Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

¿Por qué si en el informe rendido por Jorge Sánchez Morales el pasado 5 de marzo se dice que hubo un remanente de 1.6 millones de pesos en el ejercicio del 2007, en un oficio posterior enviado por el presidente del IEE al secretario de Finanzas del estado en el mes de abril, solicita que dicho saldo a favor, entre el presupuesto otorgado y el ejercido, se destine al pago de deudas y pasivos no cubiertos el año pasado?

¿Por fin hubo o no saldo a favor?

¿Por qué entre esos pasivos figura el pago por concepto de depósitos en garantía de inmuebles alquilados por el Instituto para el órgano y los consejos distritales y municipales?

¿No acaso esos depósitos por un monto de 327 mil pesos se cubrieron cuando los inmuebles se rentaron?

¿O es que el presidente del Instituto, y su ineficiente administradora, Verónica Paola Cruz Castillo son tan generosos con el dinero que no es suyo que pagan dobles depósitos en garantía?

¿Por qué la Administración del IEE y el Orfise aceptaron maquillar los onerosos gastos de alimentación del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, diluyéndolos en diversas partidas como 2201 Alimentación para el personal, la 3810 Gastos de representación y en el rubro de Gastos Institucionales, y cargando esos gastos al presupuesto de la Dirección de Administración, la Dirección de Organización, la Coordinación de Comunicación Social y los órganos transitorios?

¿Por qué la mayor parte de las reposiciones del fondo fijo de la oficina de la presidencia del IEE se cargaron a la partida 2201?

¿Por qué los gastos de alimentación de la oficina de la presidencia no fueron incluidos en el informe del 5 de marzo?

¿Bajo qué criterio se cargaron a la partida 2201 gastos por arrendamiento de vehículos, que se pagaron con los cheques 35457 y 35448 a Maribel Ramírez Saavedra y Teresa Martínez Cortés, respectivamente?

¿Qué no la partida de arrendamiento de vehículos es la 3205?

¿Por qué en los registros contables de la partida 2101 Materiales y útiles de oficina hay 2246 asientos contables menores de 10 mil pesos?

¿No será que esas compras de materiales y útiles de oficina se fraccionaron?

¿Por qué en los asientos contables de esa partida no aparece el nombre de la empresa o particular que proveyó esos materiales?

¿Por qué la camioneta Suburban 2007 asignada al presidente del Instituto no pasó por el Comité de Adquisiciones, pese a que por su costo de 434 mil 508 pesos debió someterse al menos a un concurso por invitación?

¿Por qué en unos documentos del Instituto se informa que los productos financieros que se obtuvieron en el 2007 ascienden a 2.05 millones de pesos, y en otros a sólo 1.08 millones, si ambos son emitidos y firmados por la misma persona: Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Por qué estas inconsistencias no fueron observadas, ni sancionadas por el Órgano de Fiscalización Superior y la Comisión Inspectora del Congreso del estado?

¿Acaso tendrá algo que ver el hecho de que Verónica Paola Cruz es cuñada del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava?

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Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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En el Congreso del estado existen legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa

A Verónica Mastretta Guzmán y a sus hermanos Sergio, Ángeles, Daniel y Carlos por el lamentable deceso de su señora madre. Desde aquí nuestro pésame.

¿Sabía usted que desde el jueves 10 de julio el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE giró un oficio al vocal ejecutivo del Instituto en Puebla, Luis Garibi Harper y Ocampo, solicitándole su apoyo para entregar al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, copias del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que en dicho expediente —de 223 fojas útiles— existen pruebas documentales que corroboran hasta la saciedad que el actual presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que el propio presidente de la agrupación política, Tulio Zárate Luna, hizo saber a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 que Juárez Acevedo se desempeñaba como secretario general de la misma?

¿Sabía usted que en el acta de certificación de las asambleas estatales de Plataforma Cuatro celebradas durante el 2001 en los estados de Tlaxcala y Michoacán, para constituirse en partido político nacional, se menciona que Juárez Acevedo participó en la lectura de los documentos básicos, y que además lo hizo en su calidad de secretario general?

¿Sabía usted que lo mismo dice el acta de certificación de las asambleas efectuadas en Veracruz y Querétaro?

¿Sabía usted que tres distintos oficios de fechas 11, 20 y 30 de enero de 2002 —mediante los cuales Plataforma Cuatro informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE el día, hora y lugar en que tendría lugar su asamblea nacional—, están suscritos por Antonio Juárez Acevedo como secretario general?

