Una de las expresiones coloquiales del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para desacreditar a sus críticos y opositores es señalarlos como parte de la banda de los conejos.

Según el mandatario este grupo está integrado por personajes de línea conservadora dedicados a criticar de manera malintencionada a su administración.

Barbosa ha ubicado como miembros de esta banda a la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, al diputado Oswaldo Jiménez, al que fuera su director del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Pedro Gómez, así como al rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, al diputado José Juan Espinosa y al diputado federal Fernando Manzanilla, al que identifica como el jefe.

En su mañanera de este jueves, el gobernador también involucró al que esto escribe como parte de ese grupo.

Lo que el gobernador debería saber es que la verdadera banda de los conejos está en el corazón de su gobierno, con todos los chiapanecos que han llegado con Florencio Madariaga Granados, Seth Yassir Vázquez Hernández y Raciel López Salazar.

En Chiapas a los nacidos en Tuxtla Gutiérrez se les llama conejos, ya que el nombre de la capital chiapaneca deriva del vocablo prehispánico Tuchtlán, que significa lugar donde abundan los conejos.

Así pues la verdadera banda de los conejos es aquella formada por los llegados de Tuxtla y que hoy controlan las áreas de seguridad pública, los penales, y las policías municipales, y a los que el gobernador Barbosa encomendó las denuncias penales que se maquilan contra decenas de ex funcionarios morenovallistas y galistas en la Fiscalía, la Consejería Jurídica y el despacho del ex procurador chiapaneco Florencio Madariaga.

***

Una renuncia de la que no se ha dicho mucho, pero que podría ser muy reveladora de lo que sucede en varias dependencias de la administración estatal es la de Carlos Velázquez Alfaro como director del Registro Público de la Propiedad.

El funcionario, que ya había ocupado ese cargo en un gobierno anterior, sólo estuvo del 5 al 13 de octubre pues prefirió renunciar, antes que extorsionar a sus subordinados con la cuota que le impusieron.

En su lugar fue designado Ricardo Centeno.

La que todavía no se halla como directora general del Instituto Registral y Catastral del estado es Lizeth Delfín Domínguez, quien llegó al cargo sin experiencia en el área y sin conocimientos de derecho registral.

Antes de ocupar el cargo que tenía Jaime Calderón Vázquez, quien salió del IRCEP en medio de acusaciones de acoso laboral y sexual, Lizeth Delfín Domínguez se desempeñaba como jefa del Departamento de Recursos Materiales del Sistema Estatal DIF.

Y antes de eso trabajó en un juzgado federal de distrito.

A mediados de esta semana, a la joven abogada se le pidió que solicitara al personal de confianza del Instituto su renuncia, por lo que el lunes podrían darse a conocer varios cambios.

***

Esta semana presentó su renuncia irrevocable al PRI la maestra Mayra Angélica Sánchez García, quien venía desempeñándose como presidenta estatal de la organización Unidad Revolucionaria.

Mayra Sánchez esperó que su periodo como presidenta de esta asociación nacional concluyera para anunciar su salida del PRI.

La ex rectora de la Universidad Politécnica de Puebla ha recibido algunas invitaciones para incorporarse a otros partidos, pero todo indica que se sumará a Morena a invitación del enlace nacional de este partido en la entidad, Carlos Alberto Evangelista Aniceto.

Con Mayra Sánchez se irán otros priistas, que también fueron parte de la dirigencia estatal de Unidad Revolucionaria, entre ellos Antonino Soriano Soriano y Rosario Guadalupe Climaco Báez.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Anote el nombre de Alejandro Muñoz Muratalla como próximo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla para el periodo 2021-2022, en sustitución de Jesús Ramiro Díaz.

Las elecciones para la renovación del consejo directivo de este colegio profesional se efectuarán el viernes 27 de noviembre de 9 a 19 horas en las oficinas de éste ubicadas en la 11 Oriente número 9 en el Centro Histórico de Puebla.

Otros que también podrían buscar la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles son Sebastián Serrano Vega, que fue presidente del organismo, y Pablo Solana, quienes aún no cuentan con las 80 firmas de socios que necesitan para poder registrarse.

***

Silvia Argüello de Julián será nombrada en los próximos días presidenta del Comité Municipal de Puebla del Partido Nueva Alianza (Panal).

Su designación, en la que nada tuvo que ver Fernando Manzanilla Prieto, busca fortalecer a este partido de cara a los comicios de 2021.

El reto del Panal es enorme, pues aunque ya puede aliarse con otros partidos nacionales, necesita obtener al menos el 3% de la votación para mantener su registro como partido estatal.

El nombramiento de Silvia Argüello será anunciado por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Panal, Emilio Salgado Néstor, junto con los de otros 40 o 50 dirigentes de comités municipales.

***

Tal como se lo anticipé, la farsa de la licitación GESAL-101-465/2020 para la contratación de Equipo de Balanceo de Cargas y Aplicaciones Web para la Secretaría de Educación Pública del estado, se hizo evidente hoy durante la junta de aclaraciones.

A esta reunión sólo se presentó la empresa para la que estaba destinada este procedimiento, It Services and Solutions SA de CV, cuyo representante no externó ninguna duda o inquietud sobre las bases de la licitación y los requerimientos técnicos del equipo a contratar.

¿Para qué tanto show, no hubiera sido mejor una adjudicación directa?

***

Lo mismo sucedió en la licitación GESALF-004-462/2020 para la compra por parte del Sistema Estatal DIF de camionetas adaptadas para discapacitados, con recursos federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis 2020), en la que sólo quedan dos empresas.

