* Los hoy críticos del hoyo financiero fueron quienes lo taparon

* Carlos Loranca Muñoz, amplio poder de convocatoria

Ahora que los priístas por conducto del expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, revivieron el tema del hoyo financiero en la gestión de Melquiades Morales Flores, atribuyéndoselo al entonces secretario de Finanzas y Desarrollo Social del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, bien vale la pena explicar cómo se originó este déficit financiero, pero también explicar cómo se tapó, y quiénes lo encubrieron.

El llamado hoyo financiero es un asunto espinoso que no sólo exhibe a Moreno Valle y al exgobernador Melquiades Morales como malos administradores sino a distinguidos miembros del PRI que desde el Congreso del estado y la Secretaría de Finanzas lo encubrieron y convirtieron en deuda pública.

Para desglosar el tema es necesario explicar primero qué es el hoyo financiero y cómo se originó.

El hoyo financiero puede resumirse como el resultado deficitario en el manejo de los ingresos y egresos del gobierno del estado y el ocultamiento de pasivos no registrados entre los años de 1999 y 2002, cuando la Secretaría de Finanzas estuvo a cargo del hoy candidato de la coalición opositora a la gubernatura, Rafael Moreno Valle.

Según la cuenta pública correspondiente al primer año de gestión del sexenio melquiadista, el gobierno del estado gastó más de lo captó en ese ejercicio fiscal.

En 1999 la administración estatal obtuvo ingresos por un total de 14 mil 207 millones, pero sus gastos ascendieron a 14 mil 490 millones de pesos, lo que arroja un primer déficit por 282.6 millones de pesos.

En la cuenta pública del 2002, que corresponde al último año de Moreno Valle al frente de la Secretaría de Finanzas, la diferencia entre lo que ingresó y se gastó el gobierno melquiadista volvió a ser deficitaria en 98 millones de pesos.

Sin embargo las cuentas por cobrar y por pagar de la administración estatal se dispararon.

De acuerdo con las notas del auditor externo, el gobierno melquiadista cerró el año 2002 con 410 millones de pesos en cuentas por cobrar y con 1,291 millones de pesos en cuentas por pagar a diversos municipios, y proveedores de bienes y servicios.

Este es el hoyo financiero: un déficit en las finanzas estatales por 1,500 millones de pesos.

Las causas de su origen son diversas, aunque los críticos de Moreno Valle, entre ellos su otrora aliado Enrique Doger Guerrero, las han simplificado en los siguientes puntos:

° Más burocracia, y mejores sueldos para funcionarios, lo que ocasionó que el capítulo de Servicios Personales pasara de 596 millones a 1,488 millones de pesos, de 1999 a finales de 2002.

° Aumentos constantes en las partidas de Asesorías, Estudios de Investigación y Gastos de Promoción e Imagen, en ese mismo periodo. La partida de Asesorías se elevó de 15 millones a 53 millones; la de Estudios de Investigación de 3 millones a 50 millones, y la de Promoción e Imagen de 14.5 millones a 54 millones de pesos.

° La discrecionalidad con que se manejaron y crearon algunas partidas secretas, como la denominada Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro, para la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Pero si las causas que provocaron el hoyo financiero son censurables, también lo son los personajes que al año siguiente, en lugar de sancionar al o los responsables de este déficit, lo encubrieron.

Me refiero a los diputados de la LV Legislatura, que son quienes aprobaron la cuenta pública del 2002 y del 2003 en la cual los pasivos no registrados por Moreno Valle se convirtieron en deuda pública mediante la contratación de un crédito por 1,500 millones de pesos.

Entre los diputados de la LV Legislatura que avalaron con su voto las cuentas públicas de los tres últimos años de Melquiades Morales y el hoyo financiero de Moreno Valle destacan los siguientes: Javier López Zavala, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, Alejandro Armenta Mier, José Luis Márquez Martínez, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, René Lechuga Fosado y Mario Montero Serrano. 

Como se verá, priístas que no sólo están en activo, sino que son pieza clave en la campaña de la Alianza Puebla Avanza.

¿Con qué autoridad moral estos exdiputados pueden cuestionar hoy a Moreno Valle y el hoyo financiero, si ellos en su momento actuaron como cómplices de éste y Melquiades Morales para encubrirlo?

¿Por qué cuando eran diputados y tenían la obligación de cuidar el patrimonio y la hacienda pública estatal no denunciaron los excesos y el dispendio de Moreno Valle que hoy tanto critican?

¿Acaso porque entonces era priísta y un serio prospecto para suceder a Melquiades Morales en Casa Puebla?

¿Por qué en lugar de sancionarlo y fincarle responsabilidades se hicieron de la vista gorda, y hasta consintieron que estos pasivos fueran pagados en 2003 y 2004 con un crédito por 1,500 millones de pesos y los ingresos producto de la bursatilización de la Vía Atlixcáyotl?

¿No sería que antes les convino actuar como tapaderas, y ahora que están en campaña quieren usar el tema para desacreditar a su otrora aliado sin medir las consecuencias de su incongruencia?

Seriedad señores. Seriedad.

EN CORTO

Este fin de semana recibí una llamada de Pablo Rodríguez Regordosa, vocero del candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, para hacerme saber que él nada tuvo que ver con la intervención de José Antonio Escalera Espinosa en la reunión que los directivos y socios del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla tuvieron la mañana del martes pasado con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala.

El diputado federal panista me aclaró que su encuentro con José Antonio Escalera, la noche del lunes en un Italian Coffee de la 31 Poniente, obedeció a un asunto estrictamente profesional, pues al expresidente de la Cámara de la Construcción le contrató la edificación de su nueva casa.

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Un amplio poder de convocatoria fue el que este sábado mostró el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz para festejar su cumpleaños con una comida en su casa del municipio de Acajete, hasta la que llegaron magistrados y jueces estatales, abogados, funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios, directores de medios de comunicación y amigos del exitoso abogado penalista.

Carlos Loranca, quien actualmente se desempeña como presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, tuvo como principales invitados al gobernador Mario Marín Torres y a su esposa Margarita García.

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El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, suspendió de último momento su asistencia al mitin que este domingo tenían programado los candidatos de la coalición opositora Compromiso por Puebla en el Paseo Bravo.

Los enterados aseguran que Marcelo fue invitado por la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, para apuntalar la campaña del candidato del PRD a la gubernatura de esa entidad, en la que se han prendido focos amarillos ante la posibilidad de una sonada derrota electoral.

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Uno de los soportes del candidato a diputado local de la coalición opositora por el distrito Huauchinango, Jorge de la Fuente, y que contribuyó a que Marcelo Ebrard se trasladara hasta ese municipio de la sierra norte para apoyarlo, es el subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

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Este martes estará en Puebla para sumarse a los candidatos de la coalición opositora la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

Comenzará su gira proselitista con un desayuno en su casa de la avenida Reforma 511 de esta ciudad, teniendo como invitados a algunos directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo.»

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.