalado en el llamado de ´renovación ética´ de Calderón. Más de uno entre los casi 30 consejeros estatales panistas convocados a ´dialogar´ con un grupo de funcionarios del gobierno del irredento elbista Rafael Moreno Valle se sorprendió cuando, tras concurrir a la apresurada cita dominical, constató que el único propósito de los operadores del mandatario con quienes se reunieron, no era sino ´presentarse´ —tras casi un año de gestión—, acercarse a ellos y ofrecerse como interlocutores entre la administración estatal y el PAN-Puebla”.
Cárcel para el auditor del OFS
El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, es otro personaje que no ha escapado a las presiones gubernamentales para obligarlo a renunciar y ceder su puesto a un emisario del morenovallismo.
Este viernes 14 de octubre se presentó —amparado— a una conferencia de prensa para aclarar que no es prófugo de la justicia, luego que en la víspera el procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá, anunció la existencia de una orden de aprehensión en contra del funcionario del Poder Legislativo, encargado de revisar y dictaminar las cuentas públicas de los poderes del estado.
“Lamento que el señor Procurador haya emitido una información de la que no teníamos conocimiento, fue una noticia sorpresiva, ya que tenemos una cita pendiente para declarar; no es posible que se acuse a una persona, que no se le dé tiempo a defenderse y se ejerza acción penal, es como si estuviéramos en los tiempos de la inquisición”.
La orden de aprehensión girada en contra de Hernández Quintana es resultado de una denuncia del removido alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, a quien el Congreso destituyó tras no poder comprobar la aplicación de 11 millones de pesos de su anterior gestión como presidente municipal.
El caso del auditor general ha levantado polémica aun entre los diputados locales del PAN, por la celeridad con se integró su averiguación y porque la misma tiene como origen una denuncia promovida por el destituido munícipe de Tlatlauquitepec, cuya postulación tuvo el visto bueno del actual gobernador.
Desafuero del diputado convergente
Otro escándalo mediático resultado de una grabación filtrada al periódico Cambio fue el protagonizado por el diputado convergente José Juan Espinosa Torres y la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez, quien más tarde acusaría al legislador de extorsión.
Como consecuencia de tales audios, un grupo de diputados locales planteó la remoción de José Juan Espinosa y su posible desafuero, así como su relevo de la presidencia del Comité de Administración del Congreso del estado.
Éste, por su parte, atribuyó la filtración al espionaje que practica la administración estatal contra sus críticos. Andrés Manuel López Obrador, en gira por la Sierra Norte de Puebla, salió en defensa del legislador convergente, y atribuyó los ataques y maniobras para desaforarlo a una injusticia y represalia política del gobernador Moreno Valle, al que calificó de autoritario y mafioso.
Boicot y censura a medios de comunicación
Si algo define la relación del gobierno del estado con los medios de comunicación es la confrontación, generada principalmente por el vocero Sergio Ramírez Robles y sus actitudes de acoso y descalificación vía Twitter y cartas aclaratorias.
Según datos del mismo funcionario estatal, en cuatro meses ha enviado 125 cartas aclaratorias a distintos medios y periodistas de Puebla y la capital del país.
“Al inicio de este gobierno, varios medios y periodistas tuvimos claro que habría acoso y se buscaría atentar contra la libertad de expresión. Ello a partir de que en febrero se conoció la iniciativa de reforma para “despenalizar los delitos de prensa”, que aparentemente era en beneficio del gremio pero daba pauta a la intimidación de medios y periodistas”, escribió hace unos días la periodista Socorro López Espinosa en su columna Balance Financiero.
Alejandro Mondragón, director del portal Status y conductor del noticiario radiofónico Al Portador, denunció en marzo y más recientemente en agosto que “el mandatario ha orquestado un boicot informativo y comercial contra la mayoría de los medios de comunicación. Solicitó a otras instancias como municipales, universitarias e incluso empresariales y de otros estados circunvecinos, no contratar publicidad y tampoco proporcionar información directa en entrevistas, salvo en los casos que él ha palomeado y ordenado, a través de la Secretaría General de Gobierno.”
Enrique Núñez, director del periódico Intolerancia, también se ha quejado de lo mismo: “la historia de la compra de publicidad en los medios impresos es un asunto totalmente discrecional y que se maneja con la vara inquisidora del nuevo sexenio… En el caso de Intolerancia Diario y del portal informativo www.intoleranciadiario.com, queda claro que la poca publicidad que han recibido nuestros medios, está condicionada a los estados de ánimo del titular de la DGCS del gobierno del estado, o —en su defecto— a la ´buena conducta informativa´, que es muy distinta a la política editorial de Intolerancia.”
Al tratar de encontrar una explicación sobre el origen de la mala relación entre la prensa y Moreno Valle, Alejandro C. Manjarrez, director de la revista Réplica, sostiene que el gobernador cree que si pudo ganar la gubernatura con la prensa en contra también podrá gobernar sin tomar en cuenta a los periodistas.
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Simón dice:
“La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír.”
George Orwell (1903-1950) Escritor británico.