¿Sabía usted que en la mencionada asamblea nacional constitutiva Juárez Acevedo fue electo como secretario general del naciente partido político nacional?

¿Sabía usted que posteriores oficios, también dirigidos al IFE, fechados el 13 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002, llevan la rubrica de Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que todavía el 17 de octubre de 2002 el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Tulio Zárate Luna, en respuesta al oficio DEPPP/DPPF/3059/2002, hizo saber al IFE que Juárez Acevedo formaba parte de su Comité Ejecutivo Nacional con el cargo de secretario general?

¿Y sabía usted que fue hasta el 3 de febrero de 2005, dos meses después del nombramiento de Juárez Acevedo como comisionado de la CAIP por parte del Congreso del estado, que Tania Susana Hernández Zafra pidió al IFE  corregir el directorio de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que ella era la nueva presidenta, y que su petición fue rechazada por no ir acompañada de la documentación que acreditara tanto las asambleas donde se efectuaron esos cambios como el acta de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, supuestamente encabezado por ella?

Si no lo sabía, ahora ya lo sabe; como también sabe que Juárez Acevedo es un mentiroso, por negar su pertenencia a Plataforma Cuatro; y que en el Congreso del estado existen también legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo, quien el domingo declaró a la prensa que aún no tenía ninguna respuesta del IFE sobre el caso Juárez Acevedo.

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¿Pagan Play Boy del IEE?
Ayer recibí en mi buzón, un correo electrónico de una persona que dice ser empleado del Instituto Electoral del Estado y que se cuestiona por qué este organismo contrató a Megacable el canal de Playboy.

Aquí su mail, tal cual:

¿Alguien me puede decir por qué los consejeros electorales del IEE tienen servicio de Playboy?, contrato que por cierto firmó el dizque contador público Luis Javier Córdova Sánchez con la empresa Megacable con el numero de suscriptor 326071.
 
Se supone que en este año los recursos son limitados y que en el Instituto hay austeridad, pero hay una persona, Alberto Adrián Pérez Romero, que recibió una liquidación de  $150,000. ¿Quién es? ¿En qué área trabajó? ¿Alguien lo conoce? ¿Por qué se emitió el cheque de HSBC número 37976?

Les recuerdo que la ex contralora Dalhel Lara Gómez y la ex directora de Capacitación, Ana Silvia Santillana no recibieron liquidación (ojo). Ésa es una de tantas transas no conocidas del IEE, así como las que realizan día a día la directora administrativa y su sobrinito Luis Javier Córdova Sánchez, a espaldas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

Estas personas obtienen dinero fácil de las arcas del Instituto en vales de gasolina y comprobando con facturas que no les corresponden. Claro, esto  habría que consultarlo con la tesorera del Instituto, Anabel Alvarado, quien fácilmente se presta a ello. Cuando se emite un cheque debe llevar 2 firmas: una es de la tesorera y otra de la directora Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, o de la coordinadora financiera, María Juana Huitzil Almonte.

Otra pregunta: ¿por qué a Noé Muñoz Alejandro le dieron un cheque de liquidación por $10,192.96 si era eventual? Por lo que tengo entendido él, al igual que muchas otras personas, había firmado un contrato comprometiéndose a no solicitar liquidación ni prima vacacional, ni aguinaldo. En pocas palabras, firmó para no tener derecho a ninguna prestación.

¿No sería justo que todas las personas que prestaron su servicio en año electoral contaran con el mismo beneficio?

Habrá que preguntarle a la directora administrativa en qué circunstancias aplica ciertos criterios. A final de  cuentas, ese dinero que fluye de aquí para allá es nuestro, de todas las personas que pagamos impuestos en el estado de Puebla.

Hay tantas cosas que aún no se saben del Instituto Electoral del Estado que es mejor que permanezcan ocultas.

Hasta aquí el correo.

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Hace un par de semanas, la consejera electoral Olga Lazcano Ponce le dio las gracias a su asistente Salvador Jiménez Martínez, por una falta no menor: traición.

Y es que el susodicho fue sorprendido por su supuesta jefa en varios actos de deslealtad, ante los cuales ésta no tuvo más remedio que pedirle la renuncia, el pasado 9 de julio, por pérdida de confianza.

Antes de laborar en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Salvador Jiménez lo hizo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde conoció y entabló amistad con Jorge Sánchez Morales.

