Que en el transcurso de los próximos días comenzarán a enviarse señales que despejarán la incertidumbre que hoy prevalece en las filas priístas sobre quién será el abanderado del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Y el encargado de enviarlas será el primer priísta de la entidad, y no el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, quien en los últimos días pretendió habilitar como opciones alternativas del «Plan A» (Mario Montero Serrano) a Jorge Estefan Chidiac, a Luis Alberto Arriaga Lila y a Pablo Fernández del Campo.

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Que este domingo estará por la entidad, en una gira de trabajo por los municipios de Ciudad Serdán y Tehuacán, para sumarse a la precandidatura de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de Puebla, el senador Santiago Creel Miranda.

Con el exsecretario de Gobernación federal son tres las figuras nacionales del PAN que en menos de dos semanas se pronuncian por Moreno Valle como la mejor opción para derrotar al PRI en las próximas elecciones de julio. La primera fue el expresidente del CEN del partido, Manuel Espino Barrientos, y la segunda el coordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz.

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Que la ausencia de un coordinador general de adeveras en el equipo de campaña de Javier López Zavala comienza a notarse y de fea manera, en perjuicio del propio abanderado del PRI que personalmente tiene hacerla de coordinador de avanzada, promotor al voto, jefe de prensa, coordinador de logística, maestro de ceremonias y candidato a la gubernatura.

A López Zavala le hace falta un López Zavala.

El problema del candidato priísta es que no parece candidato, sino coordinador de campaña, y que nadie de sus más cercanos operadores y colaboradores se toma en serio el nombramiento de Jesús Morales Flores como coordinador general, lo que da pie a que varios de éstos descuiden las tareas que tienen encomendadas, en aras de ocupar esa posición.

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Que la comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jaqueline Peschard Mariscal, puso ayer nuevamente en evidencia al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien hace unos días declaró que la demora para poner en funcionamiento en Puebla el sistema Infomex obedecía a problemas técnicos del organismo federal.

Jaqueline Peschard manifestó ayer que la inoperancia de la plataforma Infomex, como mecanismo para que la administración estatal reciba y responda las solicitudes de información pública que se le hagan, en realidad obedece a una cuestión de voluntad política y de deficiencias que no han querido subsanarse en la Ley de Transparencia de Puebla.

Más claro, ni el agua.

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Simón dice:

«Que siempre por señales o razones se suelen descubrir las intenciones».

Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594). Escritor español.

El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Lo reitero: la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de leyes, ni de fiscalías anticorrupción, sino de voluntad. Sí, de voluntad política.

A juzgar por la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el grupo parlamentario del PRI, en Puebla no hay voluntad, al menos del partido gobernante y sus autoridades, por transparentar el ejercicio de gobierno.

Como no la ha habido para agilizar la remoción del deslegitimado –¿e ilegal?– presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo; para acatar lo que hoy establece la normatividad vigente en materia de adquisiciones y obra pública; para adoptar el sistema Infomex, como lo están haciendo la mayoría de los estados, o para responder sin ambigüedades o subterfugios las solicitudes de información que se hacen a los entes sujetos de la Ley de Transparencia.

La iniciativa del PRI no sólo se limita a cumplir de manera muy apretada con la reforma al artículo 6° constitucional, sino que incluye “candados” que constituyen un retroceso, una contrareforma.

Para muestra un botón.

En la reforma al artículo 6° constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se estableció que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Sin embargo, en la iniciativa priísta la posibilidad del uso de sistemas remotos queda cancelada, pues en Puebla el recurso de revisión, ante una negativa de información, tiene que ser ratificado personalmente por el promovente, lo que viola el espíritu de la reforma constitucional.

Y ya ni hablar de la acotada figura de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que sigue como un órgano auxiliar del Ejecutivo, y sin facultades para sancionar a los sujetos obligados que se nieguen, con razón o sin razón, a entregar la información pública, y subrayo lo pública, que se les requiera.

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Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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