Por Felipe Ponce

No es casualidad que los diputados federales poblanos guardaran silencio ante la exposición hecha en tribuna por la chiapaneca Lourdes Adriana López Mateos sobre los proyectos mineros en Puebla, ni mucho menos que haya tenido que ser alguien externo quien hablara sobre el grave problema que se avecina en la sierra norte del estado ante los permisos mineros entregados a empresas nacionales y extranjeras.

Tampoco es casualidad que el gobierno del estado haya evitado hasta ahora a toda costa dialogar con las organizaciones opositoras a los proyectos mineros, hidroeléctricos y gaseros que se pretenden instalar en prácticamente la mitad del territorio poblano.

Y es que éstos representan para la administración de Rafael Moreno Valle Rosas el puntal del desarrollo económico y detonante de inversión, mediante el cual al final del sexenio dejaría consolidado en la entidad el mayor yacimiento de minerales del país, con la entrega de al menos la mitad de la zona norte del estado a capitales privados. Tema que ya habría sido cabildeado con los legisladores desde el 2012.

El proyecto fue evidenciado por el entonces encargado de despacho de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín Carillo, quien a mediados de enero reveló que el gobierno del estado trabaja ya desde hace dos años con las empresas mineras beneficiarías de los bienes naturales de Puebla, a fin de que puedan tomar «las mejores decisiones de negocios».

Por ello, aunque organizaciones como Tetela hacia el Futuro, Tiyat Tlali y Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), entre otros, han querido entablar el diálogo con la administración estatal, incluso con el propio gobernador, sólo los han recibido subsecretarios y encargados de oficina, quienes les han dicho que analizarán el caso e incluso, que desconocen la problemática que se vive en los municipios afectados.

El problema que enfrentan las comunidades serranas deriva de concesiones entregadas desde la administración del ex presidente Vicente Fox, cuando se aprobaron 133 títulos de exploración y 164 de explotación; cifra que aumentó a 312 licencias mineras en la entidad, durante el sexenio de Felipe Calderón, afectando principalmente la zona norte de Puebla, abriendo la puerta a la canadiense Almaden Minerals.

Aunque la minera inició en 2010 sus trabajos formales de exploración en la zona de Ixtacamaxtitlán, ya tenía presencia en la región desde el 2001, cuando advirtió amplios yacimientos de oro y plata, por lo que tras recibir autorización federal aumentó la perforación, hasta alcanzar los 95 orificios en sólo un año.

La atención de los inversionistas se centró en Puebla, luego de los resultados publicados en la Cartografía Geológico-Minera, Geoquímica y Geofísica elaborada por el gobierno federal, en la que se sitúa a la entidad como primer lugar a nivel nacional por su potencia extractivo.

A la fecha, se han entregado 98 concesiones mineras y nueve permisos para hidroeléctricas, sobre 31 de los 65 municipios que conforman las sierras norte y nororiental.

De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer en la cartografía del 2011, las empresas que se encuentran desarrollando actividades en el estado son Minera Frío Za, S.A. de C.V., Consorcio Impulso S.A. de C.V., Almaden Minerals LTD, Minera Pinnacle de México S.A. de C.V., Minera Meteoro S.A. de C.V., Gold Corp Inc, Starcore International Lentures LTD y Cía. Minera Plata Real.

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Además de los proyectos mineros e hidroeléctricos el gobierno del estado gestiona y cabildea la consolidación del Proyecto Integral Morelos, que contempla la instalación de un gasoducto que iría de Tlaxcala hasta Morelos y dos termoeléctricas, atravesando 11 municipios de Puebla, ubicados en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Pese a que el proyecto se trató de implementar desde hace 12 años, pobladores de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, principalmente, impidieron los trabajos por considerar que representaría un riesgo muy alto.

La obra está concesionada desde hace años a la empresa española Elecnor, con una inversión de 1 mil 600 millones de dólares, sin embargo, a falta de consensos ha tenido que aplazarse de manera indefinida.

Con la reunión sostenida el viernes pasado entre representantes de la Secretaría General de Gobierno y los municipios involucrados, la administración intenta reencausar el proyecto y de paso, calmar los ánimos de las comunidades que durante los últimos años han sido amedrentados e intimidados para que vendan sus tierras.

Algo similar ocurre en el extremo norte del estado, donde pobladores de Cuacuila, en Huauchinango, se han opuesto decididamente a evitar el paso del ducto Tuxpan-Atotonilco por sus tierras, sin obtener mayores resultados que una suspensión de obras dictada por un juez primero de distrito que no ha sido acatada, ni apoyada por autoridad alguna.

