Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

***

A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

***

En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Trabajadores de base del ayuntamiento de Puebla que hace un mes demandaron la celebración de una asamblea para que el actual Comité Ejecutivo del Sindicato Benito Juárez informara sobre sus ingresos y la aplicación de las cuotas sindicales, hoy comenzaron a ser presionados para que presenten su «renuncia voluntaria».

Entre ellos María Tanya Rodríguez Méndez, con número de control 303149, quien el pasado 4 de junio presentó un oficio al secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabadores del H. Ayuntamiento de Puebla, Instituciones Paramunicipales y Organismos Descentralizados «Licenciado Benito Juárez García», Daniel Ortiz Acevedo, solicitándole una asamblea en la que rindiera cuentas de la administración del patrimonio sindical.

Su petición está fundamentada en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 99 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

El primer artículo establece que las directivas sindicales están obligadas a rendir cada seis meses cuentas completas y detalladas de la administración del patrimonio sindical, y el segundo que el Sindicato debe informar cada tres meses a sus agremiados el estado que guardan las finanzas y la aplicación de los recursos de los trabajadores.

Pero si los anteriores artículos no fueran suficientes para que la dirigencia del Sindicato Benito Juárez encabezada por Daniel Ortiz rindiera cuentas, hay que decir que el artículo 104 de la Ley Burocrática del estado estipula que en caso de incumplimiento de los artículos 99 y 100 de la legislación en cuestión, «el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla podrá determinar la cancelación del registro de la Directiva o Comité Ejecutivo o del registro y reconocimiento del Sindicato, según corresponda».

En este contexto resulta contradictorio que los empleados del Ayuntamiento que exigen cuentas a su líder sindical, estén siendo presionados a renunciar y más cuando la actual dirigencia logró encumbrarse y deponer al anterior secretario general del Sindicato, Israel Pacheco Velázquez, acusándolo de corrupción y enriquecimiento inexplicable con las cuotas de los trabajadores.

Y más que estas presiones y despidos estén siendo respaldados por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, que se encarga de convocar a los trabajadores identificados como críticos u opositores del actual Comité Ejecutivo para decirles que dejan de exigir cuentas a sus representantes sindicales o presentan su renuncia.

En la lista negra elaborada por la actual dirigencia sindical aparecen además de María Tanya Rodríguez, Ivonne Tello, Manuel Abraham, Guadalupe Herrera, Verónica Lavalle, Nayeli Sarmiento, Beatriz Rhodas, Cristay Aparicio y Carolina Munguía, ente otros.

Su pecado: exigir cuentas a un Comité Sindical que se encumbró con la demanda de la transparencia y la rendición de cuentas al destituido Israel Pacheco, que fueron delegados o tuvieron alguna cercanía con aquel o que hoy mantienen una posición crítica hacia los tres principales integrantes del sindicato Benito Juárez: el secretario general, Daniel Ortiz; el secretario de Trabajo y Conflictos, Humberto Sánchez Bustos; y el secretario de Finanzas, Orlando López Reyes.

Este último, por cierto, fue quien demandó a Israel Pacheco por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.

¿Cuántos trabajadores serán despedidos?

La cifra exacta sólo la tienen las autoridades, pero se dice que serán alrededor de 200 y que los primeros 50 saldrán esta quincena.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

El PRI al rescate del Sindicato Benito Juárez e Israel Pacheco

Coloquio de reformas estructurales en la Ibero Puebla

Aunque el diputado federal Enrique Doger Guerrero ha pretendido deslindarse de Israel Pacheco Velázquez, depuesto líder del Sindicato Benito Juárez del ayuntamiento de Puebla, su desgracia podría alcanzarlo y dejarlo fuera de la contienda por la gubernatura de la entidad.

Israel Pacheco no estaría en la cárcel, ni tendría los problemas que hoy tiene, a pesar de todos sus excesos y abusos, si en los pasados comicios locales, no hubiera traicionado al gobernador Rafael Moreno Valle cuando éste le pidió que abandonara al priísta Enrique Agüera Ibáñez para sumarse a la campaña de José Antonio Gali Fayad en la contienda por la presidencia municipal de la capital del estado.

El encuentro entre el derrocado secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del ayuntamiento de Puebla, y el gobernador Moreno Valle en junio de 2013 se dio a instancias del expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, como hace unos días lo reveló el periodista Alejandro Mondragón.

Cuando Israel Pacheco le hizo saber a Enrique Agüera su intención de abandonarlo, tras la reunión que tuvo con el mandatario estatal y de cómo llegó a verlo, el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla solicitó una entrevista urgente con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el colimense Fernando Moreno Peña.

Al tanto de la situación, el delegado priísta citó en sus oficinas a Israel Pacheco, lo videograbó, y le sacó toda la sopa acerca de su encuentro con el mandatario estatal, y del intermediario que operó esa singular reunión.

