En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.

El dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, hace mal en descalificar a los medios y reporteros, como el que esto escribe, por dar crédito a lo difundido en un video del portal You Tube, en el cual se le involucra como comprador de piezas robadas de arte sacro.

En lugar de desquitarse con los periodistas y medios que han dado cobertura noticiosa a ese video, e investigado la verosimilitud de lo que se  dice en los diálogos entre “El Costras” y “El Pollo”, mejor debería desenmascarar a los autores materiales e intelectuales de eso que califica como absurdo montaje, y que —según él— tiene plenamente identificados.

En e-consulta no nos hemos limitado a la difusión del video de marras. El tema lo seguimos investigando, y puedo adelantarle que el contenido central de las conversaciones que se escuchan en los referidos audios consta también en una averiguación previa en poder de la Procuraduría General de la República.

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Uno de los mayores problemas que tiene el delegado del DIF estatal en la región de San Pedro Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha, para que el PRI lo haga su candidato a diputado federal por el distrito 10, además de la oposición del presidente municipal Francisco Covarrubias Pérez, es el rechazo de quienes laboran para él como servidor público.

El malestar de estos se puede resumir en tres puntos: la delegación es dirigida en la práctica por dos ex colaboradores suyos en el ayuntamiento cholulteca, como Carlos Vega y Laura Aguilar, ésta última fue su contralora; usan y prestan los vehículos asignados al DIF —entre ellos la unidad 209, una camioneta Ranger, y un Pointer color blanco— a personas que no trabajan en él, como el ex candidato a presidente municipal de Cuautlancingo, José Luis Camela y, lo más grave, se clavan el 50% de sus viáticos, con el pretexto de que ese recurso no es liberado a tiempo por el DIF estatal.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se encerró ayer a piedra y lodo con sus principales funcionarios, para afinar los detalles de su primer informe de labores que, como ya se adelantó, tendrá el Palacio Municipal como escenario y la asistencia de sólo 150 personas.

Blanca Alcalá planea llevar a cabo otros dos informes ante cientos de colonos de la capital; uno en el Oriente de la ciudad, y otro en el Sur. Inicialmente, se proyectaban cuatro informes, pero ante la posibilidad de que el hecho fuera interpretado como acción electorera, la presidenta resolvió sólo hacer dos.

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Por correo electrónico me llegó un informe —que usted puede consultar en la sección de comentarios de este blog— de algunas anomalías y abusos, en que supuestamente estaría incurriendo el síndico municipal Román Lazcano Fernández, en complicidad con algunos colaboradores y socios.

En resumen el mail refiere que el síndico municipal —que no mantiene una buena relación con la alcaldesa, lo que de sobra se conoce— estaría aprovechando su cargo para hacer pingües negocios, en complicidad con funcionarios bajo su mando, ubicados en áreas estratégicas de la dependencia.

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Ayer por la tarde trascendió que Ricardo Toledo Núñez dejó la dirección del Hospital Regional del ISSSTE, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su relevo.

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Simón dice:
“Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral”
Francis Bacon

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Aun cuando la consejera Olga Lazcano Ponce no ha tenido acceso a las auditorías de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado (IEE), ni a la realizada por el auditor externo Freysinier Morin, en el análisis que el viernes pasado presentó sobre el ejercicio presupuestal del 2007, resulta que llegó a las mismas conclusiones que éstos, en el sentido de que la administración del organismo es un fiasco nauseabundo.

Y es que la peste de la corrupción, según su reporte, está presente en varias partidas, transferencias, cuentas y compras.

Un ejemplo es la partida 2201 denominada Alimentación para el personal de las dependencias y entidades del IEE.

El presupuesto original autorizado para esta partida fue de 5 millones 44 mil pesos. Sin embargo, al término del 2007, el monto ejercido ascendió 7 millones 90 mil pesos, lo que refleja un sobregiro del 40.56%.

Pero el gasto por consumo de alimentos del Instituto Electoral del Estado y en particular de la oficina del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, fue aún mayor, sólo que éste –como ayer se lo comenté– se dispersó en otras partidas, como la 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, la 3702 “Viáticos nacionales” y la 3810 “Gastos de representación”.

Me explico.

De la partida 3601, por un monto de 13 millones 174 mil pesos, 145 mil 925 pesos, es decir el 15%, también corresponden a gastos de alimentación.

Lo mismo sucede con la partida 3810 para Gastos de representación que se autorizó por un monto de 220 mil pesos, pero que a diciembre de 2007 llegó a 460 mil. De éstos, se estima que 213 mil pesos se justificaron con facturas de comida y restaurantes.

En suma: de los 5 millones 44 mil pesos que el Consejo General del IEE aprobó para el gasto de comida, resulta que el monto que al final se ejerció rebasó los 7.5 millones de pesos, lo que representa un sobrejercicio presupuestal de 3.4 millones o, si se prefiere, de 54.5%

Otro ejemplo que ilustra con creces la forma en que se manejaron los recursos del IEE en 2007 es la partida 2101 “Materiales y útiles de oficina”, por un total de 1 millón 559 mil pesos.

Según los registros contables de esta partida, hubo 2246 compras menores a 10 mil pesos, 33 por arriba de los 10 mil y una superior a los 100 mil pesos.

Lo anterior significa que la Dirección de Administración fraccionó intencionalmente estas compras para evitar pasarlas por el Comité de Adquisiciones del IEE.

De otra manera no se entiende cómo de los 2280 asientos contables en números negros, únicamente 33 sean por cantidades mayores de 10 mil pesos y sólo una superior a los 100 mil pesos.

Lo más curioso de estas compras fraccionadas es que el nombre del proveedor de los materiales y artículos de oficina del IEE no más no aparece.

¿Por qué será?

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