A mediados del mes, del 14 al 16 de marzo, se realizará en el municipio de Zautla, el Encuentro Nacional de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, donde se espera la participaron de todos los pueblos opositores a los llamados «proyectos de muerte» de todo el país, a fin de definir las estrategias para la defensa de los territorios.

* “El Gobierno piensa que los pueblos no tienen memoria, pero son los pueblos los que se están cansando de no ser escuchados»: pobladores de San Lucas Tulcingo.

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El anuncio que este martes hizo el delegado regional de la zona sur del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, René Juárez Cisneros, de que esta semana se iniciará la reestructuración del Comité Directivo Estatal con el nombramiento de un delegado especial, en realidad es la confirmación de que el tema Puebla ya se resolvió y ahora se buscará legitimar la decisión.

Varios fueron las opciones que el CEN del PRI valoró para suceder a Pablo Fernández del Campo Espinosa en la dirigencia estatal.

En el análisis estuvieron el exrector de la BUAP y excandidato a la alcaldía poblana, Enrique Agüera Ibáñez; el presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Guillermo Deloya Cobián; la senadora Blanca Alcalá Ruiz; la diputada federal Rocío García Olmedo, y algunos recomendados del subsecretario de la Sedesol federal, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y también, aunque sin prestarles mucha atención, el diputado federal José Luis Márquez Martínez, y el exdirigente magisterial Alberto González Morales.

Sin embargo, ninguno de ellos pasó los filtros del CEN, a todos se les encontraron defectos. A unos más que a otros, por supuesto.

En la auscultación realizada por César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco entre militantes y cuadros distinguidos del PRI estatal, incluidos los últimos dos exgobernadores priístas Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, la balanza se inclinó hacia un funcionario federal, que ha sido rector, diputado en el Congreso de la Unión, líder de sector y miembro del gabinete estatal en diferentes sexenios.

Me refiero al actual delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Jiménez Merino, quien en los próximos días renunciará al cargo para ser nombrado dirigente estatal del PRI.

El ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la que fue rector interino, fue el priísta mejor valorado por los diferentes grupos, pues es percibido como una gente de trabajo, como un militante con méritos propios y profesionales, y como un servidor público honesto y sin ataduras con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Filtro éste último que el CEN evaluó con detalle, pues si bien quiere a un dirigente que en Casa Puebla no puedan cooptar, tampoco quiere mandar un mensaje de animadversión o enemistad hacia el Ejecutivo estatal.

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La temida perredización del PAN

Las advertencias que varios prominentes panistas hicieron sobre la “perredización” de su partido, a raíz de las últimas reformas estatutarias aprobadas en marzo del año pasado — por las cuales se modificó la elección de sus dirigentes al quitar esa facultad a los consejeros nacionales y estatales para dársela a todos sus militantes mediante el voto universal—, podrían hacerse realidad.

Sí, y en el peor momento político del PAN por el desgaste de su presidente nacional Gustavo Madero, el antagonismo que muestran sus principales grupos con motivo de la renovación del CEN, y las acusaciones de extorsión y corrupción en que se han visto envueltos sus coordinadores parlamentarios y presidentes municipales por el espinoso asunto de los moches.

Si algo siempre había distinguido al PAN sobre otros partidos políticos como el PRI o PRD era la manera en que sus dirigentes y candidatos a puestos de elección popular eran electos democráticamente en sesiones de Consejo o en convenciones de delegados.

Ahora la situación será diferente, pues los panistas que desde el gobierno de Vicente Fox no han logrado superar la crisis de identidad que enfrentan, optaron por la democracia directa, asemejándose más a un partido de masas que a un partido de cuadros, lo que sin duda aumenta los riesgos de lo que parece —como escribí en mi pasada entrega– una inevitable ruptura.

¿Por qué?

Varias son las razones. La primera es que los perdedores difícilmente aceptarán su derrota en una elección abierta a toda la militancia, si su dirigente que controla las principales estructuras y órganos de dirección del partido no se separa ya del cargo y entra en una contienda de piso parejo.

Si en una elección sujeta al voto universal de sus militantes, ganan los que más dinero tengan para recorrer el país, costear una campaña, comprar consciencias y voluntades, publicitarse en medios masivos de comunicación y movilizar votantes a las urnas.