Entre ellas la que se llevará el contrato por alrededor de 18.5 millones de pesos, Adamed SA de CV, que es la misma que el año pasado lo ganó pero mediante un procedimiento de invitación restringida.

La otra empresa que sigue en la puja, pese a que no tiene experiencia en hacer conversiones o adaptaciones de vehículos, es Lease and Fleet Solutions SA de CV, que incluso cotizó por abajo de aquella.

Para esta licitación, el precio unitario ofrecido por Adamed es 90 mil pesos menor al del año pasado. En 2019 pidió por cada camioneta adaptada 1 millón 144 mil 800 pesos y en esta licitación su propuesta es de 1 millón 54 mil 625 pesos por cada unidad.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Trivia:

¿Qué connotado empresario de Puebla le ha facilitado al gobernador Luis Miguel Barbosa sus aviones para viajar a reuniones fuera la entidad?

Aquí algunos tips.

Uno de los viajes fue al estado de San Luis Potosí, donde se llevó a cabo la LIX Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la asistencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles 19 de agosto.

El empresario en cuestión es propietario no de uno sino de dos aviones y ambos han sido utilizados ya por el mandatario estatal.

***

No estaría de más que la Federación pusiera atención en la licitación GESALF-004-462/2020 para la compra por parte del Sistema Estatal DIF de camionetas adaptadas para discapacitados, con recursos federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Fotradis 2020).

Y es que ese procedimiento a cargo de la Secretaría de Administración del estado podría ser impugnado por algunas empresas licitantes que han pedido modificar las especificaciones y características de las rampas y el piso de las unidades ya que éstas sólo las cumple la empresa Sumacortec SA de CV de Grupo Ferbel, propiedad de Fernando Mauricio Beltrán Barona, quien también es dueño de la empresa Adamed SA de CV, a la que el año pasado se le adjudicó este contrato mediante un procedimiento de invitación restringida.

En la junta de aclaraciones los representantes de la mayoría de las 10 empresas que participan en la licitación han solicitado a los funcionarios de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de la Secretaría de Administración se cambie el modelo de piso de las unidades, ya que el requerido está patentado, así como la marca de las rampas, ya que de lo contrario parecería que el proceso está orientado a ser ganado por la referida compañía de Querétaro.

Sin embargo todas las peticiones en ese sentido fueron rechazadas con la misma cantaleta: “No se acepta su propuesta, favor de apegarse a las bases de la convocatoria”, lo que contradice la fracción V del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las solicitudes de aclaración se remita al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la licitación pública. En caso de que la respuesta a la solicitud de aclaración remita a la convocatoria a la licitación pública, deberá señalar el apartado específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento”.

El presupuesto previsto para la adquisición de estas 19 camionetas adaptadas ronda los 18.5 millones de pesos.

***

Otra licitación que también parece tener dedicatoria, ya que sólo una de las empresas que participa cumple con uno de los candados de la convocatoria es la marcada con la clave GESAL-101-465/2020 para la contratación de Equipo de Balanceo de Cargas y Aplicaciones Web para la Secretaría de Educación Pública del estado.

La licitación es un traje a la medida para la empresa poblana It Services and Solutions SA de CV, que lleva como comparsas en este proceso a Provectus Tecnología SA de CV de la Ciudad de México y a Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable SA de CV del estado de Durango.

En las bases se establecieron especificaciones técnicas que sólo un fabricante tiene, la marca F5, y que va de la mano en esta licitación con la empresa poblana arriba mencionada.

Este contrato será de más menos 3 millones de pesos.

***

El mal ejemplo de las licitaciones amañadas ya también alcanzó al ayuntamiento de Puebla en la adquisición de ambulancias y vehículos equipados para la Secretaría de Protección Civil.

El Comité Municipal de Adjudicaciones se aventó la puntada de pedir a las empresas participantes muestras físicas de las ambulancias y autos equipados dos días hábiles antes de la apertura de propuestas técnicas.

La junta de aclaraciones donde se especificará a las empresas licitantes las necesidades de equipamiento tanto de las ambulancias como de los vehículos se llevará a cabo mañana miércoles, y el martes de la siguiente semana la apertura de propuestas técnicas.

Lo que significa que este viernes los concursantes tendrán que presentar su modelo de ambulancia y su modelo de auto equipado.

¿Así, o más dirigida la licitación?

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Ayer le decía que el gobierno de Luis Miguel Barbosa no tenía un compromiso serio con el combate a la corrupción y que su gestión estaba siendo omisa para investigar y sancionar abusos cometidos por funcionarios en funciones.

Un caso que ilustra lo anterior es el contrato suscrito por la administración estatal con la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual le adjudicaron en 773 millones 693 mil pesos el programa Monitor Vial y las llamadas fotomultas.

La empresa, que cobrará en 36 meses cuatro veces más que lo que se pagó a Autotraffic SA de CV en 6 años, ha venido incumpliendo sistemáticamente con lo que se le contrató y no se le rescinde el contrato ni se le penaliza en términos del anexo 4 de la licitación pública nacional LPN GESAL-053-824/2019.

Y eso es corrupción o por lo menos negligencia.

Según el millonario contrato que se firmó, Intecprof debía instalar 157 monitores de detección de exceso de velocidad y 157 equipos de reconocimiento automático de matrículas.

