Patricia Méndez / Columna Invitada

¿Hasta dónde llega la cercanía entre el procurador Víctor Carrancá Bourget y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), Antonio López Badillo, que les permite viajar juntos para practicar el paracaidismo?

¿Será que ambos personajes saben diferenciar entre sus pasatiempos personales y la labor para la que cada uno fue contratado? ¿O será que la cooperación y el trabajo en equipo no sólo se mezclan en el deporte del que ambos gustan, sino también en sus respectivas funciones?

¿La amistad que existe entre el ombudsman poblano y el procurador, la cual queda de manifiesto en una fotografía que en 2013 publicó el hijo del funcionario estatal, Víctor Carrancá de la Mora, en su cuenta de Twitter, en donde se observa a estos personajes después de practicar un salto de paracaídas, será sana para las funciones que realizan?

¿Para el hijo del procurador esta relación quedará más que clara pues tituló la fotografía como “The Justice League of Puebla” o la “Liga de la Justicia de Puebla” en español?

Que conste que son preguntas.

No está por demás recordar que hace poco el Congreso otorgó la calidad de poblano al procurador que es originario de la Ciudad de México, según los mal pensados, porque se convertirá en el próximo fiscal de Puebla por un periodo de siete años.

Por otra parte, en julio de 2014 los legisladores ratificaron en el cargo a López Badillo y su estancia en la Comisión concluirá hasta julio de 2019.

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Después de mucho cabildear la decisión y previendo su eventual participación en la carrera por Casa Puebla, parece que el equipo más cercano del alcalde José Antonio Gali Fayad ya se puso de acuerdo y definió que el segundo informe del presidente municipal se llevará a cabo el primero de febrero del próximo año.

De esta manera el aún edil contaría con un colchón de tiempo más amplio para solicitar su licencia al cargo, aunque rompa con la tradición de que los munícipes rinden sus informes de labores después de cada 15 de febrero, pues es la fecha en la que constitucionalmente tomaron protesta.

Los enterados dicen que aún se evalúa el lugar en el que se llevará a cabo tan esperado evento, inicialmente hay dos opciones: el Centro Expositor o el Auditorio de la Reforma en donde Gali Fayad rindió protesta en febrero de 2014.

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Por cierto, entre los integrantes del Cabildo cada vez son más las quejas hacia el secretario de la Comuna, Mario Riestra Piña, pues aseguran que sin permiso del alcalde y cada vez que tiene oportunidad, manda a desconectar el audio de las sesiones de los regidores para evitar que los posicionamientos incómodos se escuchen en las transmisiones en línea que se hacen de las asambleas.

¿Sabrá el edil la mala señal de poca transparencia y apertura que el secretario manda con este tipo de acciones o no se ha enterado de que lo que ocurre a su alrededor mientras preside estas reuniones?

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A la luz de las conclusiones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el operativo del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, las recomendaciones giradas al gobernador Rafael Moreno Valle parecen insignificantes.

El ombudsman nacional es omiso en un punto central del conflicto, al no señalar a un autor intelectual de la fallida estrategia para ocultar y distorsionar la refriega; para inculpar y criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, que exigían la restitución de los servicios del registro civil a la presidencia auxiliar; y para construir un montaje basado en una mentira oficial: la onda expansiva como causa del fallecimiento del menor.

O es que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ignora que los policías que participaron en el operativo fueron aleccionados para acusar ante el Ministerio Público a los manifestantes del homicidio del hijo de Elia Tamayo; que el gobierno de Puebla manipuló y editó a su antojo los videos y el escenario del enfrentamiento, y que hasta mandó a traer cabezas de cochino para demostrar que había sido un cohetón, y no un cilindro de gas, lo que mató al niño de Chalchihuapan.

No deja de resultar extraño que en ninguna de las once recomendaciones emitidas por el ombudsman al gobernador Moreno Valle se haga alusión al autor intelectual de las evidentes transgresiones a la verdad; al artífice de la publicitada versión oficial financiada con recursos públicos; y al orquestador del malogrado montaje instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el aparato de comunicación social del morenovallismo.

¿Qué funcionario de los involucrados en el caso tuvo o tiene la influencia no sólo para justificar el uso indebido y excesivo de la fuerza pública, para criminalizar a los cuatro detenidos de Chalchihuapan e inculparlos del homicidio de José Luis Tehuatlie, aunque el proyectil que provocó su fatal desenlace se haya disparado después, o para manosear los diagnósticos y peritajes médicos de los especialistas que atendieron al menor?

¿Qué autoridad pudo ser capaz de ocultar los peritajes de los neurólogos y cirujanos que no encontraron en la fractura craneal de Tehuatlie Tamayo heridas que tuvieran un aspecto desgarrado o estrellado por la acción de gases, quemaduras por una llama, cabellos quemados o granos de pólvora incrustados en la epidermis, o para mandar al procurador Víctor Carrancá a los noticiarios de la capital del país a insistir en la versión del cohetón o la onda expansiva como los causantes de la muerte del menor de Chalchihuapan?

