Encubren legisladores entrantes transas de sus antecesores en cuentas públicas
* La LVII Legislatura aprobó cuenta de Alfredo Arango pese a faltantes por 682 mdp
* En el Periódico Oficial del estado constan las anomalías del secretario de Salud
* Adeuda el IEE un millón de pesos en rentas y otro en liquidaciones de su personal
Si usted fuera el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, el presidente de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior o simplemente un diputado, ¿qué haría si le dijeran que tiene que aprobar un dictamen que documenta irregularidades por un monto de 682 millones 792 mil 683 pesos por gastos no comprobados ni justificados?
¿Lo aprobaría?
Pero que además estas irregularidades no corresponden a cualquier funcionario de la pasada administración estatal, sino al secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García…
Que la cantidad de 682 millones de pesos —cuantificada por el Órgano de Fiscalización Superior— no es resultado de un acumulado de pliegos de observaciones y cargos de seis años, sino sólo de un semestre comprendido entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 2009…
Que las irregularidades se fincan sobre fondos federales recibidos por la Secretaría de Salud destinados a la compra de equipos médicos y hospitalarios; la adquisición de medicinas, material de curación y sustancias químicas; y la contratación de servicios de fumigación para clínicas y hospitales del sector salud…
Que entre los gastos no comprobados hay diferencias entre lo que se pagó a proveedores y el importe de las facturas remitidas; facturas que tienen fecha de 2008 pero que se registraron en el gasto de 2009; fallos de licitaciones y adjudicaciones directas que no se firmaron; diferencias en los saldos de caja, bancos, inversiones, valores y cuentas por cobrar y pagar; y depósitos no registrados en cuentas bancarias…
Que tampoco existen dictámenes técnicos que amparen la baja de medicamentos y material de curación supuestamente caducos por un importe 1.8 millones de pesos; ni actas circunstanciadas de baja de medicamentos por jurisdicción, ni un contrato con la empresa que supuestamente recolectó, transportó y destruyó los residuos peligrosos, así como las medicinas y el material de curación caducos…
Vuelvo a preguntarle: ¿aprobaría usted este dictamen?
Pues déjeme decirle que eso que usted seguramente no aprobaría, fue lo que hicieron un día antes de concluir su gestión los diputados de la pasada legislatura del Congreso del estado.
Sí, me refiero a los diputados de la LVII Legislatura local que hasta el día de hoy no han sido llamados a comparecer para que expliquen por qué aprobaron 33 cuentas públicas que los auditores del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) habían rechazado debido a que los sujetos auditados no podían solventar varios cientos de millones de pesos.
Para corroborarlo, los diputados de la actual legislatura sólo tendrían que solicitar el Periódico Oficial del Estado de Puebla del viernes 18 de febrero de 2011, en donde consta que aún cuando Alfredo Arango no pudo comprobar recursos públicos por 682 millones de pesos ejercidos entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 2009, su cuenta pública fue aprobada.
Click para ampliar
Ahí, en la página 16 de la segunda sección, podrían checar que el decreto en el cual se aprobó la irregular cuenta pública del secretario de Salud marinista fue firmado por el diputado priísta Juan Antonio González Hernández y su homólogo del Panal Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, que no sólo fungían como presidente y vicepresidente de la mesa directiva, sino que además eran integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.
¿Por qué los diputados salientes aprobaron en su última sesión cuentas públicas, como la del secretario de Salud Alfredo Arango y de otros ex presidentes municipales del PRI y el PAN con dictamen negativo del OFS?
¿Por qué en vez de iniciar procesos administrativos y penales en contra de aquellos, los diputados de la anterior legislatura se hicieron de la vista gorda y cómplices de esas transas?
¿Por qué los diputados actuales no quieren saber nada del tema, y en lugar de llamar a cuentas a sus antecesores quieren que el auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, pague los platos rotos de las filtraciones y el cada vez más evidente pacto de impunidad entre las autoridades salientes y entrantes?
Ahora sí como dice el clásico: ¡Qué asquerosidad!
EN CORTO
A los adeudos laborales por alrededor de un millón de pesos que tiene el Instituto Electoral del Estado (IEE) habrá que sumar otro millón de pesos que el propietario de la anterior sede del organismo reclama por arrendamiento y mantenimiento de ese inmueble ubicado en la colonia Belisario Domínguez.
Resulta que la juez tercero de lo Civil, María Alicia Ortiz Márquez, condenó al IEE a pagar al propietario del edificio de la 15 Poniente 3515 siete meses de renta, más una penalización del 25% y los costos del juicio promovido por el dueño del inmueble Isaac Pinhas Disner.
La sentencia, de abril de 2011, ya fue impugnada por el titular de la Unidad Jurídica del Instituto, Rubén Gutiérrez Rojas, quien en marzo del año pasado acudió al Juzgado Octavo de lo Civil a entregar las llaves del edificio y a depositar la que sería la última renta.
En su apelación Rubén Gutiérrez sostiene que el fallo de la juez María Alicia Ortiz debe revocarse, toda vez que el Instituto fue condenado a cubrir conceptos que le fueron probados en el juicio.
Respecto a los adeudos laborales por liquidaciones o indemnizaciones pendientes de pago por casi un millón de pesos, trascendió que estos corresponden a una decena de ex funcionarios del IEE, entre los que destacan:
El ex asistente del consejero Juan Carlos De la Hera, Alejandro González Alderete; la ex encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo; el ex titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional, Sergio Ayala Jasso; la ex analista Alma Berenice Medrano Zaragoza; la ex coordinadora de Comunicación Social, Diana Patricia Balbuena Espinosa.
A la lista hay que agregar los nombres de Erika López Sánchez, ex analista del Instituto; Hugo Campos Cabrera, ex subdirector de Fiscalización; y Beatriz García Lagunes, ex jefa de Recursos Financieros.
***
Simón dice:
“Cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.