Las 314 cámaras tendrían que haberse instalado a más tardar el 13 y el 18 de abril de este año. Sin embargo eso no sucedió.

Los equipos todavía se siguieron colocando durante el mes de agosto en el segundo piso de la autopista México-Puebla. Pero con una agravante, no se instalaron 314 cámaras, sino sólo 157 que supuestamente hacen las dos tareas: monitorean velocidad y detectan matrículas de vehículos buscados.

Y digo supuestamente porque en la realidad no hacen ni lo uno, ni lo otro, al menos de manera eficiente como en una posterior entrega se lo demostraré.

Pero lo extraño es que a pesar de estos incumplimientos, la empresa Intecproof —que fue recomendada por la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro—, no ha sido sancionada con penalizaciones del 1 y 2% sobre el monto total del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla

1% Por cada día de retraso que transcurra sobre el importe de los bienes derivados del servicio no suministrados en el plazo señalado para su cumplimiento, contados a partir del vencimiento del plazo establecido para su instalación a entera satisfacción del contratante.

2% Por la entrega del servicio diferente a lo solicitado en la descripción de la partida, ya sea por característica, contenido, calidad, etc.

2% Por el monto correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente posterior a la fecha pactada por el inicio del servicio.

2% Por la entrega de bienes derivados del servicio, que se encuentren en malas condiciones ya sea por maltrato, rotos, despostillados, inservibles, usados, etc.

El gobierno de Barbosa y la empresa seguramente argumentarán que la pandemia afectó el proyecto, lo cual no debe ser excusa para no sancionar a Intecproof no sólo con las penalizaciones arriba mencionadas, sino con la rescisión de ese millonario contrato.

En la misma licitación claramente se estableció que “en el caso que la contratante autorice una prórroga por causas imputables al licitante, durante la misma, se deberán aplicar las sanciones establecidas en la tabla anterior por cada día prorrogado”.

Dudas:

¿Por qué esas penalizaciones no se han ejecutado?, ¿Qué impide a la Secretaría de Planeación y Finanzas hacerlas efectivas e incluso rescindir el contrato en términos del artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y con el Anexo 4 de las bases de la licitación?

¿Por qué la secretaria María Teresa Castro no hace efectiva la póliza de garantía y reasigna ese jugoso contrato?

¿Por qué las dependencias involucradas en este programa de Monitor Vial y Fotomultas: la ya mencionada Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Seguridad Pública, se rehúsan a informar hasta lo más elemental sobre Intecproof?

¿Por qué ocultan dónde están instaladas las cámaras?, ¿Cuántas fotomultas de las 380 mil que tenía que hacer la empresa se han levantado mes con mes? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuántos vehículos se han ubicado con el sistema de detección de matrículas? ¿Cuántas de esas unidades han sido detenidas por estar involucradas en delitos?

¿A cuánto ascienden los pagos que ha recibido la empresa jalisciense de enero a septiembre por su deficiente servicio? ¿Y a cuánto las multas que la Secretaría de Planeación y Finanzas le tuvo que haber aplicado por los incumplimientos enunciados en el Anexo 4 de la Licitación?

¿Por qué la Secretaría de la Función Pública del estado, no interviene y sanciona tanto la omisión de las dependencias involucradas como los incumplimientos de Intecproof?

¿A poco este daño patrimonial va a quedar en la impunidad? ¿Qué estas acciones y conductas negligentes no son corrupción? ¿O la corrupción sólo es cosa del pasado porque con la 4T desapareció?

Son preguntas, que conste.

***

Antes de hacer un breve comentario sobre los dichos del gobernador Barbosa sobre e-consulta, el periodista Héctor Llorame y este reportero, quiero agradecer las muestras de solidaridad y apoyo de organizaciones y colegas, así como de colaboradores y amigos del medio digital que dirijo.

Muchas gracias. 

De entrada suscribo la puntual respuesta de Héctor Llorame en sus tuits de este día. 

 

 Por alusiones personales respondo al gobernador @MBarbosaMX:

1. Si hay reporteros que “se rentan para golpear”, usted y @macuilv saben bien que no soy de esos. Se los dejé claro desde su campaña.

2. A mí nadie “me alienta” a preguntar lo que pregunto.

🧵 pic.twitter.com/m3uHsFIq3m

— Héctor Llorame (@HectorBLN) October 12, 2020

3. Yo pregunto lo que quiero, como quiero, porque es mi labor y es MÍ DERECHO.

4. Me tienen sin cuidado sus conflictos políticos, nunca “tomaré parte” en ninguno.

5. Sé de mi capacidad, sé de mi nivel y orgullosamente soy pueblerino.

— Héctor Llorame (@HectorBLN) October 12, 2020

 

6. Si le molesta la línea editorial de @e_consulta o tiene conflictos con mi director, no es mi problema, NO ME INVOLUCRE.

7. Llorón es alguien que llora mucho y fácilmente, como usted comprenderá.

Yo soy Héctor Llorame Zepeda. pic.twitter.com/kBK0TrkPTI

— Héctor Llorame (@HectorBLN) October 12, 2020

 

Ayer hice dos preguntas concretas a @PMunozLedo en el conversatorio que ofreció para #Puebla.

No hubo ni “ataque” ni “insidia” de mi parte, gobernador @MBarbosaMX. pic.twitter.com/fynPxnh3SQ

— Héctor Llorame (@HectorBLN) October 12, 2020

 

Sobre el calificativo de “pasquín electrónico” que endilgó Barbosa a e-consulta, me permito hacerle una amable y respetuosa sugerencia.

Si no le gusta lo que aquí se publica, comenta y analiza no nos lea, ni se ocupe de nosotros una mañanera sí y otra también. 

A nosotros nos conforta que otros lo hagan, y cada día más, a pesar de sus ataques, boicots publicitarios y demandas civiles y denuncias penales.

Gracias a esos otros somos lo que dice nuestro slogan Referencia Obligada, lo que usted y varios de los suyos confirman todos los días, quizás sin darse cuenta.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

onsulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

 

• Karina inaugura hoy el sistema de videovigilancia de San Andrés Cholula
• Barbosa da por concluido el DIM y pasa sus funciones a Gobernación

Mucho me temo que las investigaciones y denuncias que se están haciendo en esta gestión en contra de funcionarios de pasadas administraciones sean un asunto más mediático que efectivo, en otras palabras un tema de campaña del gobernador, sus candidatos y aliados para ganar los comicios locales del año próximo, que un compromiso serio con el combate a la corrupción.

La verdad es que la 4T de Puebla poco o nada ha hecho por sancionar por la vía administrativa —entiéndase a través de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado— a quienes abusando de sus cargos en el gobierno desviaron y malversaron recursos públicos o se enriquecieron de manera escandalosa.

Hasta ahora todo ha quedado en declaraciones de prensa y frases chuscas como “¡Qué se creyeron estos cabrones!” “¡Malditos, cómo abusaron de nuestra Puebla!” y “Donde quiera que se escarba hay corrupción, en cada obra, en todas las dependencias. ¡Esto es monstruoso!”

Las declaraciones del gobernador no siempre han ido acompañadas de datos duros y consistentes, o de procesos administrativos y penales para fincar responsabilidades y mandar a la cárcel a los servidores públicos responsables de esos abusos y corruptelas.

Con frecuencia, da la impresión que el propósito de esas acusaciones mediáticas es desacreditar a los opositores, cobrar venganza de los enemigos o pasar factura a los adversarios políticos del gobernador Barbosa, ya que los señalamientos sólo se focalizan en algunos actores.

Extraña —y mucho— que el Ejecutivo haya omitido en sus declaraciones a personajes del pasado que también se enriquecieron, abusaron del poder y fueron cómplices de aquellos, pero que hoy soy aliados suyos como Marcelo García Almaguer, que estuvo al frente de Puebla Comunicaciones y la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital; Gerardo Islas Maldonado, que fue secretario de Desarrollo Social y responsable de los trabajos de reconstrucción con motivo de los sismos de 2017; o el diputado y ex dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, que se despachó con la cuchara grande en la Secretaría del Medio Ambiente con los funcionarios que ahí puso durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

O que en la actual coyuntura, sus legisladores y el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, sean tan puntillosos con las compras, licitaciones y obras realizadas por el ayuntamiento de Puebla presidido por Claudia Rivera Vivanco o el encabezado por el alcalde preso de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, y tan laxos o miopes con su homóloga de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, pese a que es el dominio público que ha favorecido con millonarios contratos adjudicados de manera directa a empresas recomendadas de su marido o a constructores que fueron sus patrocinadores en la campaña de 2018.

También extraña la poca importancia que este gobierno ha dado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a los organismos, dependencias, institutos y tribunales que integran su órgano de gobierno, así como a la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados.

Si el combate a la corrupción fuera un compromiso serio, al margen de coyunturas electorales o políticas, la Secretaría de la Función Pública ya tendría que haber sancionado e inhabilitado a decenas de funcionarios, o por lo menos a los mencionados por el gobernador en sus mañaneras, y observado varias adquisiciones y licitaciones realizadas de esta administración contratadas a sobreprecio, como el arrendamiento de patrullas, la compra de uniformes escolares y vales o tarjetas de gasolina, y la adquisición e instalación de radares de velocidad.

Si de verdad la 4T poblana quisiera castigar a los “malditos” y “cabrones” que se enriquecieron, las denuncias y carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción no tendrían que hacer distinciones, ni ser selectivas, y las auditorías y actuaciones de la ASE tendrían que ser parejas y no sólo dirigidas a ciertos entes críticos o antagónicos del gobernador como el rector de la BUAP, la alcaldesa capitalina, el ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, y un largo etcétera etcétera.

O al menos, así me lo parece.

 

EN CORTO

Ya son tres los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción que obtienen suspensiones definitivas contra el acuerdo de reducirles sus emolumentos. Los únicos dos comisionados cuyos amparos aún siguen analizándose en juzgados federales son Daniel Alejandro Valdés Amaro y Francisco Javier Mariscal Magdaleno.

Sin embargo, lo más probable es que también obtengan la suspensión y al igual que sus otros tres compañeros (Eira Zago Castro, José Alejandro Guillén Reyes y María del Carmen Leyva Báthory) ganen los amparos que anulen los recortes a sus ingresos aprobados por el anterior secretario ejecutivo del SEA, Héctor Reyes Pacheco.

***

A propósito.

El próximo mes de noviembre concluye el periodo para el cual fue designado como comisionado del CEPC, Daniel Alejandro Valdés Amaro, sin que hasta la fecha se sepa cómo se nombrará a quien lo sustituirá en el Comité.

Y la razón es que el Congreso del Estado aún no designa a la Comisión de Selección, ni emite siquiera la convocatoria para el nombramiento de sus integrantes, que deben ser académicos de prestigio y gente con reconocimiento social y profesional.

