*Por Fernando Pérez Corona

Tras la derrota electoral del PRI el pasado 4 de julio, más de un servidor público o funcionario estatal empezó a dibujar su futuro a partir del próximo 1 de febrero. A la fecha, los planes van desde transformarse en dueños de tiendas de gansito o choferes de taxi hasta tirarse al sol en una playa del Mediterráneo, rascarse la barriga y disfrutar de los millones de pesos obtenidos con cada una de las gotas de sudor generadas por el arduo trabajo desempeñado en la administración estatal.

A la par, también hubo algunos que empezaron a fraguar un plan para proteger su trabajo. De forma subrepticia, los empleados de honorarios comenzaron a organizarse para conformar un sindicato. Sí, leyó usted bien: un sindicato, para defender sus derechos, para acabar con las cartas de renuncia de fin de sexenio, para evitar los contratos por tiempo limitado, para tener, al menos, garantizada la indemnización, en caso de ser víctimas del gracias, ya no necesitamos sus servicios.

La revuelta empezó a planearse en el Soapap, donde dicen que su director general, Eduardo Macip Zúñiga, es el último en enterarse de lo que pasa entre sus trabajadores, toda vez que está bien concentrado en lo suyo $$$$.

Misael Huerta Castillo, gerente comercial, repicaría las campanas para convocar al personal de confianza, enarbolaría la bandera de la defensa de los derechos laborales, los conduciría en la batalla para obtener la toma de nota y trataría de entrar con su ejército a la capital del estado de Puebla a la par del nuevo sexenio, que encabezará Rafael Moreno Valle Rosas.

Pero, el complot fue descubierto. Nadie advirtió las filtraciones y los espías. Los revolucionarios fueron parados en seco. Tomás Hernández, director de Operación Hidráulica, puso el ultimátum. Advirtió despidos. Todos y cada uno de los conspiradores serían ejecutados de la nómina. Y el plan se vino abajo.

Tomás Hernández Leal salió orondo. Echó a volar su imaginación. Se vio en la Dirección General. No es para menos. Según él, apoyó con todo al candidato. Ya merece que le haga justicia la revolución, después de tantos tumbos en el servicio público, después de arriesgarse tanto en campaña, de tantas pipas y material para la construcción usados por debajo de la mesa.

De la SFA al ristorante

Otro que también ya busca donde invertir sus ahorritos es el coordinador de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, Mario Montenegro. En breve, abrirá un restaurante de comida italiana en la zona más cara de la avenida Juárez, cerca de la fuente de los Frailes.

El funcionario estatal rentará más de 300 metros cuadrados casi frente al banco HSBC, donde la renta mensual supera los 50 mil pesos, y hará una inversión millonaria para acondicionar el inmueble y dejarlo sensazionale.

El ristorante (para seguir ad hoc con el perfil de la cusina), según me cuentan, estará a nombre de la hija del funcionario: Mónica Montenegro de Niz, quien actualmente es directora de Proyectos y Profesionalización en la Sedecap.

Por cierto, aclaro: es pura coincidencia que los Montenegro hayan encontrado trabajo en el gobierno estatal, nada que ver con el tráfico de influencias, porque después puede prestarse a malas interpretaciones. Ajá.

Pero, de regreso al tema: Papá e hija Montenegro tienen míseros salarios de entre 37 y 54 mil pesos (sin tomar en cuenta compensaciones) en el gobierno estatal. ¿Estos sueldos dan para un negocio de este tamaño? ¿Se habrán apretado el cinturón para cubrir el gasto de la obra, rentar el local, adquirir muebles e insumos, y contratar personal? Lo bueno es que están bien parados en Sedecap.

Las dos historias dejan claro que con el nuevo gobierno, la burocracia priísta acostumbrada a ligar chamba sexenio tras sexenio, debe pensar en hacer otra cosa. Los empleados de confianza ya no serán de la confianza de la nueva administración y tendrán que dedicarse a otra cosa. !A qué tiempos aquéllos¡ -dirán a partir del 1 de febrero, mientras exhalan un suspiro que resuma la añoranza de la esplendidez del erario, que cubre el gasto de teléfonos celulares, comidas en restaurantes de múltiples tenedores, viajes al extranjero, automóviles de lujo y más, mucho más-. A partir del 1 de febrero, a vivir fuera del presupuesto.

El precio de una camioneta Hummer H3, como la que Elba Esther Gordillo, iba a regalar a los dirigentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fluctúa entre 450 mil y 750 mil pesos, dependiendo del equipamiento de cada unidad.

En total, la poderosa presidenta del SNTE compró —con las cuotas sindicales del magisterio, dinero que sale de nuestros impuestos— 59 Hummers. Si calculamos un costo promedio de 500 mil pesos por unidad, la compra en conjunto de las 59 camionetas ascendió a 29 millones 500 mil pesos.
Es decir a 2,950 Atos o — valga otro comparativo— a la inversión que este año hará el ayuntamiento de Puebla en dos programas, con financiamiento estatal y federal: Espacios Públicos y Hábitat.