Y si los perdedores logran reunir evidencias de que los recursos empleados para entronizar al candidato de la burocracia dorada panista provienen de aquellos militantes que ocupan cargos públicos relevantes y que en aras de apuntalar a Gustavo Madero echan mano del erario; de las millonarias prerrogativas del IFE o los institutos estatales entregadas al PAN para gastos de operación; de las cuantiosas bolsas asignadas a sus coordinadores parlamentarios; o de los moches por la gestión de obras o partidas extraordinarias del presupuesto federal.

Lo anterior no es una invención mía, sino expresiones de los propios panistas que hoy pugnan por la renuncia de Gustavo Madero ante las evidencias de que éste, con el apoyo de gobernadores y alcaldes, diputados federales y diversos comités estatales y municipales, se registrará como candidato a la dirigencia nacional para un segundo periodo en las elecciones internas previstas para el tercer domingo de mayo próximo.

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Difícilmente el PAN igualará votación de Mario Marín
PRI, partido de altibajos en las últimas votaciones

Nada mejor para medir el tamaño de la victoria priísta y la debacle electoral panista que comparar los resultados de los comicios del domingo 5 de julio con los anteriores procesos electorales.

A nivel estatal, el PRI obtuvo en esta elección —en la que votó el 38% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal— más votos que en la elección presidencial del 2006.

El tricolor logró 12,089 sufragios más, y eso que en la elección del 2006 el PRI fue en coalición con el PVEM.

El PAN, en cambio, perdió 317,208 votos, lo que representa casi un 50%.

En la elección federal intermedia de hace seis años —previa a la redistritación por la que Puebla tiene un distrito electoral federal más—, el PRI ganó 10 de 15 distritos.

Acción Nacional se alzó en 2003 con la victoria en los restantes cinco distritos: los cuatro de Puebla y el 10 que entonces correspondía al de Atlixco.

En aquel proceso, salieron a emitir su sufragio 1 millón 555 mil ciudadanos, 255 mil menos de que los votaron el domingo pasado.

Lo paradójico es que aún con ese incremento de votantes, el PAN obtuvo en esta elección menos sufragios que los captados hace seis años en los cinco distritos que ganó entonces.

En el distrito 6 obtuvo 43,198 votos y ahora sólo llegó a 25,215.

En el distrito 9 consiguió 39,389 sufragios, y ahora únicamente 25,411.

En el distrito 11 obtuvo 47,252 votos, y ahora se quedó en 33,716.

En el distrito 12 sacó 39,885 sufragios, y ahora 28,539.

Y en Atlixco, que hace seis años era el distrito 10, captó 33,074 votos, y ahora sólo 29,973.

A la luz de la elección presidencial, el descalabro panista es todavía más elocuente.

En 2006, el PAN ganó la elección de diputados de mayoría relativa con 62,909 votos y el domingo perdió las votaciones con 25,215 sufragios.

El distrito 9 lo ganó con 65,948 votos y ahora lo perdió con 26,411.

Lo mismo ocurrió con los distritos 11 y 12, donde su pérdida de votos es aún mayor.

En 2006 el blanquiazul ganó el distrito 11 de la capital poblana con 70,295 votos y ahora lo perdió al computar sólo 33,716 sufragios, y el distrito 12 lo ganó con 71,865 y el domingo lo perdió con 28,539 votos.

Es decir, el PAN no obtuvo el domingo 5 de julio, ni siquiera la mitad de los votos de los alcanzados en la elección presidencial.

Estos resultados tampoco revelan, como algunos analistas oficiosos suponen, que el PAN nada tiene que hacer en los comicios locales del año entrante.

Lo que sí indican es que Acción Nacional tiene un reto harto complicado de cara a la elección de gobernador de 2010, pues desde la elección presidencial de 2000 —que ganó Vicente Fox Quesada— su  votación en la entidad ha venido disminuyendo.

De hecho, el blanquiazul no ha logrado superar los 886 mil 535 votos que el priísta Mario Marín Torres alcanzó en los comicios locales de noviembre de 2004. Vicente Fox se quedó en 732 mil 435 votos, y Felipe Calderón —en 2006— en 743 mil 831 sufragios.

EN CORTO
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve este lunes que la reforma aprobada por el Congreso local en materia electoral es inconstitucional, pueda dar por un hecho que Alejandro Armenta Mier seguirá al frente de la dirigencia estatal del PRI, con el visto bueno del gobernador Mario Marín Torres.

Y es que el calendario político del partidazo se acotaría notablemente. En enero tendría que haber candidato al gobierno del estado, y en marzo, a más tardar, tendrían que estar amarradas las candidaturas al Congreso y a las 217 alcaldías de la entidad.