Al final, Moreno Peña y Agüera Ibáñez convencieron al secretario general del sindicato Benito Juárez de mantenerse en el equipo y de seguir apoyando la planilla de regidores y síndico de la Coalición 5 de Mayo, con la garantía de que nada le pasaría, pues ni el CEN del PRI, ni el gobierno federal lo dejarían solo.

Hoy que Israel Pacheco está en la cárcel, acusado del delito de extorsión, y que la administración morenovallista, aliada con el ayuntamiento de José Antonio Gali, pretenden despojar al Sindicato Benito Juárez de la titularidad del contrato colectivo, para dárselo a un sindicato blanco encabezado por Orlando López Reyes, el CEN del PRI ha comenzado a operar.

¿Cómo?

Política y legalmente para que el Sindicato tenga una nueva dirigencia; para que éste logre conservar no sólo su reconocimiento como organización sindical, sino la titularidad del contrato con el ayuntamiento de Puebla y el Organismo Operador del Servicio de Limpia; y para que la marcha que preparan al Distrito Federal el 1 de Mayo, para exigir la liberación de su depuesto líder Israel Pacheco y protestar contra el gobierno de Moreno Valle, sea todo un éxito.

Entre las armas políticas que el PRI podría utilizar para conseguir que el Sindicato Benito Juárez siga siendo el titular del contrato colectivo del ayuntamiento de Puebla está la grabación en la que Israel Pacheco cuenta su encuentro con el gobernador Rafael Moreno Valle y como éste lo conminó a respaldar la candidatura de José Antonio Gali a la presidencia municipal de Puebla.

Video que de hacerse público dejaría mal parado no sólo al mandatario estatal, sino al intermediario de esa reunión: el diputado federal del PRI, Enrique Doger Guerrero.

EN CORTO

Este lunes se llevará a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla el III Coloquio de Ciencias Políticas y Administración Pública que tiene como propósito analizar el impacto de las reformas estructurales en el sistema político mexicano.

En una primera mesa, que comenzará a las 9:30 horas, participarán para analizar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y los proyectos de legislación secundaria el periodista y escritor Jenaro Villamil, la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Aleida Calleja, y Lilia Vélez Iglesias, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación de la Ibero Puebla.

La segunda mesa tendrá como tema central la reforma política y electoral. Iniciará a las 11 horas y en ella serán ponentes Fernando Dworak Camargo, coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Santa Fe, y el que esto escribe.

Como parte del coloquio el ex director de la escuela de Ciencias Políticas de la Ibero Santa Fe y la Ibero Puebla, Juan Luis Hernández Avendaño, dictará una conferencia sobre el impacto de las llamadas reformas estructurales en la democratización del país, a partir de las 13 horas.

Las conferencias se efectuarán en el Salón 201 de la Ibero, y la entrada a las mismas es totalmente gratuita.

El coloquio es organizado por la licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la Ibero Puebla, cuyo coordinador es José Antonio Bretón Betanzos, y el Consejo Estudiantil de esta carrera, cuyo presidente es Miguel Íñigo.

***

Las sospechas de que el presidente saliente de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, Damián Momox, está detrás del robo de paquetería electoral en esa demarcación del municipio de San Pedro Cholula, son cada vez evidentes, lo mismo que los motivos que lo llevaron a ello, en complicidad con la expresidenta municipal Dolores Parra Jiménez, y su esposo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Marco Antonio Tecpanecatl Romero.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, las posibilidades de que los Momox perdieran las elecciones en esta demarcación eran muy amplias por la decisión del ayuntamiento de San Pedro Cholula de instalar un nuevo centro de votación, aparte del que siempre se establece a un costado de la presidencia auxiliar.

Damián Momox, cuya familia ha tenido el control político de Santiago Momoxpan desde hace cuatro administraciones municipales, pretendía heredar el cargo al panista Rafael Huixtlaca, en oposición al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y su partido Movimiento Ciudadano, quienes apoyaban al expriísta Otilio Zempoaltecatl.

Finalmente el plebiscito no pudo llevarse a cabo por la decisión de la Comisión Organizadora de suspender las votaciones, tras el robo de la paquetería electoral de la casilla 1840 y el riesgo de enfrentamientos, postura que avalaron dos de las cuatro planillas que se registraron para contender por la presidencia de esta junta auxiliar.

Damián Momox, por cierto, podría ser llamado a cuentas por el ayuntamiento de José Juan Espinosa, ante las denuncias de que otorgó licencias y permisos en el territorio de Santiago Momoxpan sin ingresar estos cobros a la tesorería municipal.

***

Sin que exista aun confirmación oficial, es muy probable que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabece en la capital poblana los festejos por el 152 aniversario de la batalla del 5 de Mayo cuando las armas nacionales al mando del General Ignacio Zaragoza se cubrieron de gloria al derrotar a las tropas francesas.

Por lo pronto, se sabe que el gobernador Rafael Moreno Valle estuvo el pasado viernes en Los Pinos, donde pudo reunirse con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuno Mayer, para hacerle la invitación formal al primer mandatario del país.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy