La toma de posesión del ex subsecretario de la Sedesol y ex subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, como dirigente estatal de la CNOP estuvo muy lejos de lo que él imaginó y de la dimensión que quería darle.

De entrada se hizo en lo oscurito, a puerta cerrada en la sede estatal del PRI, sin los seguidores que había invitado para que le echaran porras y que tuvo que desinvitar de última hora.

Aunque su nombramiento fue una designación del presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, éste francamente se rehusó venir a Puebla para tomarle la protesta correspondiente, para evitar confrontarse con los priístas locales que no terminan de aceptar a su dirigente estatal Néstor Camarillo Medina.

Al acto sí acudió la dirigente nacional cenopista Cristina Ruiz Sandoval, y de manera virtual los secretarios de Acción Electoral y de Estados en Oposición del CEN del PRI, Javier Casique Zárate y Mariano González Aguirre, respectivamente.

Sin embargo la ceremonia tuvo que efectuarse a puerta cerrada, unos dicen que por cuestiones de la emergencia sanitaria y el Covid y otros que por un pitazo en el sentido de que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) podría llevarse a Lastiri Quirós para que rindiera declaraciones sobre su ex jefa en la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

Hasta dónde se sabe Juan Carlos Lastiri negoció con el presidente del CEN del PRI además de su arribo a la CNOP de Puebla, una diputación local por la vía plurinominal en los comicios del 2021.

Su intención, según los enterados, entre los que se encuentra el dirigente estatal priísta, es formar parte del bloque de diputados locales que designarán al próximo gobernador sustituto, lo que nos hace suponer que el político zacatleco no cree que Miguel Barbosa vaya a concluir su periodo.

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La posición asumida por el máximo órgano colegiado de gobierno de la BUAP con respecto a las denuncias y acusaciones lanzadas por el gobernador Miguel Barbosa y el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, en contra del rector Alfonso Esparza Ortiz, sólo confirman que el conflicto sigue creciendo y que la política es la gran ausente en esta confrontación.

Lo peor que podría ocurrir en estos momentos de crisis y polarización es que Puebla vuelva a vivir un enfrentamiento entre el gobierno y la Universidad, en el marco de la sucesión rectoral y los próximos comicios locales.

Las consecuencias podrían ser funestas para el desarrollo y crecimiento de la entidad, pero también para la política y la convivencia social por la debilidad de las instituciones de gobierno, la ausencia de figuras políticas respetables y la falta de liderazgo de organizaciones sociales y partidos políticos.

Sigan echándole leña a la hoguera y esto va a terminar en un infierno social.

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La renuncia de Laura Olivia Villaseñor Rosales era previsible, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta estaba desesperado porque ésta nunca dio los resultados que esperaba a la salida de Karen Berlanga Valdés de la Secretaría de la Función Pública.

Llegó como recomendada de la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, pero algo pasó en la administración de Barbosa que se distanciaron, y dejaron de vivir en la misma casa que rentaban.

Olivia Villaseñor no sólo fue incapaz de procesar a los “peces gordos” de los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad, sino que se convirtió en el principal obstáculo para el funcionamiento y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Por esa razón el propio gobernador Barbosa echó mano de otros aliados, entre ellos el abogado chiapaneco Florencio Madariaga Granados a quien le encargó el encarcelamiento de aquellos que la defenestrada contralora no pudo procesar o inhabilitar por la vía administrativa.

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El secretario de Movilidad y Transporte del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, debería apresurarse a presentar su renuncia, antes de que su jefe —el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta— lo exhiba como un funcionario corrupto, con base en un expediente elaborado por su propio subsecretario Seth Yassir Vázquez Hernández.

Pero antes de hacerlo debería llamar a su oficina a Mónica Mollinedo Casanova, que es la principal operadora de Yassir Vázquez para que le dé detalles de una presentación guardada en su laptop y teléfono celular titulada Red de Corrupción del Transporte.