No hay tiempo para experimentos, señalan en el CDE del PRI, sobre todo cuando Alejandro Armenta plantea hacer ajustes en las estructuras municipales y distritales de la entidad, para que marchen ad hoc con el Proyecto “Z”.

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Este día Milenio Puebla y e-consulta publican el tercer ranking sobre las mejores universidades e instituciones de educación superior del estado, elaborado por Consultoría Contracorriente.

La evaluación, como ocurrió en los primeros dos rankings, se basó en la proporción de programas de estudio acreditados por las universidades ante COPAES, CIEES, FIMPES y CONACYT; en el número de docentes/investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); en el porcentaje de programas de postgrado de calidad; en la tasa de titulados; en la cantidad de alumnos por área de conocimiento; en los convenios internacionales, y en el incremento o disminución de la matrícula de estas instituciones respecto al ciclo escolar anterior.

El estudio contenido en el suplemento Top 15 Universidades se acompaña de otros reportajes y artículos dirigidos a estudiantes que ya cursan una carrera universitaria o están por ingresar a la universidad, para que sepan cómo elegir la mejor computadora en función de su área de estudios, cuáles son las carreras del futuro y qué opciones profesionales son las de mayor demanda en el mercado local.

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Alberto Ventosa Coghlan sigue metiéndose en problemas, ahora en los Estados Unidos. El pasado 12 de mayo la señora Lourdes Schroeder le promovió en la South County Court, de San Diego California, una demanda por violencia doméstica.

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Simón dice:

“Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones”.
Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés.

Víctor Reynoso publica nuevo libro “Para entender al PAN”
Pueden más los votos que el padrinazgo de un gobernador

En su más reciente libro sobre el PAN y el Sistema Político Mexicano, el politólogo Víctor Manuel Reynoso Angulo reflexiona sobre uno de los cambios más importantes que el PRI ha experimentado después de perder presidencia de la república en las elecciones del 2000.

El consejero de la extinta Comisión Estatal Electoral sostiene que a diferencia de los años en que México vivió bajo un sistema de partido hegemónico, hoy el poder de los gobernadores, senadores, diputados o presidentes municipales de cualquier partido político, no depende de su relación con el jefe del Poder Ejecutivo federal, ni de su militancia partidista, sino de su potencial electoral.

“Cualquier político —agrega el también profesor e investigador de la UDLAP— que hoy tenga altas probabilidades de obtener un número importante de votos (lo cual es fácil de medir, mediante encuestas, y se hace cotidianamente, sobre todo en el momento de decidir candidatos) basa su poder en eso, y no en su relación con el Presidente en turno”.

A manera de resumen, Víctor Reynoso apunta que “tener la posibilidad de ganar una elección le da más poder  (a los políticos con aspiraciones) que la posible simpatía de políticos superiores”.

Otra reflexión del libro “Para entender el Partido Acción Nacional” que recientemente acaba de imprimirse con el sello Notra Ediciones, es que este nuevo paradigma basado en la preferencia electoral aplica también para el blanquiazul.

“El partido (el PAN) tiene autonomía frente al Ejecutivo. Autonomía que no significa ausencia de relación, o ausencia de influencia del Ejecutivo. La influencia existe pero es limitada por otras fuerzas, como los políticos con tradición partidaria o políticos con fuerza propia, sea en las urnas o en los grupos de poder al interior de la organización partidaria”.

Para ejemplificar su aserto, el doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, recuerda que “en algunas elecciones internas han ganado los candidatos identificados con el presidente de la república, como fue el caso de Manuel Espino en 2005 y de Germán Martínez Cázares en 2007. En otro, el candidato del Presidente fue rotundamente derrotado, como sucedió en la elección del candidato a la presidencia de la república para 2006, cuando Santiago Creel, apoyado por Vicente Fox, perdió ante un candidato que tenía una amplia presencia en el PAN, Felipe Calderón”.

Algo que no hace el ensayo de Víctor Reynoso, porque no estaba en su ámbito de interés, es reflexionar sobre la coyuntura electoral de Puebla de cara al 2010, a partir de adaptar algunas de sus reflexiones al ámbito local.

Y eso es lo que me propongo realizar aquí, al aterrizar el paradigma de la preferencia electoral en el marco de la sucesión gubernamental de Mario Marín Torres.

Si el activo más importante que hoy tienen los políticos es su potencial electoral —y eso se mide y se evalúa mediante encuestas— quién de los aspirantes a gobernar la entidad por parte del PRI o el PAN lleva ventaja en este terreno.