Lo único claro y eso porque está reglamentado es que la presidencia del CEPS la asumirá la comisionada Maricarmen Leyva, después de que Daniel Alejandro Valdés rinda el 14 de noviembre su último informe como comisionado y presidente tanto del Comité Estatal de Participación Ciudadana como del Comité Coordinador Estatal del SEA.

***

Este lunes la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, intentará apagar el escándalo de la asignación directa de cámaras de seguridad — por un monto de casi 43 millones de pesos— a una empresa recomendada de su marido, con la inauguración del Sistema Municipal de Video.

La inauguración será a las 9 de la mañana en el Complejo de Seguridad Pública o las instalaciones del C4.

Ojalá la presidenta municipal aproveche el acto para hacer público el contrato a favor de la empresa E-TEK Proveedores de Informática y Servicios SA de CV, explicar por qué se canceló la licitación nacional que había convocado con ese fin, por qué su marido Javier Elías Amaxal corrió a la empresa Ska Tracking and Security SA de CV, y por qué la compañía de su esposo se encargó de colocar los postes de las cámaras del sistema de videovigilancia que este lunes inaugurará.

***

El pasado viernes un centenar de empleados del programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) fueron informados que por acuerdo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta esta instancia desaparece, y que las funciones que venía desempeñando serán asumidas por la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

La decisión generó, por supuesto, molestia entre el personal adscrito al DIM que no esperaba ser despedido o quedarse sin empleo en plena pandemia.

Los empleados del abrogado DIM fueron citados para mañana lunes y el martes para que entreguen a funcionarios de la Secretaría de Gobernación la documentación y los bienes que están en su poder.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Presentándose como víctima, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, ha salido a desmentir que su esposo Javier Elías Amaxal, esté involucrado en los asuntos del ayuntamiento y menos con un jugoso contrato de casi 43 millones de pesos en la adjudicación directa a favor de la empresa E TEK Proveedores en Informática y Servicios SA de CV, como aquí se lo informé. 

Incluso este martes en conferencia de prensa, la alcaldesa morenista afirmó que lo aquí publicado no era más que una campaña de golpeteo político —sin ningún sustento— en contra suya y su compañero de vida, padre de sus hijos y esposo.

Por lo anterior vale la pena reproducir aquí algunos fragmentos de la carta que con fecha 12 de febrero de este año le hizo llegar el apoderado de una de las empresas participantes en la licitación referente a la adquisición e instalación de sistemas de cámaras y red de videovigilancia y monitoreo urbano, que en Compranet apareció con la clave CMA-SACH-LPN-016/2019.

Rafael Fernando Muñoz Pedregal, apoderado de Ska Tracking and Security SA de CV, le escribió que el 9 de octubre del año pasado en la presentación del demo funcional de su empresa un señor en estado de ebriedad que dijo llamarse Javier y ser el marido de la presidenta municipal los amenazó y les hizo entender que ya ni perdieran el tiempo ya que dicha licitación no sería para ellos.

Textualmente el escrito, en papel membretado de la empresa, dice lo siguiente: “… se presentó una irregularidad ya que el esposo de la Presidenta Municipal o así es como se identificó el cual dijo llamarse ‘Javier’, al cual anteriormente si habíamos visto en dicha licitación y con la Presidenta Municipal, en estado de ebriedad vino a amenazarnos… haciéndome entender que dicha licitación era para E TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. y que sólo estábamos ‘perdiendo el tiempo, donde muy enojado solicito saliéramos del lugar”.

En la misiva recibida por Karina Pérez Popoca y algunos regidores del ayuntamiento sanandreseño, el representante de Ska Tracking and Security le hizo saber a la alcaldesa morenista —que jamás respondió la carta— que la irrupción y las amenazas de su marido en esa presentación del 9 de octubre de 2019 habían quedado grabadas en video.

En la misiva de cinco hojas, en poder de e-consulta y sobre la cual Karina Pérez se rehusó a realizar algún comentario, se le hizo saber que la empresa recomendada por su marido Javier Elías Amaxal no cumple con varios requisitos y permisos para prestar el servicio.

Entre ellos el permiso de seguridad privada de bienes o valores en la submodalidad relacionada directamente con la instalación y comercialización de sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV) e instalación de sistemas de posicionamiento global (GPS) que expide la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

No obstante todo lo anterior la alcaldesa de San Andrés, que hoy se dice víctima de una campaña de ataques, favoreció en mayo de este año a la empresa recomendada por su esposo, E Tek Proveedores en Informática y Servicios, con un contrato de 42.9 millones de pesos.

Y lo hizo al margen de la licitación nacional arriba mencionada, y cuyos recursos provienen en su mayoría de la Federación.

Lo extraño del asunto es que esta adjudicación directa ha pasado inadvertida para la Auditoría Superior del Estado y para los diputados morenistas de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado que parecen más interesados en descalificar a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que en cuidar la correcta aplicación de recursos públicos y garantizar la rendición de cuentas en áreas tan sensibles como la seguridad pública.

Por cierto.

¿Alguien sabe cuántas de las cámaras adquiridas por el ayuntamiento de Karina Pérez Popoca funcionan y están conectadas al C4, cuántas de estas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y cuentan con el certificado de video vigilancia en sistemas VWM, quién es la empresa subcontratista que se encarga de la infraestructura física y de instalar los postes donde se montan las cámaras y qué relación tiene esta empresa con el marido de la presidenta municipal?