¿A poco no hubo una estrategia y una serie de acciones concertadas para apuntalar la hipótesis de que los propios pobladores habían asesinado a José Luis Tehuatlie?

¿O es el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tan ingenuo que cree que en Puebla los secretarios, el procurador y los voceros del gobierno se mandan solos o actúan motu proprio?

¿O que Moreno Valle es totalmente ajeno a los hechos de Chalchihuapan y que tras sus once recomendaciones —que hoy mismo fueron aceptadas por la administración estatal— se creará una fiscalía especial que investigará a fondo y de manera transparente e imparcial lo ocurrido aquel 9 de julio, y que los verdaderos responsables de la muerte de José Luis Tehuatlie y de otras víctimas del violento desalojo serán llevados a juicio y castigados por sus abusos, mentiras y excesos?

¡Por favor!

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Para no dejar dudas sobre el regreso de Mario Marín Torres a la política poblana y su influencia en la conducción del PRI, anote el nombre de Joé Hernández Corona como futuro integrante del Comité Directivo Estatal.

El ex director General de Gobierno y ex subsecretario de Asuntos Políticos en el sexenio marinista se perfila para ocupar la Secretaría de Organización, nombramiento que en teoría fue impulsado por el grupo del subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y digo que en teoría porque en realidad el promotor de Joé Hernández es el ex gobernador Mario Marín.

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Quien también se perfila para ser miembro de la dirigencia del PRI en la entidad, una vez que la fórmula compuesta por Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui asuma la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal, es el ex regidor y ex diputado Gerardo Mejía Ramírez.

Gerardo Mejía podría convertirse, con el impulso de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala, en secretario de Acción Electoral.

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La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan no sólo traerá malas noticias al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador del estado Víctor Carrancá Bourget y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo del ombudsman nacional también será adverso al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por haber mentido sobre su participación en el enfrentamiento que el 9 de julio se dio entre policías y pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones y evidencias que posee la CNDH, algunas de las cuales fueron entregadas en propia mano a su presidente Raúl Plascencia Villanueva por el senador Javier Lozano Alarcón, el edil auxiliar de Chalchihuapan no sólo estuvo presente durante la reyerta, sino que agredió a policías junto con otros pobladores del lugar.

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No lo cuente en voz alta, pero el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha sido visto y oído en algunos comederos políticos de la Ciudad de México tratando de salvar su prestigio y reputación antes de que le pidan su renuncia o lo obliguen a dejar la dependencia.

Los enterados aseguran que Maldonado ha recurrido a sus viejas amistades y contactos del Distrito Federal, así como las decenas de personalidades que han recibido alguna recomendación o condecoración de la Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional de Historia para que lo rescaten y lo saquen de Puebla.

Por cierto. Quien podría reemplazarlo en la Secretaría General de Gobierno es un paisano suyo, que actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sí, me refiero a Mario Rincón González, que en lo que va del sexenio morenovallista ha sido subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, además de candidato y diputado local por el distrito de Amozoc.

Su avanzada en la Secretaría General de Gobierno es Omar Álvarez Arronte.

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Después de terminar su maestría en Administración Pública y graduarse en la Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard, el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana continuará su formación académica pero ahora en la Universidad de Bristol, en Inglaterra.

En esa institución pública, una de las más prestigiadas desde la época victoriana, Mondragón hará el doctorado en Economía Política, a partir del próximo mes de septiembre.

El ex dirigente panista viajará a Inglaterra a mediados del mes entrante en compañía de su esposa, quien también cursará un postgrado, y sus dos menores hijos.

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Cuentan los enterados que por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, las vacaciones de dos semanas que tomaría el gobernador Rafael Moreno Valle en estos días ya fueron suspendidas.

Y que la misma decisión han tomado otros secretarios del gabinete morenovallista que también habían programado, para la última semana se julio y la primera de agosto, sus vacaciones de verano.

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Cuando Fernando Manzanilla Prieto era el titular de la Secretaría General de Gobierno había un comité encargado del manejo de crisis, en el cual participaban el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado; el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget; el subsecretario de Vinculación Institucional y Gobernanza, Sergio Medina González; el subsecretario Jurídico, Enrique Quiroz Acosta; el entonces director general de Delegaciones de la SGG, Juan Cesín Musi; la directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez; el director general de Análisis Político, José Ventura Rodríguez Verdín; el secretario técnico de la SGG, Óscar Gómez Cruz; el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Mauricio Tornero Salinas; y el director de la Policía Auxiliar, Ludivino Mora Tejeda.

Con la llegada de Luis Maldonado Venegas  este comité de crisis no sólo dejó de funcionar, sino que se desintegró. Ahora los asuntos delicados de la política interior del estado son atendidos por funcionarios fuereños, como los subsecretarios Luis Arturo Cornejo Alatorre, de Asuntos Políticos y Protección Civil, y Guillermo Vicente Fernández De la Maza, de Vinculación Institucional y Gobernanza, que poco o nulo conocimiento tiene de los actores y grupos políticos de la entidad.