De hecho, fue éste último, ya en su calidad de presidente del IEE, quien se lo recomendó a Olga Lazcano, sin imaginarse siquiera los problemas que tendría después.

Salvador Jiménez se convirtió en el espía del consejero presidente, y Olga Lazcano en la espiada.

Jorge Sánchez le prometió, a cambio de sus servicios, promoverlo como director de Capacitación Electoral y Educación Cívica a la salida de Ana Silvia Santillana García, pero no le cumplió o no pudo cumplirle.

La razón ya la expliqué: Olga Lazcano descubrió a su asistente pasándole información y datos sobre sus actividades al consejero presidente, quien –hay que decirlo– expuso de más a su infiltrado con las consecuencias ya conocidas, pues lo citaba en su oficina del Instituto o la salida del estacionamiento propiedad de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, donde guarda su lujosa camioneta Suburban que le costó al IEE 434 mil 508 pesos.

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A propósito.

Entre algunos consejeros electorales y funcionarios del Comité de Adquisiciones causó sorpresa un detalle que omití sobre el reporte de observaciones del despacho Freyssinier Morin a la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado, Verónica Paola Cruz Castillo.

Me refiero al punto 8 del pliego de 25 observaciones, donde se advierte la “falta de procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas por parte del Comité de Adquisiciones y contrato a nombre de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, sobre arrendamiento de estacionamiento”.

La duda de algunos consejeros es por qué se asienta una cantidad de 28,637 pesos, si en el contrato que se les pasó para revisión la renta pactada era de 8,000 pesos más IVA, como se puede ver en la página 2 de este archivo electrónico

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La tarde del domingo falleció Humberto Pacheco, padre de Luis Pacheco Cervantes, ex secretario particular de Javier Sánchez Galicia en la Dirección de Comunicación Social y actual gerente de Proyectos Especiales de la agencia Kratos. Desde aquí un abrazo y nuestro más sentido pésame.

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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Encargados de despacho y plazas vacantes, la constante

Un signo más de opacidad en el Instituto Electoral del Estado (IEE) es el directorio de funcionarios del organismo, plagado de encargados de despacho y plazas vacantes, por la negativa del consejero presidente Jorge Sánchez Morales de someter los nombramientos que ha venido realizado a los procedimientos establecidos en el estatuto del Servicio Electoral Profesional.

De las cuatro direcciones de área del IEE, sólo dos cuentan con titulares surgidos del servicio electoral de carrera: Marcelina Sánchez Muñoz, directora de Organización Electoral y Amalia Varela Serrano, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

La Dirección de Administración tiene a una encargada de despacho, en la persona de Verónica Paola Cruz Castillo, quien a pesar de que su nombramiento sólo se autorizó para el 2007 sigue desempeñándose en el cargo.

Y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica está vacante, después de que a principios de año Ana Silva Santillana García renunció al Instituto, para irse a laborar al gobierno del estado.

Quien también dejó el IEE para contratarse en la Secretaría de Finanzas y Administración del estado fue Dalhel Lara Gómez, dejando vacante la titularidad de la Contraloría Interna.

Dos jefaturas de Departamento en la misma situación son la de Planeación y Seguimiento de la Dirección General, y la de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, tras la renuncia de Gabriela Ajo Carrillo.

El caso más emblemático de esta negligencia se refleja en la propia Unidad del Servicio Electoral Profesional, en la que Sergio Ayala Jasso tiene dos años como encargado de despacho.

Su plaza, como la de otros funcionarios operativos y administrativos del IEE, no se concursa, no sólo por una cuestión de negligencia, por razones presupuestales. Y es que la diferencia de sueldos entre un titular y un encargado de despacho, a nivel de coordinación de área, es de más de 15 mil pesos o más.

Otros funcionarios de IEE cuyas puestos no han pasado por el Servicio Electoral Profesional, y que por lo mismo están como encargados de despacho son: Diana Balbuena Espinosa, responsable de la Coordinación de Comunicación Social, y Adriana Álvarez Hernández, de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Esta situación irregular, y que algunos consejeros electorales como Juan Carlos de la Hera Bada y Joel Paredes Olguín han tratado de remediar, mediante oficios y acuerdos que a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del consejero presidente del IEE, podría complicarse en los próximos días.

No sólo por la intención de Jorge Sánchez de nombrar a incondicionales en los cargos vacantes, al margen del estatuto del Servicio Electoral Profesional, sino por su intentona de manipular los procedimientos y los concursos para que allegados suyos y de otros aspirantes priístas a la gubernatura se adueñen de la Dirección de Capacitación Electoral, la Contraloría Interna, y la Jefatura de Planeación y Seguimiento de la Dirección General.

Pero ésa es otra historia, de la que pronto, muy pronto, nos ocuparemos.

EN CORTO

Si de veras los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta son tomados en cuenta en la investigación que el Congreso del estado le sigue al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, para analizar la legalidad de su nombramiento, lo más probable es que éste tenga los días contados y que el grupo parlamentario del PRI utilice su salida como carta de negociación con la oposición para sacar adelante su iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia.

Por lo pronto las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, deben tomarse como una buena señal sobre la inminente remoción de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP.

Habrá que esperar ahora si esta disposición del PRI también se extiende a su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, que hasta ahora no ofrece ningún cambio o  mejora sustancial con respecto a la legislación vigente.

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Hete aquí, para conocimiento de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), un primer extracto de las anomalías y observaciones que la Contraloría Interna hizo al ejercicio presupuestal de 2007, y que el consejero presidente Jorge Sánchez Morales trata de esconder a toda costa.

1.- De enero a septiembre de 2007 se cargaron errónea y, en algunos casos, deliberadamente 853 mil 141 pesos a la partidas 3601 denominada Gastos de Propaganda que en realidad corresponden a otros rubros como Impresiones, Servicios de Informática, Otros Gastos de Difusión e Información, de acuerdo con el Clasificador por objeto de gasto emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.
Lo anterior no es, como alguien pudiera pensar, un simple error de registro. En realidad, el propósito de esas “equivocaciones” cometidas por la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, era ocultar el sobregiro en algunas partidas altamente observables para cualquier auditor.

Estos errores de registro explican, de paso, por qué nunca coincidieron los reportes del consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, con los de la consejera Olga Lazcano Ponce, presidenta de la Comisión Permanente de Comunicación Social del IEE, sobre la controvertida partida 3601 Gastos de Propaganda.

2.- El pago de servicios de asesoría por un monto de 96 mil 842 pesos con cargo a la partida 3901, denominada Servicios Diversos y que según el clasificador de la Secretaría de Finanzas está destinada a la cobertura de penas, multas, accesorios y actualizaciones.

La asesora, contratada por el presidente del IEE y adscrita a la Dirección Administrativa, es la contadora Katy Pacheco Pérez —sobrina, por cierto, del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido—, quien entregó los recibos de honorarios 0024 y 0025 por concepto de Servicios Profesionales.

Una irregularidad adicional en este punto es que el contrato que ampara su asesoría no es un contrato de prestación de servicios profesionales, sino de arrendamiento.

3.- De enero a septiembre de 2007, el Instituto Electoral del Estado destinó 15 mil pesos mensuales a cada representante de partido político por concepto de “apoyo y colaboración”. Dicha erogación se registró en la partida 4311, que corresponde a Otras Transferencias.

Según la auditoría practicada por Dalhel Lara Gómez ese gasto no está contemplado, ni autorizado en ninguna normativa, amén de que carece de soporte fiscal y documental.

Hasta aquí este primer compendio de observaciones al ejercicio presupuestal del 2007 del IEE. Mañana ofrezco presentarle una segunda parte, acerca de lo que las auditorías arrojaron al comparar los reportes entregados por la Dirección Administrativa a los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa y a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, que simplemente no concuerdan.

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Este viernes el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, estará de gira en la Sierra Norte, concretamente en Francisco Z. Mena, y aprovechará el viaje para reunirse con un grupo de simpatizantes del “Proyecto Z” en el rancho Palo Blanco del ganadero Ángel Salas.

El problema es que uno de los organizadores de su gira, el legislador local Carlos Barragán Amador, quien se ya promueve para diputado federal, no goza del aprecio de muchos de los políticos de aquella región de la entidad, debido a sus frecuentes escándalos.

El último de ellos ocurrió el viernes pasado, después de una cabalgata por Francisco Z. Mena, en compañía del diputado federal Alberto Amador Leal. Carlos Barragán se quedó en Rancho Nuevo, donde se organizó una comida y un baile, que terminó a golpes entre el legislador local y el ganadero Miguel Guidobro, de Mecapalapa.

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