¿Y hasta qué punto la administración municipal encabezada por Karina Pérez Popoca en congruente con los valores de AMLO y la 4a Transformación de no mentir, no robar y no traicionar?

Conste que son preguntas.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Un pleito legal entre el Suntuap y un abogado que los representó a principio de la década de los noventa, por la disputa de unos terrenos en el antiguo Rancho de Vaquerías al sur de la ciudad, podría convertirse en el pretexto ideal de la 4T para desestabilizar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Si el comité ejecutivo del Sindicato encabezado por Guillermo López Mayo obtiene la toma de nota que necesita, es decir el reconocimiento de la autoridad laboral, éste no sólo podrá defender los predios de Vaquerías que reclama el abogado José Luis Espinosa Vega, sino pelear la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de la BUAP.

Por eso le digo que este pleito entre el Suntuap y el que fuera su abogado, que les reclamó por la vía mercantil el pago de sus honorarios profesionales durante la gestión sindical de Joel Guel de la Cruz, podría convertirse en la coartada que el gobierno del estado necesita para meterse a la BUAP y a la sucesión rectoral.

Por lo pronto el comité sindical de López Mayo ya inició gestiones al más alto nivel para obtener de la Junta Local de Conciliación de Arbitraje (JLCA) la toma de nota que le habían prometido, y que les urge para no perder los predios de Vaquerías que demanda el abogado José Luis Espinosa Vega, después de que éste ya consiguió que el juez tercero de lo Civil, Hugo Isaac Arzola Muñoz, ordenara el desalojo de las 150 viviendas que sobre tales terrenos se construyeron.

Lo curioso es que la toma de nota se las podría otorgar el presidente de la JLCA, Mario Arturo Daza Buendía, que en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz le negó este reconocimiento al comité ejecutivo de entonces del Suntuap.

En ese entonces, por cierto, el abogado del Suntuap era Abelardo Cuéllar Delgado, quien actualmente es el titular de la Secretaría del Trabajo del estado de Puebla.

***

Aunque el diputado Gabriel Biestro Medinilla salió a culpar hace unos días a Jorge Aguilar Chedraui, de haber desviado más de 124 millones de pesos a través de empresas fantasma, lo cierto es que las facturas liquidadas no corresponden al periodo en que aquél fue secretario de Salud de Rafael Moreno Valle.

En la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud” realizada por Impunidad Cero y Justicia Justa claramente se asienta las facturas pagadas a las empresas fantasma van de los años 2014 a 2018. 

Y Aguilar Chedraui fue secretario de Salud de febrero de 2011 a abril de 2013.

***

A propósito.

No le cuente en voz alta pero un secretario del Comité Directivo Estatal del PAN, muy cercano a la presidenta Genoveva Huerta Villegas, estuvo ayudando en algunos municipios de la entidad a la constitución del partido México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón.

La duda mata: ¿Lo hizo con el consentimiento de su jefa o a espaldas de ella?

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

Que la próxima semana estará en Puebla el dirigente nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, para asistir al segundo informe de labores del gris presidente municipal de Atlixco, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, que será arropado por la crema y nata del panismo local.

Los enterados dicen que Marko Cortés aprovecharía su estancia en Atlixco para mandar señales de quién podría ser el candidato a diputado federal de Acción Nacional por esta demarcación electoral.

Guillermo Velázquez tiene planes de reelegirse para un segundo periodo como presidente municipal para buscar en 2024 la nominación del PAN a la gubernatura de Puebla.

¡Se vale soñar!

***

A propósito.

Uno que ya declinó la invitación que le hicieron para volver a ser diputado federal por Teziutlán o candidato a diputado local del PAN en los comicios de 2021 es Juan Pablo Piña Kurczyn.

Se sabe que la primera invitación le llegó a través de uno de los operadores del presidente del CEN del PAN, Marko Cortés, el diputado federal michoacano Armando Tejeda Cid.

***

Tómelo con reserva, pero hay versiones que apuntan que a la Secretaría de Seguridad Pública del estado podría llegar una mujer, para mejorar la imagen pública de la dependencia ante los abusos y excesos cometidos por los chiapanecos que llegaron a Puebla de la mano de Raciel López Salazar.

Se dice que esta mujer podría ser Patricia Bugarín Gutiérrez, quien se desempeñó como subsecretaria de Seguridad Pública del gobierno federal hasta mayo del año pasado.

Patricia Bugarín se desempeñó también como coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; subprocuradora de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito; subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces PGR y en la administración anterior, como titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro.

La ex subsecretaria en el gobierno de AMLO es licenciada en Derecho con especialización en Ciencias Penales por la UNAM; Master Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derecho por la UAM y la Universidad Autónoma de Barcelona; Maestra en Psicoterapia enfocada a la atención de víctimas y Doctora Honoris Causa por el Consejo Doctoral Mexicano.

***

Este martes falleció víctima de cáncer uno de los dirigentes empresariales más consistentes de Puebla que llegó a ser presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de 1984 a 1986: Alfredo Sandoval González.

Alfredo Sandoval era el dueño del Hotel del Portal, fue presidente del Centro Empresarial de Puebla y alguien que contribuyó en serio al fortalecimiento de los organismos empresariales, logrando incluso que otros poblanos llegaran a ser dirigentes nacionales de organismos cúpula como la Concanaco, el Consejo Nacional Agropecuario y la Coparmex misma.

Lástima de que sus sucesores no continuaron su legado.

