Y si Barbosa mejor se ocupa del presente…
Nada mal le haría al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dejar de hurgar en el pasado —solo por un momento—, para concentrarse en el presente y, en concreto, en algunas y acciones y programas emprendidos por su administración, no solo por la sangría económica y financiera que representan, sino porque han resultado un auténtico fracaso.
A guisa de ejemplo le cito tres casos: el programa conocido como monitoreo vial contratado a la empresa jalisciense Intecproof SA de CV en 773.6 millones de pesos; el programa Alianza Felicidad, creado para financiar obra pública y mejoramiento de vivienda popular con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, la Congregación Mariana Trinitaria y 56 ayuntamientos; y el programa Centros Preventivos de Bienestar, por el cual se brindarían mensualmente entre 4 mil y 30 mil acciones médicas y de salud en 20 clínicas del estado.
Del primer programa impulsada por la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, y del que ya nos hemos ocupado en anteriores entregas, le haré un recuento esta semana de lo que cuesta y de lo que recauda, y del daño patrimonial que este contrato ha significado para las arcas estatales.
Del programa Alianza Felicidad ya también hemos escrito, pero vale la pena abundar, pues su fallida implementación y los fraudes cometidos por los encargados de operarlo podrían ser la causa de la remoción de Lizeth Sánchez García como titular de la Secretaría de Bienestar del estado.
Esta estrategia, que se ha disgregado en diferentes subprogramas como Calidez Sustentable, Nutriendo Vidas, Corresponsabilidad Social y Superación de la Pobreza, Financiamiento de Obra Pública y Mejoramiento de Vivienda, partía de la base que la Congregación Mariana Trinitaria aportaría hasta 450 millones de pesos, siempre que el gobierno del estado y los ayuntamientos también invirtieran recursos o financiaran acciones que iban desde la construcción de cuartos y mejoramiento de viviendas, hasta la compra de tinacos, calentadores, láminas, material de construcción, despensas, leche y alimentos básicos.
Dicho programa es un fracaso, la Congregación no realizó las mil viviendas de 25 metros cuadrados que ofreció con un presupuesto de 100 millones de pesos, y decenas de beneficiarios que aportaron dinero para la compra de tinacos Rotoplas, calentadores solares, pintura, materiales de construcción e insumos alimentarios como leche, nunca recibieron los bienes prometidos.
Las aportaciones llegaban incompletas a los donantes, y los encargados de cobrarlas y entregarlas —Juan José Hernández Landeros, Genaro Saavedra Morales y Alberto Camacho Arroyo adscritos a la Dirección de Desarrollo Microregional— fueron despedidos por la secretaria de Bienestar, quien no termina de explicar qué pasó o por qué la Alianza Felicidad terminó en fracaso gubernamental.
El tercer programa denominado Centros Preventivos de Bienestar tiene su origen en una licitación a modo asignada a la empresa Operadora de Servicios Médicos ML SA de CV (que después cambio de razón social a Medical Life), que obtuvo un contrato de 835 millones 116 mil pesos, gracias a los buenos oficios de la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro, y el subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil.
La empresa tenía que implementar de enero de 2020 a diciembre de 2022 una red de 20 clínicas en distintas regiones de la entidad que se encargarían de prestar servicios integrales de salud, que van desde consultas médicas y análisis clínicos y de laboratorio, hasta tratamientos dentales y oftalmológicos.
La iniciativa parecía plausible, considerando la desaparición del Seguro Popular y que más de un tercio de la población del estado carece de servicios de salud, sin embargo, a ocho meses de distancia el programa es un fracaso.
Las 20 clínicas deberían atender a unas 600 mil personas, pero no han atendido ni a 2 mil por Centro Preventivo de Bienestar, lo que no ha sido impedimento para que la empresa favorecida con este millonario contrato cobre mes con mes la cifra convenida.
¿Y la Auditoría Superior del Estado? ¿Y la Secretaría de la Función Pública? ¡¡Bien, gracias!!
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