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Si el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, no renunció o fue removido del cargo después de los errores de planeación, tácticos y estratégicos del operativo de desalojo de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio, y en el que un menor resultó fatalmente herido en la cabeza, el gobernador Rafael Moreno Valle tendría haberlo cesado ya, ante las evidencias de que entre los granaderos participó un policía que fue detenido y encarcelado por delitos graves como prostitución de menores.

Se trata del policía Mario Tomás González Ricaño, quien el 8 de noviembre de 2011 fue presentado por el actual procurador Víctor Carrancá como miembro de una peligrosa banda dedicada a la trata de personas.

¿Cómo y quién recontrató a este policía? ¿A poco tenía aprobado su examen de control de confianza? ¿Cómo le hizo para burlar todos los despidos y desaparecer de su expediente los graves delitos que el mismo procurador le imputó? ¿Quién lo protege en la Secretaría de Seguridad al grado de que en menos de dos años pasó de delincuente a víctima, según lo documentó el periodista Valentín Varillas?

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Cuando en los medios de comunicación de Puebla se difundieron las fotos de dos de los siete integrantes de la banda de asalta restaurantes, resultó que en La Magdalena Tlatlauquitepec —municipio ubicado atrás de la presa de Valsequillo— la gente ya los conocía. Y cómo no, si se trataba de quienes el miércoles 10 de julio quemaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral.

En aquellos hechos participaron José León Jiménez Solís, dirigente municipal del PRI en La Magdalena Tlatlauquitepec, y su hermano Joel Jiménez Solís, detenido el jueves 29 de agosto, junto con Valentín López Vélez, miembros de la banda que asaltó —según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal— por lo menos 20 establecimientos de Puebla y Tlaxcala, entre gimnasios, estéticas y restaurantes, uno de ellos el Vía Veneto, de la colonia La Paz.

En distintas imágenes tomadas por militantes y simpatizantes del PAN, es posible apreciar a los hermanos Jiménez Solís atacando las oficinas del Consejo Municipal Electoral, agrediendo a los consejeros y quemando la paquetería electoral de la única casilla que se instaló en La Magdalena Tlatlauquitepec.

Antes del cómputo, las elecciones en ese municipio mixteco de apenas 35.72 kilómetros cuadrados, se encontraban supuestamente empatadas, y digo supuestamente porque el día de la jornada el representante del PRI sacó una pistola, con la que amagó a consejeros y representantes de partidos políticos. Acto seguido sacó tres boletas marcadas a favor del candidato de la Coalición Puebla Unida, para pasarlas al sobre en el que se encontraban los votos nulos.

Ya en el cómputo oficial, esas boletas se contabilizaron, lo que desató la ira del dirigente municipal del PRI, José León Jiménez Solís, quien azuzó a los seguidores —incluido su hermano, el asalta restaurantes Joel Jiménez Solís—que bajaron, de una camioneta Nissan, tres tambos de 20 litros de gasolina y los rociaron en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral para luego prenderles fuego.

Durante la trifulca, el representante de la coalición morenovallista logró escaparse por una de las ventanas laterales del inmueble, rescatando dos actas, la suya y la del representante del PT, con las firmas de los cinco consejeros, mismas que entregaron al regidor José Luis Carmona Ruiz, quien a su vez las hizo llegar al PAN y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE).

El cómputo final fue impugnado ante el IEE, que mandó el expediente de este municipio al Tribunal Electoral del Estado (TEE) para que en estos días sus tres magistrados emitan su veredicto.

¿Con qué cara el PRI defenderá esta impugnación a sabiendas que, al hacerlo, encubre y defiende a los miembros de una banda de delincuentes que en los últimos meses se dedicaron a asaltar, en forma cada vez más violenta, estéticas, gimnasios, escuelas, tiendas de autoservicio y por lo menos 10 restaurantes de la capital?

¿Por qué la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no actuó de inmediato contra quienes quemaron las oficinas del Consejo Municipal Electoral de La Magdalena Tlatlauquitepec?

¿Cuántos robos y atracos se habrían podido evitar, considerando que entre la destrucción de las oficinas y paquetería electoral y la fecha en que fueron detenidos los primeros dos integrantes de la banda de asalta restaurantes hay 50 largos días de diferencia?

¿Por qué el procurador Víctor Carrancá Bourget o el Fiscal General Metropolitano, José Carlos Proal Díaz de Urdanivia, que hace unos días fueron enterados de los vínculos de los dirigentes del PRI de La Magdalena Tlatlauquitepec con la banda de asalta restaurantes, mantienen esta información en lo oscurito?

¿Será acaso que los policías municipales Delfino Quintero Osorio y Giovanni Sánchez Tenorio, detenidos el fin de semana como cómplices de la banda, no son los únicos encubridores de éstos?

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