Descanse en paz.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

El paro de custodios en el penal de Tepexi de Rodríguez, en apoyo cinco de sus compañeros detenidos por tortura y por incurrir en conductas crueles y degradantes hacia los internos de Tehuacán y Puebla, es la punta de un iceberg de corrupción en los centros penitenciarios de Puebla, por el control de estos y los negocios en su entorno que van desde la renta de celdas especiales, televisores, celulares y casetas telefónicas, hasta el ingreso y venta de bebidas embriagantes, drogas y prostitutas, actividades que dejan entre 700 mil y un millón de pesos a la semana.

Los enterados aseguran que el paro en Tepexi es un asunto armado por la mafia de funcionarios llegados de Chiapas y sus operadores locales para sacar al Cereso de Puebla del foco atención que atrajo como consecuencia de los videos que muestran a reos golpeados y torturados con fines de extorsión. 

 #URGENTE
Así #golpean y #torturan a un reo en el #penal de #SanMiguel y amagan con matarlo si es que no entregan 50 mil pesos: pic.twitter.com/e1bLdl9VKI

— Puebla Roja (@pueblarojamx) September 24, 2020

De acuerdo con testimonios de internos del Cereso de Puebla, el control del penal ahora está en manos del subdirector Nicolás Rodríguez Badillo, con el apoyo del coordinador de Seguridad y Custodia, un tal Didier y el jefe de custodios Mario Gallegos “El Maya” o “El Lujurias”, junto con un grupo de reos entre los que figuran “El Machacha” o “El Macha”, Héctor Romero Reyes “El Flaco”, Juan Fernando Rodríguez López “El Español”, Álvaro Uriel Flores Meneses, el dueño del billar, y Marcos, el encargado de la cremería.

Y es que al interior del penal de San Miguel las cosas están calientes y podrían desembocar en un motín provocado por el grupo que asumió el control a la salida o el traslado a un penal federal de Marco Antonio Torres Vázquez alias “El Bombón” o “El Negro”, con la protección del subdirector Nicolás Rodríguez, y otro grupo de internos que buscan lo mismo, o están hartos de los abusos de aquellos.

Pero también por los custodios, molestos por las transas de los nuevos funcionarios que llegaron con el arribo de Raciel López Salazar a la Secretaría de Seguridad Pública, y han traicionado a sus compañeros Juan Manuel Barbosa Huerta, Virgilio López Ruiz, Miguel Ramírez Macías, José Luis Ticante Artero y Nazario Niño Navarro, que el sábado fueron detenidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, con la complicidad del director de ese centro penitenciario, Mauricio Ángulo Santiago, y recluidos en el Cereso de Tehuacán.

Aquí le dejo este video que este día circuló en redes y cuentas de WhatsApp con detalles de lo que sucede en el Cereso de Puebla y otros penales de la entidad. 

***

Entre los 38 aspirantes a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) que el Senado de la República evaluará, previa comparecencia virtual, para elegir a dos de ellos, hay uno que reside en Puebla y es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP, Román Sánchez Zamora.

Román es egresado de la Facultad de Economía de la BUAP y es maestro en Administración de Calidad de Gobiernos Locales y doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del estado de Puebla (Iapep).

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), fue comisionado presidente del Comité de Transparencia del estado de Puebla de 2015 a 2017 y miembro fundador de la Red Nacional por la Rendición de Cuentas.

El aspirante a comisionado del INAI, para ocupar uno de los dos puestos que quedaron vacantes el 30 de abril, al concluir el periodo de Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez, es autor de seis libros propios y coautor de una docena de libros más sobre administración pública, transparencia y participación ciudadana.

Hay que mencionar que actualmente otra poblana es comisionada del INAI: la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena.

***

Mientras las autoridades electorales de Puebla siguen haciéndose de la vista gorda, para sancionar a quienes con anticipación se promueven con el inequívoco propósito de posicionarse rumbo a los comicios locales de 2021, Eduardo Rivera Santamaría sigue recorriendo colonias y reuniendo gente sin guardar la sana distancia para regalarle cubre bocas, láminas de asbesto, tinacos y material de construcción.

Este sábado estuvo en la tercera sección de la colonia San Ramón, al sur de la capital poblana, junto con la presidenta de los vecinos, Leticia Bautista, y sin que el aspirante a la alcaldía poblana y los asistentes usaran cubre bocas o guardaran la sana distancia. 

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial

• El Moco sí estuvo cerca de la campaña de Barbosa y sus operadores
• Los mensajes de Esparza en su informe tuvieron claro destinatario

Es curioso el doble rasero de los diputados de Morena en la Junta de Gobierno y en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado respecto a su supuesta preocupación por la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Mientras a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que se ha distanciado del gobernador Barbosa le buscan hasta por debajo de las piedras, a la de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, que es una de las consentidas del mandatario estatal, ni voltean a verla pese al desorden administrativo que envuelve a su gobierno.

Pérez Popoca ha asignado de manera directa millonarios contratos de cámaras de seguridad y alarmas vecinales, sin que las empresas proveedoras cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y concentrado la obra pública en tres contratistas, dos de los cuales fueron sus patrocinadores en la campaña de 2018, sin que nadie de la 4T la moleste.

Entre las principales irregularidades del ayuntamiento de Karina Pérez destaca la asignación directa de un contrato de más de 40 millones de pesos a la empresa E-TEK Proveedores de Informática y Servicios SA de CV por la adquisición e instalación de cámaras y una red de videovigilancia y monitoreo urbano.

