Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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