Fotomultas: el gobierno paga más de lo que recauda
Un contrato que el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, debería revisar, ahora que ya prometió mano dura para investigar y en su caso sancionar presuntas irregularidades en las licitaciones y adjudicaciones realizadas por la Secretaría de Administración del estado, es el relativo a la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través de radares de velocidad, de administrar las infracciones por exceso de velocidad, y de detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.
Se trata de uno de los contratos de mayor cuantía en lo que va de la administración barbosista, por un monto de 773.6 millones de pesos a favor de la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, que es recomendada del empresario Enrique Molina Sobrino.
Las irregularidades en las que ha incurrido la empresa proveedora de estos servicios son muchas, sin que hasta el momento ninguna autoridad la haya sancionado por incumplimiento.
Pese al objetivo recaudatorio de las fotomultas, el gobierno del estado paga más, mucho más, de lo que Intecproof es capaz de generar por estas infracciones que sancionan el exceso de velocidad en las principales vialidades de la zona metropolitana de Puebla.
El año pasado los ingresos captados en las arcas estatales por más de 251 mil fotomultas —de acuerdo con lo informado por la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, a los diputados locales el día de su comparecencia— ascendieron a sólo 70.4 millones de pesos.
Dicha cantidad resulta ridícula a la luz de lo que la Secretaría de Planeación y Finanzas le paga y le pagará a Intecproof mes con mes durante tres años: 21 millones 491 mil de pesos.
Si el titular de la ASE de verdad quiere indagar a fondo las irregularidades de la licitación pública nacional GESAL-053-824/2019, debería preguntar por qué Intecproof no ha cumplido con la meta de captar 380 mil fotomultas al mes.
Por qué si su iguala mensual de 21 millones de pesos estaba condicionada al levantamiento de ese número de fotomultas, el gobierno del estado le ha seguido pagando puntualmente.
Dónde se ubican las 157 cámaras de detección de exceso de velocidad y las 157 ANPR de monitoreo de placas y alertas de vehículos involucrados en delitos que supuestamente instaló la empresa favorecida con ese contrato de 773.6 millones de pesos.
Qué penalizaciones, de las que se asentaron en el anexo 4 de las bases de licitación, se le han hecho efectivas a Interproof por bienes no suministrados en los plazos convenidos, por la entrega de un servicio diferente al solicitado, ya sea por sus características, contenido o calidad, o por los servicios no iniciados o prestados del contrato por cada día natural de retraso.
EN CORTO
La reunión que este domingo sostuvieron 8 de los 11 aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Puebla, hay que leerla como la respuesta de Claudia Rivera Vivanco y un grupo mayoritario del Consejo Estatal, a la alianza del diputado Gabriel Biestro Medinilla y el operador electoral del gobernador, Eric Cotoñeto Carmona, el jueves de la pasada en el hotel Quinta Real.
La ausencia del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local a esta reunión de aspirantes a la alcaldía capitalina es significativa, sobre todo cuando el supuesto propósito del encuentro fue un compromiso con la unidad y con evitar las descalificaciones entre militantes del mismo partido.
Convocados por el presidente del Consejo Estatal de Morena, Saúl Papaqui Hernández, los siete aspirantes pactaron apoyar y sumarse al que gane la encuesta que determinará al candidato que será postulado por la coalición Juntos Haremos Historia.
Así las cosas, no descarte que varios de estos aspirantes terminen sumándose o declinando por la presidenta municipal Claudia Rivera y que en ese contexto la polarización entre ésta y el diputado Gabriel Biestro suba de intensidad y tal situación termine favoreciendo a un tercero en discordia.
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La nueva subsecretaria de Educación Obligatoria, María del Coral Morales Espinosa, ya comenzó a deshacerse del grupo tenía el control de esa oficina, encabezado por el compadre de la removida subsecretaria, Raúl Iván Robles Salazar, quien venía desempeñándose como secretario técnico.
Hasta dónde se sabe Iván Robles tenía un doble ingreso, un sueldo de horarios como secretario técnico de la Subsecretaría y un salario de profesor asociado A de tres cuartos de tiempo con la plaza E4727 con la que cobraba como director de bachillerato digital.
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Un nuevo escándalo de corrupción podría sacudir el ayuntamiento de Luis Alberto Arriaga Lila en San Pedro Cholula, ahora que se descubra que algunos funcionarios de su administración han venido apropiándose a la mala de algunos terrenos.
Uno de los implicados de esta red, de la que no es ajena el munícipe, es el director de Operación y Movilidad Urbana de San Pedro Cholula, Guillermo Humberto González Ibarra.
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