Este contrato fue negociado directamente por su marido Javier Elías Amaxcal, protagonista de varios escándalos en el municipio, después de cancelar la licitación pública nacional CMA-SACH-LPN-016/2019, en medio de las protestas de al menos una de las empresas participantes en ese proceso, Sky Tracking and Security SA de CV.

La licitación se canceló en octubre, pero antes de que terminara 2019 el contrato se adjudicó, al margen de la licitación, a la empresa E-TEK Proveedores de Informática y Servicios por recomendación del marido de la alcaldesa morenista.

El asunto ha pasado inadvertido para la Auditoría Superior y para los diputados de la Comisión Inspectora de la LX Legislatura, pese a que es la hora que el expediente de ese contrato se encuentra incompleto y que el director de Tecnologías de Información del ayuntamiento cholulteca, Jorge Garza, está siendo presionado para avale que las cámaras adquiridas cumplen con los requerimientos técnicos contratados.

Tales irregularidades se repiten con las obras públicas contratadas por Karina Pérez Popoca a distintas empresas pero que giran en torno a tres contratistas: Austreberto Chiquito Tepeyahuitl, Feliciano Xinto Cuaya y un tercero, que en fechas recientes está muy cercano a la alcaldesa, el contador Barrios.

Los dos primeros fueron patrocinadores de su campaña, y ahora Karina les paga el favor.

A Austreberto Chiquito le dio la construcción del Edificio de Fomento Económico y la Radial a Tlaxcalancingo, obras que en conjunto superan los 60 millones de pesos; y a Feliciano Xinto la remodelación de la Avenida del Sol y la construcción de las oficinas administrativas de la Secretaría de Servicios Municipales, obras que también superan los 50 millones.

Ambos también son los principales constructores de obras de drenaje en juntas auxiliares e inspectorías, canchas deportivas, techos y aulas escolares.

Sin embargo la principal obra de su administración, el Mercado Municipal, se lo adjudicó al influyente contador Barrios, lo que tiene molestos tanto a Austreberto Chiquito como a Feliciano Xinto, que no entienden cuáles son los méritos de este empresario en el ánimo de la alcaldesa morenista que ya trabaja por su reelección por tres años más.

Pero esa será otra historia.

 

El Moco estuvo no sólo fue un asistente más en la campaña de 2019

Aunque la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado ha intentado deslindar al gobernador Miguel Barbosa Huerta del líder huachicolero Juan Lira alias El Moco, detenido la madrugada del jueves en Chignahuapan, al apuntar que éste sólo fue uno de los miles de asistentes que participaron en su campaña de 2019, la realidad es diferente.

El Moco fue un personaje que financió o apoyó con recursos en especie a varios candidatos en los comicios de 2018 y en las elecciones extraordinarias de 2019, entre ellos al presidente municipal de Chignahuapan, Javier Tirado Saavedra, postulado por el PAN, y a Alfredo Ramírez Hernández “El Hierba” que fue candidato de Morena en las elecciones extraordinarias de Ahuazotepec.

De acuerdo con distintos testimonios, incluso de ex funcionarios del gobierno del estado, Juan Lira era un empresario de bajo perfil pero cercano a la campaña del gobernador Barbosa, por conducto de algunos de sus operadores políticos como Eric Cotoñeto Carmona.

Según las mismas fuentes, la influencia política y económica de El Moco en algunos municipios de la Sierra Norte como Chignahuapan, Zacatlán y Ahuazotepec, no era desconocida para el entonces candidato y algunos de sus operadores en la región como el ex regidor de Ahuacatlán Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, hoy director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), y su hija Kathya Sánchez Rodríguez, actual pareja de Eric Cotoñeto.

En la segunda campaña de Barbosa a la gubernatura, Juan Lira apareció en diferentes eventos y con distintos colaboradores de aquel, como Alejandro “Jano” Márquez Martínez, que fue su coordinador regional en la Sierra Norte, el ya mencionado Jesús de la Luz Sánchez Cuevas y el candidato perdedor de Morena en las extraordinarias de Ahuazotepec, Alfredo Ramírez.

Otras fotografías más recientes muestran al hoy preso líder huachicolero con la actual jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Chignahuapan, Erika Moreno Quirós, la regidora de Zacatlán Jazmín González Encinas, y la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Libres, Sonia Rodríguez Hernández http://sb.puebla.gob.mx/delegados/sonia-rodriguez-hernandez, actual delegada de la Secretaría del Bienestar en esta región del altiplano poblano, en un evento de la Secretaría de Salud.

Por cierto. ¿Quién es el personaje que ha llevado mano en el nombramiento de delegados de varias dependencias del gobierno del estado en la Sierra Norte de Puebla, entre ellos los arriba mencionados?

Conste que es pregunta.

 

EN CORTO

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, rindió este domingo su tercer informe de actividades y al final de su discurso al hablar de lo que será el último año de su gestión y la sucesión rectoral dejó los siguientes mensajes:

“La polarización que vivimos no sólo resulta riesgosa para la paz y la democracia, sino que está profundizando el resentimiento, la frustración, la intolerancia y está acarreando expresiones extremas como la discriminación, la desigualdad, la violencia y la anarquía.

“Los únicos con derecho para decidir sobre el futuro de la Universidad son las y los universitarios.

“Demostremos que jamás nos someteremos a los grupos que han sido desterrados y han anhelado el control de la Universidad por años”.

***

Correos:

periodistasoy@hotmail.com

rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: https://m.facebook.com/RodolfoRuizOficial