En el PRI es claro que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, es el favorito del gobernador, pero la duda que subyace entre la clase política priísta es si éste será también el favorito de la mayoría de los electores de Puebla.

Entre los panistas tal incertidumbre también está presente, pues aunque el senador Rafael Moreno Valle Rosas presuma que hoy por hoy es el aspirante del blanquiazul mejor rankeado entre la ciudadanía, ello no significa que los miembros del PAN lo perciban como uno de los suyos o como la mejor opción que tienen para la gubernatura.

A contrario sensu, si la posibilidad de acceder hoy a un cargo de representación o de ganar una elección está en función de las simpatías que un político despierta entre los votantes, quién de los aspirantes del PRI y el PAN puede equivocarse basando su eventual nominación en la relación que mantiene con el presidente de la república o el gobernador en turno.

Para nadie en Puebla es un secreto que el principal impulsor de López Zavala es el gobernador Mario Marín, y que la principal promotora del senador Moreno Valle es la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, y quien en los hechos opera como vicepresidenta de México.

EN CORTO
Una duda creciente entre los ganaderos de la Sierra Norte de Puebla es cómo le hace el diputado local priísta Carlos Barragán Amador para comprar, en plena crisis económica, ranchos y hatos ganaderos, como el adquirido hace unos días en la junta auxiliar de Santa Rita, en Xicotepec de Juárez, de más de cien hectáreas.

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Simón dice:

“Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero”.
Abraham Lincoln (1808-1865). Presidente de los Estados Unidos.

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Si a una panista de Puebla le debe haber caído como gancho al hígado no tanto la renuncia de Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación Pública, sino su eventual nominación como candidata plurinominal del PAN por la quinta circunscripción electoral del país, pero sobre todo la posibilidad de que se convierta en la coordinadora de su grupo parlamentario en la Cámara Baja, esa es precisamente Ana Teresa Aranda Orozco.

Josefina y Ana Teresa mantienen una vieja rivalidad desde el comienzo del sexenio de Vicente Fox, cuando la señora Aranda se rehusó a que el DIF saliera del sector Salud, para reubicarse como un organismo público descentralizado sectorizado a la Sedesol.

Dicha rivalidad se acrecentó cuando Vázquez Mota salió de la Sedesol para integrarse a la coordinación del equipo de campaña del hoy presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, y la señora Aranda la sustituyó en el cargo, en el ocaso del sexenio foxista.

En ese escenario, lo más previsible es que si Josefina Vázquez se convierte en la líder de la bancada del PAN en San Lázaro, Ana Teresa tendrá poco o nulo juego político, lo que afectaría sus aspiraciones de contender —¡otra vez!— por la gubernatura de Puebla en el 2010.

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A vuelo de pájaro, los cambios anunciados anoche en el equipo de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, en la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública, en la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y en la Dirección General del DIF municipal, parecen adecuados.

El nombramiento que más incertidumbre genera es el de Emilio Trinidad Zaldívar como coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Rafael Quiroz Corona, y no porque carezca de oficio o de experiencia, que la tiene pero en el Distrito Federal y en otras entidades del país, pero no en Puebla donde nadie lo conoce.

Y en un área tan sensible para cualquier gobierno como la comunicación social y el trato con medios de comunicación, tal desconocimiento resulta arriesgado, máxime cuando la alcaldesa dedica poco tiempo a esta cuestión.

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Otra duda que dejan los cambios y enroques anunciados anoche se centra en el actual secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras.

Y es que nadie sabe si Hidalgo Vigueras será ratificado o removido del cargo, como se ha venido especulando desde hace meses, o qué razones tuvo la presidenta municipal de Puebla para dejar fuera del paquete de nombramientos a José Héctor Carreón Herrera como sustituto de aquel.

Por lo pronto, anoche corrió como reguero de pólvora la versión de que la alcaldesa aún estaba indecisa de nombrar a Carreón Herrera, por su desarraigo de Puebla y porque a pesar de su paso por la PGR y la Procuraduría del Distrito Federal y de su curriculum como estudioso del derecho penal, en la práctica nunca se ha involucrado en cuestiones operativas, ni ha estado al mando de policías.

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Una duda adicional: ¿Qué pasará con Sergio de la Luz Vergara Berdejo?

¿A poco después de sus errores cometidos en la reconstrucción de algunas calles del primer cuadro, lo van a premiar nombrándolo al frente de la Agencia encargada del rescate y restauración del Centro Histórico?

La verdad es que sería el colmo.

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Simón dice:

“La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar”.
 Mario Vargas Llosa (1936-?). Escritor peruano.

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