Publicidad oficial ¿para informar o manipular?
La asignación de publicidad oficial sin reglas claras ni criterios lógicos de orden cuantitativo y cualitativo no es una práctica exclusiva de Puebla; en los gobiernos estatal y federal también se replica, pero con montos infinitamente mayores que los que mostró e-consulta sobre el ayuntamiento de Puebla en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz.
Este miércoles se lanzó en la Ciudad de México la página www.publicidadoficial.com.mx como una iniciativa de tres organizaciones —Article 19, Universidad de la Comunicación y Fundar— interesadas en erradicar la manipulación de los medios de comunicación a través de pautas o convenios de publicidad gubernamental.
Durante la presentación del sitio, en el marco de un foro titulado Recursos públicos y publicidad oficial, ¿para informarte o manipularte? en el que participaron periodistas como Ignacio Rodríguez Reyna, de la revista Emeequis y Javier Solórzano Zínser de Radio Trece, se concluyó que los gobernantes que se resisten a transparentar sus convenios publicitarios es porque quieren usarlos para promocionar su imagen o como instrumento de castigo o premio para inducir líneas informativas o editoriales.
En el acto también intervinieron Aleida Calleja, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe; Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar Centro de Análisis e Investigación; y Omar Rábago, oficial adjunto de la organización Article 19.
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México gasta cinco veces más que Canadá en publicidad oficial, más del doble de Francia y Argentina y casi el triple de España.
En lo que va del sexenio, Felipe Calderón ha ejercido 18 mil 834 millones de pesos en comunicación social, cantidad que equivale a la construcción de 1,883 escuelas públicas.
En publicitar su guerra contra el narco, el presidente Calderón ha gastado 1,123 millones de pesos.
Sólo en 2010 se autorizaron 6,479 millones de pesos para publicidad oficial, cifra 288% mayor que la que se había presupuestado para ese año.
Estos excesos —en que incurren por igual la mayoría de los gobiernos sin distingo partidista—, en Puebla han sido la constante desde hace muchos años.
El Congreso del Estado y el Cabildo Municipal aprobaron gastos para comunicación social y publicidad que ni el gobernador Mario Marín Torres, ni la presidenta Blanca Alcalá Ruiz respetaron.
Ambos mal invirtieron un buen porcentaje de esos recursos públicos en medios carentes de circulación, rating o impacto social, en dueños y columnistas corruptos que ven la paja en el ojo ajeno olvidándose de la viga que llevan dentro y en pasquines que sólo viven de los chayotes que cobran sus editores, pues no tienen lectores ni anunciantes.
Hay, por supuesto, sus excepciones. Pero son sólo eso: excepciones.
A Blanca Alcalá se le autorizaron en 2008, 48.2 millones de pesos para comunicación social publicidad y se gastó 97.5 millones, y en 2009, 50.3 millones de pesos y se gastó 101 millones, es decir, el doble.
¿Puedo llamarse a esto eficiencia? ¿Es esta la honestidad que tanto nos presumió?
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Simón dice:
“Hacerle caso a los pendejos es engrandecerlos.”
Refrán popular.