Con los fondos de Espacios Públicos la gestión de Blanca Alcalá Ruiz se propone remodelar el Parque de El Carmen, rescatar un jagüey de Villas Atl, mejorar la imagen de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en el área donde se localizará la Fuente del Bicentario de la Independencia, y rescatar un parque en la unidad habitacional de La Margarita.

Y con los recursos del programa Hábitat, adquirir e instalar nueva señalética del Parque de El Carmen al Zócalo sobre la Avenida 16 de Septiembre; mejorar algunas banquetas y fachadas de edificios monumentales del Centro Histórico, y apoyar a dos centros de desarrollo comunitario, uno ubicado en las colonias marginadas del sur de la ciudad, y otro en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

El costo de las Hummers representa poco más de dos terceras partes de los 40 millones de pesos del  programa Manos a la Obra, por medio del cual el ayuntamiento de Puebla pretende dar empleo a 700 jefes de familia en los próximos cuatro meses.

Las 59 Hummers también equivalen a 100 salones de clase, considerando un costo promedio de 300 mil pesos. En el catálogo de precios del Capcee, el costo de un aula escolar fluctúa entre 200 mil y 375 mil pesos.

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A propósito de las Hummers.

¿Sabía que en Puebla usted puede adquirir una Hummers H2, es decir, con batea, y pagar de tenencia anual sólo 1,500 pesos?

Y es que en la Puebla de Zaragoza toda unidad automotriz con batea está catalogada como vehículo de trabajo y, por tanto, sujeta a esa cuota mínina, sin importar marca o modelo.

La tenencia, en cambio, de una Hummer H3, como las del frustrado regalo de la maestra Gordillo a sus dirigentes seccionales, asciende a 90 mil pesos anuales, es decir, al costo de un Atos.

Qué ironía, ¿no?

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Y ya metidos en odiosas comparaciones ¿sabe usted a cuánto equivalen los 8,900 millones de dólares que en tres o cuatro días perdió el Banco de México por el ataque especulativo contra el peso?

¡Agárrese: a 89 mil millones de pesos, considerando una paridad de 10 pesos por dólar!

Con dicha cantidad, difícil de imaginar, se podrían adquirir 178 mil Hummers H3, que representan mucho más de la producción anual de esta compañía que, por cierto, saldrá del mercado en el 2009 debido al alto costo de sus unidades, a su excesivo consumo en gasolina, a lo elevado de sus refacciones y servicios de mantenimiento.

¿Acaso por eso la maestra Gordillo las habrá adquirido a precios de ganga?

Con la baja de 8,900 millones de dólares de nuestras menguadas reservas internacionales, 900 mil mexicanos pudimos haber comprado un Atos, es decir, casi la totalidad de quienes en la capital poblana contamos con credencial de elector actualizada.
Pero qué tanto es tantito.

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Una Hummer H3 tiene un tanque de 70 litros, lo que significa que cada vez que se vacie hay que meterle 525 pesos en promedio, considerando un precio 7.50 pesos por litro de gasolina Magna.

Si la Hummer se usa regularmente, su tanque habrá que llenarlo cuatro veces al mes, lo que da un total de 2,100 pesos.

En México el costo de la gasolina está subsidiado. El costo de un litro de gasolina es Estados Unidos es de 12 pesos, lo que significa que el poseedor de una Hummer recibe 1,260 pesos de subsidio al mes.

Cifra que equivale al doble del subsidio mensual que una familia en pobreza extrema de la capital del estado recibe del Programa Oportunidades.

¿Quién pues se beneficia más con los subsidios del gobierno calderonista, el rico que puede andar con su Hummer H3 o H2, o el pobre cuyos ingresos ascienden a menos de un salario mínimo?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi Torres, pronto dejará el cargo.

Los motivos de su separación no fueron precisados, aunque podría estar relacionados con el proceso que se le sigue al presidente con licencia de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Carlos Olamendi y Rubén Gil fueron socios en la empresa comercializadora Auténtico 5 de Mayo, dedicada a la venta de artículos y productos hechos por los migrantes poblanos en Estados Unidos.

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Sandra González de Ita, directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular, presentó ya su renuncia a la Secretaría de Salud del estado, por diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia, Antonio Marín López.

González de Ita llegó a la Secretaría de Salud como recomendada del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, lo que de poco o nada le sirvió cuando Antonio Marín decidió prescindir de sus servicios.

Otro que también está por salir de la dependencia es Javier Chávez Román, quien logró mantenerse al frente de la Secretaría Particular tras el relevo de Roberto Morales Flores por Antonio Marín.

En su lugar será nombrado Édgar Machorro.

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Este miércoles el ex director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, estuvo en Puebla. Por la tarde se reunió con el gobernador Mario Marín Torres e impartió una conferencia en la fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta que preside Óscar Aguilar González, y por la noche se fue a cenar al restaurante Alfredo Di Roma del hotel Intercontinental Presidente con el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y su hijo Eduardo García Casas, quien preside el sindicato patronal de hombres de negocios en Puebla.

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