Dicho archivo es de lo más interesante, pues Mónica Mollinedo  que no canta mal las rancheras en asuntos de corrupción, describe con detalle —y gráficamente con las fotos de los implicados— quiénes son los beneficiarios del multimillonario negocio de instalación de cámaras de seguridad en el transporte público.

La red de corrupción es encabezada por el hijo del secretario de Movilidad y Transporte, Rubén Aréchiga González, como socio de la empresa que administra y concentra las imágenes y videos grabados en el transporte público, antes de que estos se retransmitan al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) del gobierno del estado.

En un segundo nivel aparecen como integrantes de la red de corrupción el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Carlos Huesca Vigil Escalera y el director de Transporte, Gilberto Coca Lara.

Más abajo la directora jurídica Yazmín Martínez del Moral, las empresas favorecidas con la venta e instalación de cámaras de video y al final del organigrama los concesionarios de las rutas y líneas del transporte público de pasajeros.

La intención del chiapaneco Yassir Vázquez es reventar cuanto antes a su jefe, Guillermo Aréchiga, para asumir la titularidad de la dependencia y heredar su cargo —la Subsecretaría de Transporte— a su principal operadora Mónica Mollinedo, quien actualmente se desempeña como analista especializada consultivo “A”.

Otra alternativa que tiene Guillermo Aréchiga senior para no salir por la puerta de atrás es adelantarse y denunciar la otra red de corrupción dentro de la Secretaría.

Sí, la que se encarga de pasar la charola y recaudar miles de pesos en efectivo a transportistas irregulares o piratas, a las rutas que sin permiso o concesión operan en diferentes zonas de la capital y la zona metropolitana, y a las camionetas colectivas y taxis de Antorcha Campesina y otras organizaciones que tienen tolerancia para recoger pasaje sobre el Periférico, el bulevar Carmelitas y otras avenidas y bulevares de la ciudad.

Así, tal vez, Aréchiga Santamaría consiga demorar su salida o llevarse como compañero de viaje en la red de corrupción a su principal verdugo.

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Como consecuencia de la rivalidad entre el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel Ángel García Onofre, y el secretario ejecutivo del organismo, César Huerta Méndez, se han venido dando una serie de cambios y despidos al seno del OPLE.

Los enterados aseguran que los ajustes tienen la intención de debilitar al secretario ejecutivo, después de que el presidente del IEE no pudo deshacerse de él por la oposición de cuatro consejeros: Juan Pablo Mirón, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis Martínez López y Evangelina Mendoza Corona.

Entre el mes pasado y lo que va de octubre han salido del Instituto la encargada de la Dirección Administrativa, Angélica Morales Guerrero, quien fue sustituida por Christian Michelle Betancourt Mendívil; el encargado de la Dirección Técnica del Secretariado, José Miguel Luna Lozano, quien fue reemplazado por Juan Carlos Rodríguez López; la jefa del Departamento de Apoyo Logístico, Gieizy Ramírez Cortés; y el jefe del Departamento de Recursos Materiales, Luis Alberto Maus Bolaños, sustituido por Jorge Alberto Quintana Álvaro.

Los nuevos funcionarios del Instituto habrían sido impulsados por el presidente del IEE, quien se ve aislado y con poco respaldo de sus homólogos, ya que el único que parece apoyarlo es el consejero Jesús Arturo Baltazar Trujano, quien también viene del INE.

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¿Recuerda que hace unos días le platiqué que el empresario y ex director general del Sistema Estatal DIF, Arturo Hernández Davy, ya no sería candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, sino posiblemente de otros partidos políticos?

Pues le cuento que todo parece indicar que el ex funcionario en los gobiernos de Guillermo Pacheco Pulido y Mario Marín Torres ya fue convencido para abrazar la causa del Partido Nueva Alianza (Panal).

Hasta donde se sabe el encargado de convencerlo fue el dirigente estatal de este partido local, Emilio Salgado Néstor.

Habrá que investigar qué le ofreció, pues Hernández Davy quería ser nominado a la presidencia municipal y el Panal se supone que irá con Eduardo Rivera Pérez como candidato común a este cargo de elección popular.

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El escándalo de los uniformes escolares podría tomar un segundo aire, ahora con el tema de lo pagado por el calzado escolar.

Resulta que un particular hizo una solicitud de compra a la misma empresa que vendió los zapatos al gobierno de Barbosa, y la cotización fue menor en 25 pesos por cada par.

En otras palabras, la Secretaría de Educación Pública del estado adquirió cada par en 185 pesos, y al particular que hizo el mismo requerimiento a la empresa de León, Guanajuato, se lo ofertaron en 160 pesos.

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Los hermanos Huerta Gómez están convertidos en la versión corregida y aumentada de los Riestra en el gobierno de la Cuarta Transformación de Puebla, que prometió acabar con el nepotismo en la administración pública.

Los tres hermanos, primos en primer grado del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ocupan puestos relevantes en su gestión.

Julio Miguel Huerta Gómez es el director general de Gobierno, es decir el jefe de todos los delegados políticos nombrados por la Secretaría de Gobernación del estado. En algunos asuntos, Julio Huerta, cuyo nombramiento tiene fecha del 1 de julio de 2020, es incluso hasta más influyente que su jefe, David Méndez Cabrera.

Germán del Ángel Huerta Gómez cobra desde el 1 de abril de 2020 como director general de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio de la Secretaría de Administración del estado. Su jefe es el influyente subsecretario Juan Pablo Cortés Córdova. Desde su oficina se controlan las compras, los proveedores y los programas sociales.

Marina del Carmen Lucía Huerta Gómez es la coordinadora de los Centros de Bienestar de la Secretaría del ramo. En el directorio oficial de la dependencia no figura, sin embargo su nombre aparece en decenas de comunicados y notas de la Secretaría, entre ellas algunas donde se le acusa de condicionar la entrega de tarjetas para servicios de Salud con propósitos electorales. A Marina se le había asignado un lugar en las oficinas centrales de la colonia Humboldt pero no le gustó, por lo que le reacondicionaron otras oficinas en el Centro Integral de Servicios con vista al Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

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Las versiones que apuntan que con el arribo de Mario Delgado Carrillo a la presidencia nacional de Morena, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta tendrá manga ancha para poner y vetar candidatos a cargos de elección popular y para designar a Gabriel Biestro Medinilla como el candidato de Morena y sus aliados a la presidencia municipal de Puebla, no las tome en serio. Son francamente exageradas.

Sí es cierto que con Mario Delgado se perfila una mejor relación entre la dirigencia nacional de Morena y el ejecutivo del estado, y que el gobernador podría tener un mayor margen de maniobra en la nominación de candidatos a presidentes municipales y diputados locales y federales, pero hasta ahí.

Lo cierto es que al interior del Consejo Estatal su grupo y el de Biestro no son mayoría, ni la fuerza política predominante.

Los puros o radicales que apoyaban la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo no ganaron la presidencia, pero mantienen la mayoría del Consejo Nacional con Bertha Luján Uranga y la Secretaría General del CEN con Citlalli Hernández Mora.

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• El sistema no funciona pese a que la empresa se le pagan más de 21 millones de pesos al mes

 

Un tema opaco, por no decir oscuro en la Cuarta Transformación de Puebla, es el millonario contrato que el gobierno del estado firmó con la empresa Intecproof SA de CV para la prestación del Servicio Integral de Gestión Vehicular e Implementación de una Plataforma para la Operación y Administración de los Sistemas de Control Vehicular que le garantice el monitoreo de velocidad a través de radares, la administración de las infracciones, la detección de vehículos buscados por medio de matrícula y la actualización del padrón vehicular de la entidad.

A diez meses de la firma de ese contrato con la empresa jalisciense, por un monto de 773 millones 692 mil pesos, poco o nada se sabe sobre la instalación y operación de 157 cámaras de monitoreo vial de velocidad y 157 cámaras de detección de vehículos involucrados en delitos.

Las secretarías contratantes de este servicio, la de Planeación y Finanzas y la de Seguridad Pública, ambas del gobierno del estado, han sido omisas para informar sobre cuestiones básicas del contrato DABS/GESAL-053/SPF/079/2019, como las siguientes:

Cuántas cámaras en realidad se instalaron en la entidad, cuántos de esos equipos cumplen con las especificaciones técnicas que se solicitaron en la licitación, cuántas imágenes han captado de manera mensual los monitores de velocidad, cuántas infracciones se han derivado de esas fotomultas, a cuánto asciende el monto mensual recaudado producto de las pagos de las fotomultas, cuántas de esas cámaras funcionan en realidad y cuántas han sido vandalizadas.

Dónde se ubican las cámaras que monitorean vehículos conducidos a exceso de velocidad y dónde las que detectan por sus matrículas las unidades involucradas en delitos, cuál es la velocidad máxima que estos equipos puedan captar, hasta cuántos carriles pueden monitorear, y cuántas imágenes de reconocimiento de matrículas se han captado desde que las cámaras se instalaron y entraron en operación.

Qué efectividad han tenido los monitores de velocidad en la disminución de accidentes, cuántos accidentes viales se han registrado este año en comparación con los últimos tres, en qué vialidades principales donde se han instalado detectores de velocidad hay una baja sensible de accidentes vehiculares, en qué horario se cometen más infracciones por exceso de velocidad: en el matutino, el vespertino o el nocturno.

La negativa de las autoridades estatales de responder esta preguntas y las solicitudes de información que desde el 1 de julio se les han enviado, tienen una explicación:

El programa Monitor Vial es un fracaso, no funciona en los términos previstos en la licitación, además de que las cámaras instaladas no son las convenidas en el contrato, ni se encuentran calibradas.

Tampoco captan imágenes de calidad que permitan la identificación del vehículo infractor: Las fotos son oscuras y varias de ellas recortadas, lo que imposibilita reconocer con claridad el color de las unidades y las letras y números de sus placas de circulación.

EN CORTO

El senador Alejandro Armenta Mier podría ser responsabilizado por varios de sus homólogos de los contagios de Covid que se dieron en los últimos días en la Cámara Alta y hasta de la muerte del senador tlaxcalteca Joel Molina Ramírez.

Por lo pronto se sabe que algunos legisladores ya investigan la autenticidad del supuesto certificado que el senador Armenta Mier mostró en sus redes sociales, para justificar su asistencia a las sesiones de la Comisión de Hacienda y del pleno del Senado para aprobar la extinción de 109 fideicomisos.

Lamento que la ignorancia y el afán de desinformar sean contagiosos. Sorprende la miopía con la que actúan varios legisladores. Ya no tengo #COVID19, nunca pondría en riesgo la salud de mis compañeras y compañeros en el @senadomexicano. pic.twitter.com/Qyxgaztbs7

— Alejandro Armenta (@armentaconmigo) October 21, 2020

El miércoles, Alejandro Armenta subió a su cuenta de Twitter @armentacontigo un escrito donde se aseguraba que ya no tenía Covid y que tenía el “100% de probabilidades de convivir con personas sin riesgo de infección o coinfección de otras personas hacia a él”.

Lo primero que les brinca es que ese supuesto certificado expedido por el doctor Marco A. Álvarez Romero, del Centro Hospitalario Mac de Puebla, no está firmado.

Y lo segundo es que el senador de Puebla no guardó ni 15 días de aislamiento o cuarentena.

El 8 de octubre Armenta informó que había dado positivo Covid, y el 19 de octubre ya estaba de vuelta en el Senado.

Entre los senadores más molestos figuran las panistas María Guadalupe Saldaña Cisneros y Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Este lunes varios senadores acudirán a la sede de la Cámara Alta para aplicarse una prueba de Covid, cuyos resultados se conocerán el mismo lunes por la noche.

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Nadie en su sano juicio puede cuestionar que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y su rector Alfonso Esparza Ortiz sean sujetos de auditoría. Eso no está mal, siempre que el propósito de las revisiones fuera garantizar el manejo honesto, claro y escrupuloso de los subsidios y recursos propios que recibe y obtiene la máxima casa de estudios.

Sin embargo, ese no es el objetivo de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y su titular, Francisco Romero Serrano, que ha convertido este organismo del Congreso del Estado en un instrumento de venganza, en un garrote político y de acoso administrativo, traicionando su filosofía institucional que pregona los valores de independencia, imparcialidad, confidencialidad, objetividad, legalidad e integridad.

En contra del auditor general de la ASE viene integrándose un voluminoso expediente que pronto podría dejarlo sin autoridad moral como uno de los garantes en la entidad de la fiscalización autónoma e imparcial de recursos públicos y la rendición de cuentas.

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Entre algunos funcionarios y colaboradores del primer círculo de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, es creciente la desconfianza hacia el tesorero municipal Armando Morales Aparicio.

Algunos aseguran que éste mantiene acuerdos en lo oscurito con algunos enemigos jurados de la presidenta, entre ellos el diputado Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura.

Otros no le perdonan haber jugado y haberse pronunciado a favor de Mario Delgado Carrillo en la puja interna por la dirigencia nacional de Morena, cuando Claudia Rivera y sus cercanos abiertamente apoyaban a Porfirio Muñoz Ledo.

Los más radicales incluso le cuestionan algunos tuits de su secretario técnico en la Tesorería municipal, Jesús Torres, quien el viernes por la noche después de que se supo que Mario Delgado había ganado la encuesta para definir al presidente nacional de Morena escribió: Ganamos!!!

En tono de ironía se preguntan: ¿Ganamos? ¿Cómo pueden decir Armando Morales y su secretario técnico gritar que ganaron cuando es de todos sabido que Claudia Rivera y los suyos estaban con Muñoz Ledo y no con Mario Delgado? ¿O es que el tesorero municipal ya juega en otro equipo?

 

 

 

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Al gobierno del estado y en particular al secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, se les sigue haciendo bolas el engrudo para justificar el sobrecosto de entre 160 y 190 millones de pesos que este año tuvieron los uniformes y zapatos escolares.

Su argumento de la calidad es insostenible, como lo evidenció el presidente regional de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en los estados de Puebla y Tlaxcala, Federico Carmona Ocañas.

Cualquier padre de familia sabe que los costos unitarios que el martes proporcionó Melitón Lozano del suéter de acrilán, la playera tipo polo, la falda o el pantalón y los zapatos de piel están inflados y que incluso en algunas tiendas de Puebla es posible encontrar las mismas prendas 30 o 40% abajo de los precios que pagó la administración barbosista. 

En aras de tapar el escándalo del sobrecosto de los paquetes escolares, Melitón Lozano ha llegado al extremo de falsear cifras o de mentir con algunas operaciones aritméticas. Lo hizo este martes en la mañanera del gobernador Luis Miguel Barbosa al detallar los procedimientos mediante los cuales se concursaron las prendas adquiridas por la SEP por un monto global de 560.2 millones de pesos.

Durante su explicación, el secretario de Educación Pública informó que el concurso para la elaboración y distribución de zapatos escolares se efectuó del 6 al 19 de agosto y que la empresa ganadora había sido Calzado Grismar SA de CV.

Dijo que el costo unitario que el gobierno del estado pagará por cada par de zapatos es de 125 pesos con 59 centavos, resultado de dividir el monto máximo adjudicado de 130 millones 516 mil 438 pesos entre los 705 mil 418 pares de zapatos contratados. 

Si uno hace la división, el costo unitario no es de 125 pesos 59 centavos, sino de 185 pesos, es decir casi 60 pesos arriba de la cifra anunciada por el titular de la SEP.

¿Por qué mentir hasta con eso? ¿Por qué dar una cifra que es incorrecta? ¿Por qué engañar al gobernador Barbosa con costos unitarios falsos?

¿O es que Melitón Lozano tiene unos costos y la titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, María Cecilia Sánchez Bringas, que firmó el contrato con el representante de la empresa Calzado Grismar, Alfredo Guillermo Rodríguez Navarro, tiene otros datos?

¿O es acaso que Melitón Lozano no sabe dividir, pero sí inflar costos?

Conste que son preguntas.

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Un detalle que no puede pasarse por el alto en el análisis del sobrecosto que este año tuvieron los uniformes y zapatos escolares respecto a 2019, es el sobreprecio que pagó la Secretaría de Educación Pública (SEP) el año pasado, razón por cual fue enviado a prisión el que fuera oficial mayor de la dependencia, Oscar Chapa Palomeque.

Según el propio titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido pagó un sobre costo de 30.2 millones de pesos en la adquisición de zapatos y uniformes escolares. Es decir, que de los 400.3 millones que erogó, en realidad debió haber pagado 370.1 millones.

De acuerdo con lo informado ayer por Melitón Lozano, este año el gobierno de Luis Miguel Barbosa se gastó 560.2 millones de pesos en uniformes y zapatos, supuestamente de mucho mejor calidad, algo que ha puesto en duda la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) a través de su presidente de Puebla y Tlaxcala, Federico Carmona Ocañas.

Si comparamos lo que se pagó el año pasado con lo que se pagó ahora, el aumento de estos bienes fue de 159.9 millones de pesos o de 40% en números redondos.

Sin embargo, en realidad el incremento fue mayor, pues no hay que olvidar que el costo del año pasado —según el propio Melitón Lozano— estaba inflado en 30.2 millones.

Eso significa que en realidad el aumento en el costo de los uniformes y zapatos escolares fue de 190.1 millones de pesos, es decir de más del 50% de lo que debió pagarse en 2019.

El presidente regional de la Canaive sí reconoce que el calzado y las prendas de vestir tienen mejor calidad que los adquiridos el año pasado, pero no demasiada, por lo que estos debieron subir unos 20 pesos. 

Sin embargo el precio unitario de cada paquete escolar no se incrementó en 20 pesos sino en 102 pesos.

Con Pacheco Pulido el precio unitario por paquete (que incluyó suéter, blusa o camisa, falda o pantalón y zapatos) fue de 437 pesos, y éste año fue de 539 pesos con 45 centavos. 

¿A poco las mejoras en la calidad de los prendas y calzado escolar justifican ese aumento de 190 millones de pesos?

¿Si por el sobre costo de 30.2 millones de pesos que se pagó el año pasado el oficial mayor de la SEP, Oscar Chapa, fue enviado a prisión, cuántos funcionarios de la SEP o de la Secretaría de Administración, que organizó las compras por invitación restringida, también irán a la cárcel?

Aquél fue encarcelado por adquirir los paquetes escolares con un sobre costo de 30.2 millones pesos o menos del 10% sobre el monto global del contrato, hoy que el sobrecosto ronda los 190 millones ¿cuántos serán juzgados y enviados a prisión?

Conste que son preguntas.

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Que Arturo Hernández Davy ya no será la carta del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Puebla, algo pasó entre el político-empresario y los dirigentes nacionales de esta organización que han optado por cortar por lo sano.

Por esa razón algunos partidos locales y nacionales han establecido contacto con el que fuera director del Sistema Estatal DIF en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, para negociar su probable postulación a la alcaldía capitalina o alguna diputación local o federal.

Se sabe que entre los partidos políticos que estarían interesados en sumar a Hernández Davy figuran Redes Sociales Progresistas (RSP), Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Ciudadano (MC).

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A propósito de este último partido político.

Cuentan que el “empresario” Eduardo Rivera Santamaría podría convertirse —gracias a los buenos oficios y el financiamiento del principal operador de tierra de gobernador Luis Miguel Barbosa, Eric Cotoñeto Carmona— en el abanderado de Movimiento Ciudadano a presidencia municipal de Puebla.

Los enterados aseguran que Rivera Santamaría es una especie de comodín de Eric Cotoñeto de cara a los comicios locales del próximo año, y que esa es la razón por la que el constructor puede promoverse en espectaculares, revistas y en el transporte público sin que nadie lo moleste, pese a la reforma que el mismo gobernador Barbosa promovió, y por la que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se hace como el Tío Lolo ante lo que a todas luces constituyen actos anticipados de campaña.

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¿Le dice algo el nombre de Julieta Camacho Mata?

Sí, aquella polémica regidora de Atlixco que en la segunda campaña de Luis Miguel Barbosa a la gubernatura de Puebla le levantó la mano y luego, ya en este gobierno, acusó de amenazas, lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita a Eukid Castañón Herrera, y que en estas mismas denuncias involucró a la actual presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, de ser una de las beneficiarias de la entrega de recursos en efectivo por parte del otrora poderoso operador morenovallista.

Pues si ya la recuerda déjeme decirle que Julieta Camacho parece estar de regreso en el PAN y pretender una diputación local, como lo dejó de manifiesto la semana pasada en la visita del dirigente nacional panista a Atlixco, Marko Cortés Mendoza, en compañía de la mismísima Genoveva Huerta. 

¿Con esos cuadros usted cree que el PAN ganará los comicios locales de 2021?

Por supuesto que los panistas de Atlixco no están nada contentos con la posible nominación de Julieta, luego de su apoyo a Morena, y las versiones de que su padre Ricardo Camacho Corripio, que ya fue presidente municipal, podría ser una de las cartas de Morena en el 2021.

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El anuncio de que la compañía Interjet pondrá en marcha vuelos que saldrán del aeropuerto Hermanos Serdán, de Huejotzingo, Puebla, con destino al puerto de Acapulco y hacia las ciudades estadounidenses de Houston y Nueva York hasta el primer semestre del próximo año, parece una tomadura de pelo.

De entrada porque para eso faltan cinco meses, pero además porque Interjet cuenta con pocos aviones, ya que su flotilla se redujo drásticamente como consecuencia de devoluciones y embargos. Pero sobre todo porque hoy sus aviones no pueden volar hacia Estados Unidos por adeudos que tiene la compañía mexicana con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Hasta ahora lo único que se sabe es que Interjet está en pláticas para poder volar a Estados Unidos, pero si esto se logra podría ocurrir hasta finales de año.

Sobre el asunto hay innumerables notas, tuits y columnas que pueden encontrarse fácilmente en cualquier buscador de internet.

Las más frecuentes dicen que la compañía de los Alemán Velasco y Alemán Magnani sigue metida en problemas y que el más grave es ya no puede emitir boletos a través de la IATA, debido a la falta de pago de un saldo de liquidación.

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Hace unos días le comentaba que el combate a la corrupción emprendido por la 4T poblana era selectivo, y que ésta había omitido investigar a ciertos personajes que en las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad se enriquecieron.

Uno de ellos es el hoy diputado “independiente” Marcelo Eugenio García Almaguer, quien el pasado 20 de septiembre fue llamado a cuentas para que justificara su voto en contra de la extinción del Cabildo de Tehuacán.

En el encuentro, al que también acudió el presidente de la Junta de Gobierno de la LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla, Marcelo Eugenio quiso argumentar ante el gobernador Barbosa el sentido de su voto.

Se justificó. Habló de las presiones que tiene de sus antiguos aliados, y le dijo que ha venido jalando con el diputado Biestro en todo que éste le pide.

Para congraciarse con el ejecutivo le dijo que si quería pasar a la historia de Puebla tenía que dar tres golpes efectivos. Uno contra el ex secretario de Salud y ex presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, otro contra el magistrado y ex director del Capcee, Jorge Benito Cruz Bermúdez, y el último contra el ex secretario de Infraestructura Javier Albizuri Morett.

Marcelo Eugenio ofreció, por supuesto, contribuir a ese propósito como ha venido haciéndolo en el Poder Legislativo a favor de las iniciativas del gobernador y del bloque de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia.

Ahora entiende por qué el ex coordinador general de Comunicación y Agenda Digital en los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad no es objeto de ninguna investigación pese las campañas negras que enderezó contra el hoy gobernador y los millones de pesos que desvió en la contratación de empresas de comunicación y publicitarias, de espectaculares y de marketing digital.

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Sabía usted que uno de los funcionarios de la Consejería Jurídica del estado a los que se les ha encomendado la revocación y cancelación de las patentes notariales otorgadas por Rafael Moreno Valle fue notario en Chiapas y que allá le fue retirada su patente.

Se trata de Francisco Fernando Pérez Robles que fue nombrado notario por el gobernador Manuel Velasco Coello un mes antes de concluir su mandato.

El hoy analista especializado consultivo “A” de la Consejería Jurídica de Puebla se desempeñó en el gobierno de Manuel Velasco como subsecretario de Operaciones Políticas de la Secretaría General de Gobierno.

A Pérez Robles se le asignó de manera irregular la patente notarial número 226 en la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, y antes de que el actual gobernador chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas se la cancelara, optó por renunciar a ella el 3 de enero de 2019.

Aquí el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Chiapas donde su renuncia fue aceptada.

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Esta noticia que vincula al ex procurador chiapaneco y actual secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Raciel López Salazar, con el ex secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, fue publicada este sábado 17 de octubre por el Diario de Chiapas.

“La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda ex secretario de la Defensa Nacional en Estados Unidos, es una consecuencia de su nexo con los hermanos Beltrán Leyva que internaban droga a ese país por nuestro estado y en el que presuntamente tenía participación el ex fiscal Raciel López Salazar y sin duda conocimiento y autorización su jefe Juan Sabines Guerrero”.

“El general Cienfuegos Zepeda fue comandante de la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y aprovechó su poder y la venia del entonces inquilino de palacio de gobierno para traficar drogas, armas, seres humanos y dinero en efectivo”.

“La prensa internacional ha publicado hoy que gracias a esta detención podrían salir más nombres y hechos delictivos que involucran a personales de la política nacional e internacional”.

“Es la primera vez en la historia de México que se detiene a un ex secretario de la Defensa Nacional”.

EN CORTO

Este lunes la Secretaría de Educación Pública del estado comenzará a distribuir más de un millón de uniformes y 700 mil pares de zapatos a estudiantes de primaria y secundaria, sin aclarar todavía cuál fue el costo de estos bienes.

El titular de la SEP Melitón Lozano Pérez había ofrecido dar a conocer el costo que en conjunto tuvieron las prendas y los zapatos de piel adquiridos por la dependencia, pero es la hora que sigue ocultando esa información.

¿Será acaso porque el costo de los uniformes fue mayor que el que se pagó el año pasado?

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Tómelo con reserva pero es muy probable que en estos días salgan a relucir algunas denuncias del ayuntamiento de San Andrés Cholula en contra del antecesor de Karina Pérez Popoca, Leoncio Paisano Arias y algunos de los que fueron sus colaboradores como Edmundo Tlatehui Percino.

Se sabe que éste último podría ser acusado de abuso por una recepcionista que laboró en la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la que fue titular, y de otras acciones de corrupción en complicidad con Leoncio Paisano.

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